No es “la justicia”, como la llama cierto periodismo. Es el Poder Judicial, instancia de la democracia formada por seres humanos. Aparato institucional que debiera estar sometido al control social, pero lo está muy poco. Lugar donde hay personas probas y valiosas (finalmente se ha juzgado a muchos de aquellos que cometieron acciones criminales durante la dictadura), pero donde también existen extrañas relaciones con el espionaje, el poder político y el aparato mediático hegemónico.

Tales relaciones no son nuevas ni solo propias del actual gobierno. Lo que es inédito es su intensidad y la obviedad de algunas de sus acciones. Casi siempre, por ejemplo, se han manipulado los sorteos de causas para que vayan a dar a “jueces amigos” del gobierno en turno (aclaro que me refiero a la justicia federal, singularmente a Comodoro Py).

Sin embargo, pocas veces se han usado para la abierta persecución de opositores políticos o para “inventar” causas capciosas y arbitrarias. Es lo que hoy ocurre, y en verdad es parte de los “vientos de Washington”: superada la legitimidad social que en otros tiempos se daba a las asonadas militares, ahora los intereses del capitalismo internacionalizado se defienden con los “golpes mediático-judiciales”.

Se condena a opositores a través de ruidosas farsas mediáticas, a menudo con grabaciones o videos ilegalmente obtenidos a partir de los servicios de espionaje (los cuales en algunos casos son directamente falsos, al estar editados). La población no sabe de cuestiones judiciales y cree que se hace justicia con “perseguir a tales delincuentes”.

Se sataniza brutalmente a quienes se quiere atacar políticamente: mientras, se les inicia acción judicial. Como esta puede ser lenta, se encarcela a los perseguidos, humillándolos con la presentación mediática de tales procedimientos, mostrándolos con trajes de presidiarios, esposados, rodeados por la policía. El escarnio hacia personas de quienes no se ha mostrado culpabilidad alguna roza además la ilegalidad, en tanto se apela a caprichosas “prisiones preventivas” que se prolongan indefinidamente, sin justificación precisa.

Finalmente, si se puede, se los condena, tal como ocurrió con Lula en Brasil, logrando el stablishment que se impusiera allí su deseado candidato de derechas. Poco importa que él mismo esté acusado por declaraciones xenófobas y misóginas, que se burle de los derechos humanos o que se discuta si se relacionó con comandos paramilitares. Había que dar el “golpe de estado judicial”, siempre apoyado por los medios.

En Argentina, esa estrategia ha sido descubierta por el caso D’Alessio. El espía trabajaba con fiscales como Bidone y Stornelli (está filmado con este último en más de una ocasión), y arreglaba con la diputada Carrió persecuciones como la que se hizo a Aníbal Fernández, ligándolo falsamente a la causa de la efedrina. Incluso el periodista Majul concitó una insólita entrevista del ministro de Justicia con Fariña (que había estado preso), a quien se denuncia como guionado para involucrar a la expresidenta. Una cloaca que algunos sospechábamos, pero no se dejaba conocer.

La valentía del juez Ramos Padilla se paga cara. El presidente lo atacó públicamente: luego se buscó su juicio político. También se ha querido separarlo de la causa por diferentes vías. Como no se ha podido, ahora se lo denuncia ante el Consejo de la Magistratura. La lógica de la situación es pasmosa: a un juez que investiga operaciones paralegales hechas con el Poder Judicial, se le responde con operaciones paralegales hechas desde el Poder Judicial. La tautología al infinito.