El 24 de marzo, como todos los 24 de marzo, se realizó la Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Con las Madres al frente y acompañadas por los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos e independientes, recorrieron las calles de Mendoza bajo una densa lluvia. Como en otros 24 de marzo, la marcha finalizó en la explanada del Palacio Policial, edificio que alberga las instalaciones del D2, el centro clandestino de detención (CCD) más importante de la provincia.

La masa de gente se agolpaba para tratar de mantener un poco el calor, ese calor que viene de 39 años de lucha incansable, que hizo que la ropa mojada no se sintiera y que el frío no espantara a nadie. Los paraguas, los pocos paraguas de un pueblo que no está acostumbrado a las torrenciales lluvias, se compartían para evitar lo inevitable. Le hacían cantitos a la lluvia. La invitaron a que fuera parte.

Allí, con la voz de Eugenio París, se escuchó el documento escrito por los organismos de derechos humanos. Allí se oyeron reclamos por la entrega del D2, postergado desde hace meses a pesar del compromiso que adquirió el gobernador Francisco Pérez el 24 de marzo del año pasado, y por la falta de presupuesto para la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que siguió funcionando gracias a la voluntad de sus integrantes.

En el escrito también resaltaron la importancia de los juicios por delitos de lesa humanidad en curso, tanto en San Rafael como en la ciudad de Mendoza, pero también expresaron una creciente inquietud. En el texto argumentaron: "Sin embargo, desde que finalizó la feria judicial hasta el presente, observamos con preocupación cierta irregularidad en el desarrollo de las audiencias. Es de esperar que el Tribunal retome el ritmo que ha mantenido el año pasado a fin de poder llegar a las sentencias en un tiempo razonable y para que los culpables sean finalmente condenados”.

Ha sido evidente que desde el momento en que se retomaron las audiencias, a inicios de febrero, el ritmo que se había alcanzado en la etapa testimonial durante el 2014 no se ha mantenido en estos dos meses, como tampoco el estricto cumplimiento de dos audiencias semanales, algo que permitiría llegar a las sentencias en un tiempo aceptable.

A este reclamo se suma la preocupación que generan las resoluciones de distintos tribunales del país las cuales obstaculizan el proceso de verdad y justicia. Se trata del cónclave al que asistieron gran cantidad de fiscales que encabezaban causas por delitos de lesa humanidad, en el cual expresaron inquietud por "una serie de fallos en distintas instancias que habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país", como informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a cargo del fiscal general Jorge Auat.

Los puntos principales que se trataron fueron las excarcelaciones u otorgamientos de prisión domiciliaria de casi todos los condenados en los numerosos juicios realizados en la provincia de Tucumán; la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados durante la guerra de Malvinas como delitos de lesa humanidad; la falta de mérito del empresario de medios Vicente Massot en Bahía Blanca y del jefe de redacción de la Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; el sobreseimiento del exsecretario del juzgado federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; la falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Casación en beneficio del empresario azucarero Carlos Blaquier y del exadministrador de la firma Ledesma, Alberto Lemos; la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa; y las dificultades para avanzar en la investigación de las complicidades civiles en general. En Mendoza, la preocupación se enfoca en la lentitud que comienza a caracterizar las audiencias testimoniales del 4.° Juicio por delitos de lesa humanidad y los inconvenientes que ha sufrido el 2.° Juicio iniciado en San Rafael el 29 de diciembre de 2014, y que ha debido reiniciar el proceso por la renuncia de uno de los jueces que conformaba el Tribunal.

El marco político del 2015 también es un agravante que impulsa a fiscales, querellantes, víctimas y organismos de derechos humanos a profundizar el trabajo realizado hasta el momento en la búsqueda de verdad y justicia. El apoyo político por parte del actual gobierno nacional ha sido de gran importancia para la concreción de los juicios. La proximidad de las elecciones y un posible cambio en la dirección política del país ponen en alerta a quienes por más de 30 años han luchado para que la Justicia reparara el daño producido por el período más oscuro de la historia del país.