La Cámara de Diputados de la provincia dio sanción inicial este miércoles al proyecto de Ley para la creación del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), el organismo que se ocupará de controlar y fiscalizar la prestación del servicio público de transporte.

La Ley 7412, que se sancionó en 2005 durante el gobierno de Julio Cobos, nunca puso en marcha al Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros (EPRTP) y su ausencia supo despertar la sospecha de que los gobiernos de turno beneficiaban a las empresas privadas.

Recientemente, tras la iniciativa de la ONG Protectora, es que se empezaron a modificar ciertos puntos de la Ley 7412 para avanzar con la implementación de un Ente Regulador de Transporte. A este organismo se le encomendarán las funciones de regulación y fiscalización del transporte, y de control y fiscalización del cumplimiento de servicios regulados, contratos de concesión, permisos, autorizaciones y licencias. También deberá aplicar las normas que integran el marco regulatorio y las que dicte para cumplir con sus funciones como autoridad de aplicación.

El ente estará “dotado de autarquía funcional y financiera”, que tendrá bajo su competencia el sistema de movilidad, comprensivo de todos sus modos y medios, tanto del transporte público masivo e individual, de uso privado, como de transporte no motorizado y servicios conexos, según informaron desde Diputados.

El peronismo acompañó la creación del Ente Regulador del Transporte, mientras que Marcos Niven se abstuvo en silencio. El demócrata expresó al diario El Sol: “El motivo es que me despidieron la totalidad de los empleados del bloque. No es un tema que conozco. Se necesita gente para analizar proyectos. Soy el único bloque en la Legislatura que no tiene personal, me echaron a todos, funciono como puedo”.

El proyecto consiguió la sanción inicial en la Legislatura provincial y se espera que la semana próxima sea tratado en el Senado. 

La Corte falló por un Ente regulador del Transporte Público

La medida surge luego de que la ONG Protectora reclamara su implementación y establece que el Gobierno ya no pueda establecer negociaciones con las empresas sin intermediarios.