El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) avanza en instalar sus oficinas en Buenos Aires para desplegar un equipo de expertos y personal administrativo destinados a monitorear el cumplimiento de las metas económicas y fiscales acordadas con la Argentina. Si no surgen trabas inesperadas, el FMI abrirá sus puertas en agosto para recibir a la primera delegación de técnicos que llegará desde Washington para comprobar si se están cumpliendo las medidas de ajuste fijadas en el Memo de Entendimiento.

El trabajo de la oficina en Buenos Aires es fácil de explicar: redactará documentos secretos que describirán la situación económica de la Argentina y analizarán el panorama político que protagonizan Mauricio Macri y la oposición. Christine Lagarde, directora ejecutiva del FMI, busca saber en tiempo real si Macri está cumpliendo las metas acordadas y si el peronismo tiene posibilidades de regresar a la Casa Rosada.

Hasta ahora, la directora Lagarde, el board del Fondo y sus expertos solo accedían a la información pública y reservada que se aportaba desde la administración de Macri. Con la apertura de las oficinas en Buenos Aires, el futuro representante del FMI podrá consultar además a la oposición y a los expertos privados que analizan y reportan la situación de la economía. La suma de la información oficial y los dossiers privados permitirán al FMI tener una visión más detallada de la compleja realidad nacional. De todas maneras, es una práctica habitual que el Fondo abra estas oficinas, como sucede en Brasil e India, por ejemplo.

En este contexto, la pretensión de Lagarde es abrir las oficinas durante agosto para tener información actual y cruda de las negociaciones que emprenderá Macri con la oposición para lograr un acuerdo de ajuste fiscal que satisfaga al Fondo y a la clase política de la Argentina. Se trata de un acuerdo institucional muy difícil y azaroso, y Lagarde no quiere depender únicamente de la información que reciba de Nicolás Dujovne, su contacto más cercano en el gabinete nacional. Si la apertura no se logra en ese mes, igual está previsto que una delegación del FMI aterrice en septiembre para la primera revisión del acuerdo que implica un crédito de USD 50 000 millones.

Pese a la voluntad política que exhibe Macri para empujar el cumplimiento de las metas, Lagarde y su staff técnico-político ya asumieron que la oposición peronista es un obstáculo muy difícil de esquivar. El Gobierno ya inició una negociación formal con gobernadores justicialistas, pero los tiempos corren y no se considera posible un acuerdo institucional a corto plazo. El presupuesto nacional 2019 debe ingresar a la Cámara de Diputados antes del 16 de septiembre y todavía no hay un solo acuerdo específico entre Cambiemos y las distintas variables peronistas.

La oficina del FMI en Buenos Aires no solo implicará que Lagarde y su staff tengan información clave sin intermediarios. También servirá para que la oposición pueda acceder a los directores del Fondo y conocer los detalles de un acuerdo político y económico que marcará la próxima campaña presidencial. Aunque el Memo de Entendimiento es público, la oposición peronista explica hipótesis económicas y financieras que no están contempladas en su redacción final. Por eso, Lagarde considera que la apertura de las oficinas en la Argentina puede contribuir a despejar dudas y a diseñar una hoja de ruta que permita cumplir las metas con una acotada crítica política.

Si fuera así, la directora gerente del FMI debería apurarse. La oposición se resiste a recortar $ 300 000 millones en gasto público y ya busca sus candidatos presidenciales para enfrentar a Macri, que dio su palabra a Lagarde y no piensa traicionarla.