El fiscal federal Carlos Stornelli fue procesado este miércoles por el juez Alejo Ramos Padilla por el delito de asociación ilícita, en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje y extorsión que habrían afectado a unas 60 personas, informaron fuentes judiciales.

Ramos Padilla, juez federal de Dolores, tramita el expediente que se inició por una denuncia de un empresario que dijo que quisieron sacarle dinero para evitar que quede implicado en la "causa de los cuadernos" de los supuestos sobornos por la obra pública, en la cual Stornelli intervino como acusador.

En su resolución, el magistrado aclaró que no dicta la prisión preventiva a Stornelli porque posee inmunidad en función de su condición de funcionario judicial. Sin embargo, Ramos Padilla reconoció que la libertad del fiscal conlleva "riesgos procesales", dado que estuvo siete meses "en rebeldía", sin presentarse a declarar en la causa, a pesar de que fue llamado en seis oportunidades.

"Próximo a que se resolviera su situación en el marco de los procesos disciplinarios que se le iniciaron en la Procuración General de la Nación, se puso a derecho en estas actuaciones y finalmente prestó declaración indagatoria el 29 de noviembre pasado, meses después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmara su rebeldía", aclaró el magistrado.

El juez describió que, de acuerdo con las pruebas recabadas, habría habido "más de 30 operaciones ilegales de inteligencia y más de 60 personas sobre las que se formularon distinta clase de operaciones o investigaciones ilegales".

La causa se inició a mediados de febrero pasado, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que el detenido Marcelo D'Alessio -de quien más tarde se supo que era un falso abogado y se presentaba como agente de la DEA- le pidió dinero a cambio de no ser involucrado en la "causa de los cuadernos" que instruía Stornelli.

La reunión entre Etchebest y D'Alessio se produjo en Pinamar y la denuncia se radicó en el juzgado federal de Dolores, con jurisdicción sobre esa ciudad. Poco después Ramos Padilla ordenó la detención del falso abogado, quien el reciente 9 de diciembre declaró como "arrepentido" en el expediente.

"A partir de la prueba recolectada y fundamentalmente a partir de los registros hallados en el domicilio de Marcelo D'Alessio, se pudo desentrañar el funcionamiento de una organización criminal clandestina, compuesta por numerosas personas, que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales", sostuvo el juez en su fallo.

Para Ramos Padilla, "esa organización actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros".

Además, aseguró que los integrantes de esta presunta asociación ilícita "para concretar sus fines delictivos" tuvieron "a su disposición relaciones estratégicas, entre otros, con un importante miembro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, como el aquí imputado Carlos Stornelli".

Ramos Padilla afirmó además que "a lo largo de más diez meses de pesquisa, se ha vinculado al proceso a más de una decena de personas, entre los que se encuentran ex agentes de inteligencia, ex comisarios, un fiscal provincial, un periodista (Daniel Santoro del diario Clarín)" y otros imputados que participaron de diversa manera en los distintos hechos ilícitos que llevaba adelante la organización".

"Las pruebas recogidas durante este sumario, y en particular aquellas halladas en los teléfonos y computadoras de Marcelo D'Alessio, indicaron que estábamos frente a más de 30 operaciones ilegales de inteligencia y a más de 60 personas sobre las que se formularon distinta clase de operaciones o investigaciones ilegales", remarcó el escrito.

En el fallo se afirmó que las operaciones detalladas en la causa "estuvieron vinculadas a la actividad del Poder Judicial o de los ministerios públicos fiscales".

Y recordó que a la fecha "son dos los fiscales que han sido convocados a prestar declaración indagatoria". Uno de ellos Stornelli, y el otro, el fiscal provincial de Mercedes Juan Ignacio Bidone, suspendido por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires cuando se inició la investigación.

En ese sentido, Ramos Padilla describió un mecanismo conocido como "bandeja de plata", término que se utiliza para describir "casos en los que la información que se genera o se reserva de manera ilegal por parte de agentes orgánicos o inorgánicos de inteligencia es traída al plano institucional mediante la complicidad de funcionarios".

En uno de los párrafos de su extenso fallo, el juez afirmó que "la utilización paralela de estos 'servicios' para el 'éxito' en causas judiciales y las relaciones estrechas y de mutua colaboración puede generar una afectación muy grave al Estado de Derecho".

En ese sentido, se remitió a una resolución de su autoría, publicada el pasado 25 de febrero, en la cual fundamenta que "es posible que a través de las operaciones de los 'servicios' se compruebe un delito, pero también puede comprobarse un relato falso".

"No es posible aceptar y tolerar los métodos que expone D'Alessio para conocer la denominada 'ruta del dinero K'. No es posible permitir en un Estado de Derecho que se 'ponga en emergencia' a un testigo, a un denunciante o al abogado defensor de un imputado, haciéndole saber que de lo contrario va ser involucrado en una causa, realizando cámaras ocultas u operaciones de 'ablande'", subrayó el magistrado.