El Ejecutivo nacional incluyó un artículo en el reciente pacto fiscal que firmó con los gobernadores del país, que implica avanzar sobre las inequidades dentro del sistema previsional y que se tratará esta semana en la Cámara alta. Según cálculos del equipo económico del gobierno de Macri, este año por los regímenes especiales, el Estado deberá destinar unos 79 000 millones de pesos. 

Según replicó el diario Clarín este martes 21, las jubilaciones que se crearon por leyes o por decretos especiales benefician a 374.296 personas en todo el país. Afirman en el Gabinete económico que sin estos regímenes el sistema previsional sería superavitario y los recursos alcanzarían hasta 2030, sin necesidad de tocar la edad jubilatoria. En los próximos días se buscarán modificar los regímenes de diplomáticos, judiciales y de los trabajadores de Luz y Fuerza, incluyendo mayores aportes o elevándoles la edad jubilatoria. Luego seguirán por el de los docentes.

Las regímenes especiales permiten que los trabajadores se jubilen sin esperar a los 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el de los hombres, o tener 30 años de aporte. En algunos casos les permite aportar menos dinero que el resto. Un documento, al que accedió de forma exclusiva el diario porteño detalla sector por sector lo que el Estado debe desembolsar en jubilaciones "preferenciales".

Por eso, el plan es ahorrar gradualmente el gasto de los regímenes especiales, estimado en más del 7% del total presupuestado para el pago de jubilaciones y pensiones. Y, en este caso, uno de los casos más polémicos es el de los jubilados y jubiladas judiciales. Hay 6.539 retirados del Poder Judicial que cobran en promedio $ 97.089 por mes, es decir, más de 13 jubilaciones mínimas.

Esto sin contar que los jubilados judiciales tienen el privilegio del 82% móvil. Entre aportes y contribuciones, los empleados judiciales aportan unos $ 486 millones por mes al Estado, pero para costear las jubilaciones del sector se necesitan $ 635 millones, por lo que el déficit mensual es de $ 149 millones.

El tercer punto del regimen previsional acordado entre Nación y provincias (menos con San Luis) fue de eliminar las llamadas jubilaciones de privilegio. Los otros puntos tienen que ver con la indexación. Es que una vez que la nueva ley fiscal sea aprobada en el Congreso, las jubilaciones se van a actualizar cada tres meses y por inflación; en cambio ahora el pago a jubilados remite a una ecuación de los salarios y el incremento de la recaudación, vigente desde 2009, que dispone dos aumentos anuales automáticos, en marzo y en septiembre.

El pacto fiscal también establece que se van a garantizar haberes equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Esto, para quienes hayan cumplido 30 años de servicios con aportes efectivos.