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La medida se tomó por la deuda que la casa de juegos privada tiene con el fisco provincial y que asciende a 112 millones de pesos.
El hotel Intercontinental otra vez en medio de la tormenta por su casino. Foto: publicada por Los Andes.
Por la deuda de 112 millones de pesos a ATM y por no haber dejado entrar a los fiscalizadores oficiales, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos decidió la clausura de la casa de juegos de la firma KLP que funciona en el Hotel Intercontinental ubicado junto al Mendoza Plaza Shopping en Guaymallén.
El casino es administrado por el grupo Garfunkel, según señaló a MDZ Radio la titular del IPJC, Josefina Canale. El caso es grave, dijo la funcionaria, por la negativa del personal del casino a que ingresaran los fiscalizadores.
Canale explicó que el cierre es por 10 días para darle tiempo de defensa a la empresa. Además señaló que en el lugar hay 177 empleados y que ya fue informado el subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré. La situación se conoció porque algunos trabajadores del casino Cóndor no pudieron ingresar en sus horarios y advirtieron a la radio.
La titular del Casino explicó que hay dos incumplimientos graves cometidos por el casino. El primero es que, según la verificación de deuda que se hizo en el expediente, figuran 112 millones de pesos para con entidades públicas. Por la Administración Tributaria Mendoza (ATM) específicamente son unos 23 millones de pesos por Ingresos Brutos, y por inmobiliarios son 2,5 millones de pesos. La otra, la cual consideran más grave aún, es el tema de estar en concurso. El juego es una actividad permitida por el Estado como una excepción, por lo tanto es muy regulada.
“No solo en la provincia de Mendoza sino que en la Argentina, y posiblemente en todo el mundo, sea el único casino que ha estado funcionando en concurso durante dos años es una situación muy irregular”, afirmó Canale.
Además, agregó que hoy 12 de julio el IPJC fue a realizar un mantenimiento regular para la fiscalización y recuento de los valores de dinero que hay al interior del mismo, lo cual es una de las atribuciones del Instituto para con los casinos privados. Una vez allí, la empresa no les permitió entrar. “No nos han dado ninguna explicación, simplemente no nos abrieron la puerta, lo cual es una desobediencia grave. Vamos a pedir auxilio a la Justicia, que ya fue comunicada”, dijo. La empresa KLP, cuya cara visible es el empresario Rafael Garfunkel y que en este momento es la dueña del hotel y concesionaria del Casino, posee múltiples sociedades dentro de sí misma. Según declaró Canale, cuenta con socios mayoritarios y minoritarios, “un entramado societario bastante complejo”.
Con respecto al verdadero monto total de la quiebra, Canale dijo que es muchísimo más de 112 millones de pesos porque esa deuda es para con entidades públicas. También se suma la deuda con la provincia de Mendoza, que es más o menos de 30 millones. Sumado a esto, hay deudas entre sociedades.
La Presidenta del Instituto de Juegos se refirió a la ilegalidad de la situación. Si bien el directorio anterior opinaba que no hubo impedimento, ellos creen que sí es ilegal. Además de ser una injusticia con los otros casinos que sí cumplen con sus pagos, les quita el derecho de igualdad ante la ley porque "bajo ningún concepto se justifica que haya un casino funcionando bajo concurso", según lo dicho por Canale.
Asimismo, sostuvo que otro tema que le preocupa tanto al instituto como al gobierno provincial son los 177 empleados del casino, ante lo cual explicó que el subsecretario de Trabajo Alejandro Jofré, que es el incidente en estos temas, ya está al tanto, ya que es un conflicto laboral entre privados. “Él se va a hacer cargo de esto y se abrirá el diálogo en la Subsecretaría de Trabajo”, dijo. También agregó que en el expediente judicial hay notas de casinos cercanos comprometiéndose a contratar a empleados en caso de que el del Intercontinental cierre definitivamente.
Para finalizar, la directora pidió que quede muy claro que esta suspensión es exclusiva responsabilidad del privado, ya que han sido sus actos los que los han obligado a cerrar, por lo que no sería justo que declararan el cierre bajo razones de fuerza mayor.
Desde el IPJC se está en la espera de que la empresa conteste estas gravísimas imputaciones judiciales.
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