Mendoza acelera el ritmo para actualizar los procedimientos para administrar justicia en los casos de minoridad y familia, a la vez que intenta llegar a la pronta adecuación del Código Civil local al de la Nación. Para eso se reunieron las jueces de la Suprema Corte con la vicegobernadora, Laura Montero, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. El objetivo: ultimar detalles sobre un proyecto de ley que pretende actualizar la legislación local vigente a la norma nacional que rige en el país desde el año pasado.

El encuentro buscó coordinar los detalles finales entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para la pronta presentación conjunta –en quince o veinte días– en la Legislatura y darle el impulso necesario a la iniciativa sobre derecho procesal familiar para Mendoza, lo que en primera instancia está garantizado debido al amplio respaldo con el que se lo ha cargado tanto desde el gobierno de Alfredo Cornejo como desde la Justicia.

Según afirmó la vicegobernadora, la meta es contemplar la creación de un código de procedimiento nuevo para implementar el Código Civil aprobado en el Congreso de la Nación el año pasado, que brindará una actualización de la administración de justicia en los procesos de Familia.

En este sentido, Montero sostuvo que lo que se pretende es dar un cambio profundo al brindar un marco para instrumentar en la Provincia sobre todo lo que respecta a la articulación interinstitucional que tiene que haber entre la Justicia, el Ministerio Público, el Código Civil de fondo y cómo ordenar el sistema para que queden todos los procedimientos claros.

“El abordaje es integral. Se toman aspectos como divorcios, tenencias, adopciones y se ha anexado una cuarta parte que aborda el tema de violencia (de género) específicamente y donde se adoptan los principios de la Ley 26.485. Se simplifica muchísimo los procesos de Familia, va hacia la oralidad, en donde se prevé la protección de niños y adolescentes”.

La intención fundamental es avanzar hacia la creación de Juzgados de Violencia que abarquen todas las circunscripciones y que brinden mayor presencia territorial a la Justicia, juzgados que estarán a cargo de jueces especializados en materia de violencia familiar y que estén abocados a ese área específica.

Otra de característica fundamental que se quiere implementar es el otorgamiento de mayor competencia a los Juzgados de Paz para dictar medidas preventivas, así contribuyen a resolver situaciones que no sean penales y puedan descomprimir rápidamente el sistema.

También se pretende brindar mayores facultades a los Juzgados de Familia para que puedan tener competencia en lugares donde no haya oficinas fiscales (como en el sur de la provincia).

El proyecto consta de 316 artículos divididos en cuatro tópicos: normas generales, procesos, procesos especiales y violencia. El capítulo cuarto fija el procedimiento específico para los casos de violencia familiar y considera los lineamientos de la Ley 26.485. Así, Montero señaló que se aborda la parte de familia y la parte de violencia y además cuenta con un protocolo de intervención que posiciona a Mendoza como “pionera en la articulación interinstitucional”.

Los principales cambios que quieren introducirse con el derecho procesal familiar para Mendoza.