El fiscal de Estado de la provincia, Fernando Simón, participó de una reunión del Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado de la Argentina que se realizó en Buenos Aires para discutir sobre la devolución del 15 % de coparticipación que prometió el presidente Mauricio Macri en un plazo de cinco años. En esta oportunidad, Simón ratificó la necesidad de analizar los escenarios posibles de reclamo sin descartar las opciones de negociación con la Nación. También defendió los derechos de la provincia mediante el reclamo por vía judicial (es decir, una demanda) del 15 % de la masa coparticipable que actualmente se destina a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

El fiscal explicó que por lo menos ocho provincias ya han usado el recurso de la demanda judicial al Estado nacional para reclamar el cese del descuento de esos fondos. Otras dos, según Simón, lo harán en los próximos días, mientras que el resto analiza la posibilidad de intentar alcanzar un acuerdo político con la Nación.

El DNU 406/2016 reza que se devolverá en un plazo de cinco años (2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) el 15 % de la masa coparticipable que la administración central le retiene a las provincias para financiar la Anses. Además, en el mismo decreto se especifica la creación del Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo. 

Antecedentes

El 25 de noviembre del año pasado, Simón envió cartas documento al Ministerio de Economía de la Nación, AFIP y Banco Nación, en donde pide que se abstengan de continuar reteniendo los fondos de coparticipación correspondientes a la Provincia, tanto en relación con el 15 % destinado a ANSES como con el monto retenido por AFIP. El 30 de Diciembre se presentó ante Mauricio Macri un reclamo administrativo, que permitiría postergar el reclamo durante seis meses más.

A través de tres fallos dados a conocer en noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la deducción del 15 % de la masa coparticipable de impuestos destinada a la ANSES. A través de la resolución, impuso al Gobierno Nacional un plazo de 120 días para restituir el dinero a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, promotoras de la demanda al Estado nacional.