El juez federal Marcelo Dos Santos, a cargo transitoriamente del Juzgado Civil y Comercial Federal 10 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso que propiedades y sumas de dinero en efectivo valuadas en 800 millones de pesos, originadas en actividades de narcotráfico transnacional, queden bajo la tutela de la Agencia para la Administración de los Bienes del Estado (AABE), en el primer fallo que se dicta con base en el decreto 62/19 de extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri.

"La Justicia puso en funcionamiento el régimen de extinción de dominio, que aprobó el presidente Macri a principios de año", expresó el ministro de Justicia, Germán Garavano, al hacer referencia a que el Poder Judicial "dispuso que la administración de los bienes secuestrados a una mafia que traficaba droga a Europa pase al Estado". Al respecto, Garavano indicó: "Los embargos incluyen autos de lujo, campos, casas y departamentos, más de 30 inmuebles, además de dinero en efectivo, relojes y joyas".

"Para dictar la medida –explicó Garavano en su cuenta de Twitter–, se evaluó el riesgo cierto de sufrir perjuicios sobre el interés público y la verosimilitud de la ilegitimidad de los bienes", por lo que el juzgado, dijo, "pidió al fiscal algunas aclaraciones adicionales y convocó a los demandados para poder avanzar con una venta anticipada. Ello permitirá al Estado evitar los costos de la custodia y mantenimiento de los bienes".

En esa línea, el ministro de Justicia consideró que "la extinción de dominio es una poderosa herramienta en la lucha contra las mafias y la corrupción" porque "permite desfinanciarlos para evitar que continúen su empresa delictiva y recupera los bienes del delito para beneficio de la sociedad".

Dos Santos tomó esta resolución con base en una demanda de extinción de dominio presentada por el Ministerio Público Fiscal contra el denominado "Clan Loza", una organización criminal dedicada a la comercialización y tráfico de drogas, según consignó Télam.