El Estado es responsable: la justicia resolvió que debe pagar $12 millones a la familia de Florencia Romano

Luego de la demanda civil, el Estado mendocino fue condenado a pagar una indemnización. A pesar de que el asesor legal del Gobierno había responsabilizado a la familia por el crimen, la conjueza Marina Lilén Sánchez consideró que la correcta acción estatal podría haber evitado el femicidio de la joven de 14 años.

Conferencia de prensa. Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes

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Publicado el 28 DE JULIO DE 2022

Florencia Romano tenía 14 años cuando fue asesinada en diciembre de 2020 en Maipú. El 911 había recibido una llamada de auxilio a la que había hecho caso omiso. Tanto el femicida –Pablo Arancibia– como la operadora policial que no actuó –Verónica Herrera– recibieron una condena. Hoy, a raíz de una demanda civil de la familia de la joven, la justicia resolvió que el Estado tenía los recursos materiales y humanos para evitar el femicidio y deberá pagar 12 millones de pesos como indemnización.

En el litigio, los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena representaron a la madre, al padre y al hermano de Florencia, y reclamaron un monto de $300 millones. La responsabilidad penal ya estaba probada y, en este caso, avanzaron en el fuero civil: la acción del 911 podría haber evitado el crimen.

Semanas atrás, el abogado asesor del Gobierno, Ricardo Canet, había alegado que la familia tenía tanta responsabilidad como el femicida. Sus dichos generaron rechazo en la sociedad mendocina y el fallo actual es ejemplificador.

Luego de los dichos del representante legal del Gobierno, y antes de que se conociera la sentencia, la familia Romano y los abogados realizaron una conferencia de prensa: “No podemos dejar pasar, tenemos que decirlo públicamente, que la contestación de la demanda –más allá de lo técnico, lo jurídico, lo legal– es totalmente descabellada, improcedente, es una brutalidad”, dijo Vayra Leyton en esa ocasión. Reclamaban un fallo con perspectiva de género, que hiciera justicia por Florencia Romano y sancionara ejemplarmente al Estado.

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La conjueza Marina Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociada 3, avaló el reclamo de las víctimas, pero redujo el monto a $12 millones sobre la base de ciertas fórmulas matemáticas que se utilizan para calcular el daño moral y psicológico que sufrieron. La cifra se alejó significativamente de la que se reclamaba, pero también duplicó los $6 millones que el Estado había ofrecido inicialmente para evitar el juicio civil.

"Surge acreditada la existencia de la falta en servicio imputable al Estado por la omisión ilegítima perpetrada por la operaria del CEO. El femicidio de Florencia con fuerte probabilidad se podría haber evitado, en tanto existían recursos materiales y humanos para resguardar la vida e integridad física de Florencia", argumentó la magistrada.

Y continuó: “De haberse procedido conforme al mandato expreso, era factible impedir el femicidio y también concretar la detención temprana del autor material del delito, evitando así la incesante búsqueda de los familiares de Florencia y la expectativa de encontrarla con vida, acotando también el tiempo con el que contó el femicida para ocultar la evidencia y perpetrar atroces actos”.