Nélida Rojas, la referente de la Tupac Amaru en Mendoza finalmente liberada por orden de la Octava Cámara del Crimen, tuvo un acto público de desagravio en la puerta de la Legislatura. La mujer dijo que nunca apretó a nadie, que los fondos para la vivienda social siempre fueron administrados por el Instituto Provincial de la Vivienda y que la organización tuvo la función de gestionar esos fondos.

La reacción del gobernador Alfredo Cornejo no tardó en llegar. El mandatario apuntó a los tres camaristas, identificados como integrantes de Justicia Legítima, corriente cuyo principal referente en el Poder Judicial es el juez de Corte Omar Palermo.

Por pensamiento jurídico e ideológico, Palermo enfrenta a José Valerio, el último ministro de Corte que impuso Cornejo para “equilibrar” estas posturas en el mismo Alto Tribunal. Justamente Palermo y Valerio conforman la Sala 2 de la Corte, especializada en Derecho Penal. El tecer integrante es Mario Adaro, el exministro peronista del gobierno de Celso Jaque. Ellos deberían atender un recurso de apelación que ya fue anunciado por la fiscal Gabriela Chaves.

De todos modos, remarcan en el mismo ámbito cortesano, el fallo no es recurrible porque no es definitivo; es decir, el fondo del caso no está resuelto. Lo que hizo la Octava Cámara del Crimen fue responder a un reclamo de la defensa de Rojas y sus parientes y sólo se les concedió la libertad al hacer caer la acusación de asociación ilícita, pero la investigación debe continuar.

“Desde el Gobierno no estamos sorprendidos porque esta Cámara es garantista, (es decir) que le da más interés a los imputados que a las víctimas, y estamos preocupados por las 170 personas que denunciaron”, expresó Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia. Sobre el fallo, el funcionario mencionó que “ordena la libertad por la no existencia de peligrosidad procesal porque dice que se presentaron espontáneamente, y todos sabemos que fue porque se filtró la información de que los iban a detener”.

“Nos preocupa el tema de la asociación ilícita porque establece que la Tupac es lícita, como si fuera un club. Acá estamos hablando del manejo de fondos públicos. Acá veo mucho tinte e intencionalidad política en el fallo”, señaló el funcionario. El subsecretario recalcó ante Radio Jornada que este fallo “implica una brecha cada vez más grande entre lo que es la justicia y la ciudadanía”.