Poco espacio para la seguridad y la protección de datos quedan hoy dentro del universo que supone Internet. Y la información, el botín que todos desean alcanzar en el mundo virtual, se presenta cada vez más amenazada por manos anónimas que actúan desde la oscuridad o por los mismos Estados que la entregan en bandeja de plata.

Las empresas proveedoras de Internet ahora podrán vender el historial de búsqueda de sus clientes a partir de la derogación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo de la normativa elaborada durante la era Obama y en la que se prohibía la comercialización de la información que queda almacenada en los servidores cada vez que un usuario navega en la web.

La rúbrica de Trump habilita a las empresas proveedoras de Internet (ISP) a vender estos datos sin el consentimiento de las personas afectadas. Esta desregulación se contrapone con lo que ocurría antes de disolución de la normativa de Obama, cuando las compañías debían pedir autorización a los internautas para compartir su historial de navegación.

Sin embargo, ahora dichas empresas no sólo comercializarán los intereses de los usuarios, sino también venderán la geolocalización, los datos de salud y situación financiera de los mismos. A partir de la nueva legislación, todo el cúmulo de huellas que las personas dejen en la red será objeto de transacciones con terceros interesados (otras empresas, instituciones, etcétera), con lo cual se perderá el control absoluto de los datos personales y su destino final.

Según cita el portal Infobae, diferentes asociaciones de defensa de los derechos civiles sentenciaron que con la anulación de la norma del expresidente Obama, quedará habilitada la difusión incontrolada de datos de búsqueda a partir de los que se puede saber la creencia religiosa, pertenencia política, orientación sexual, estado de salud o informaciones geográficas de ubicación de los usuarios.

Cabe destacar que la derogación fue firmada por Trump pero su origen se encuentra en el Senado y la Cámara de Representantes, ambos controlados por el Partido Republicano. Desde dichas cámaras se anuló la regulación de la Federal Communications Commission (FCC), que nunca llegó a instrumentarse.