El funcionario llegó a la Legislatura de Mendoza; allí Félix Crous enfrentó los planteos que desde la justicia, el gobierno y el parlamento le hicieron en el ámbito de la llamada Mesa de Enlace de Seguridad.

De acuerdo al informe oficial, los funcionarios mendocinos requirieron al fiscal un "análisis de la posibilidad de 'desfederalizar causas y delitos referidos a narcotráfico', ya que en la Legislatura provincial existen varias iniciativas que proponen estos cambios, así como pedidos de adhesión a la ley de desfederalización nacional que desde hace algunos años está vigente".

Desfederalizar o no, esa es la cuestión

Para Crous "no hay evidencia" de que la ley 26052 –que establece que las provincias que adhieran a esa norma podrán perseguir estos delitos– "haya mejorado los resultados, sino que se han acelerado las tendencias que pretendía revertir la ley". En esa línea, remarcó que la ley aludida y planteada como la solución termina siendo un obstáculo cuando la "investigación es interjurisdiccional", es decir, que trasciende las fronteras de una provincia.

Aquella reunión a puertas cerradas se extendió durante más de dos horas en el Salón Azul de la Cámara de Senadores.  A Crous, el fiscal coordinador, Dante Vega. Allí defendió enfático la experiencia acumulada por su área en investigaciones difíciles y entramadas, donde necesariamente las jurisdicciones –federal y provincial– deben interactuar y coordinar para no fracasar en el intento de la resolución de los casos.

Del cónclave participaron el ministro de Seguridad, Leonardo Comparatore, y la jefa de Gabinete de esa cartera, Analía Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, y la directora de la Inspección General de Seguridad, Mariana Herrero; la senadora radical Milagros Suárez  quien preside la Comisión Bicameral de Seguridad junto a su correligionario y diputado Héctor Quevedo, además del senador del PRO Gustavo Cairo; también los legisladores oficialistas Alejandra Naman y Néstor Piedrafita. La coordinadora general del Ministerio Público local, María Teresa Day, fue parte importante de la junta.

El ejemplo

Quedó clara la resistencia del segundo de la Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a la idea de la desfederalización de la investigación de los delitos cometidos por las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. Y también quedó clara la intención de Gils Carbó de agilizar las intervenciones de los fiscales federales en las causas que tienen ramificaciones en las justicias provinciales.

Un ejemplo claro de estas dificultades planteadas por los funcionarios mendocinos fue el mentado caso de Sandra Jaquelina Vargas, alias "la Yaqui" que se encuentra detenida por liderar una banda de narcotraficantes con actuación en el oeste de Godoy Cruz. Para llegar a esa instancia hubo que sortear muchas dificultades de índole burocrático; incluso la mujer terminó más comprometida por delitos de competencia provincial (homicidio en grado de tentativa, por ejemplo) que por los ilícitos devenidos por la actividad del tráfico de drogas.

Tras aquella reunión caliente con los funcionarios mendocinos, Crous intentó predicar con el ejemplo: en esa misma visita a Mendoza se presentó con el fiscal federal local Fernando Alcaraz ante el juez federal Walter Bento, para entregarle un pormenorizado estudio de datos/pruebas surgidos de otras causas federales, los que demostrarían la actividad de narcotraficante de la mujer actualmente alojada en la cárcel de mujeres en el Borbollón junto a su hija y a su suegra, también involucradas en la investigación por la cual la Yaqui está acusada.

El portal oficial de la Procuradoría de la Nación reveló el último viernes esta situación concretada hace dos semanas en Mendoza y, a modo de ejemplo, puntualizó en ese informe que "tras la revisión de un caso del año 2012, se pudo comprobar ahora que la imputada tenía una cédula azul para conducir un vehículo utilizado entonces para transportar estupefacientes. En aquella causa, el conductor resultó condenado". 

Conclusión y desafío

Con esta presentación, Crous cerró su incursión por Mendoza y su acción demostró que la justicia federal puede ahondar en las investigaciones en narcocriminalidad, solo que debe articular con los operadores locales, es decir, policías, investigadores, fiscales y jueces locales que tienen que lidiar con la persecución de una actividad criminal con múltiples facetas delictivas. En una actividad ilícita donde hay en juego mucho dinero se mezclan homicidios, asaltos en bandas, lavado de dinero y el narcotráfico propiamente dicho, entre otros delitos que deben ser abordados por la justicia provincial o la federal, pero casi siempre con los mismos implicados.

Fuente: Fiscales.gob.ar