El Ejecutivo continuará con la reforma judicial, una verdadera obsesión del gobernador, Alfredo Cornejo. Ahora prepara un proyecto para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia resuelvan en audiencia oral las causas relacionas con procesos originarios del máximo tribunal, como, por ejemplo, la inconstitucionalidad de una ley. Así lo aseguró el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’Agostino.

En una entrevista con Unidiversidad, el funcionario subrayó que continuarán impulsando reformas en ese poder, al que consideró con una estructura del siglo XIX, por lo que que no brinda respuestas eficientes a los ciudadanos. Ya presentaron en la Legislatura el proyecto de reforma del Código Procesal de Familia y el Régimen Jurídico de Protección de Menores, y además adelantó que insistirán con la ampliación de la Suprema Corte, pese a los chispazos internos que produjo la iniciativa –específicamente con los demócratas– y a la falta de acuerdo con la oposición.

D’Agostino defendió el proyecto de ampliación de la Corte (que propone pasar de los actuales 7 a 9 miembros), por considerar que sin esa modificación, que consideró clave, la reforma estaría incompleta. Dijo que es la única alternativa para superar el colapso que tienen especialmente las salas Penal y Laboral.  

Además de insistir con el proyecto que le valió varios dolores de cabeza al Ejecutivo y que provocó el enojo del Gobernador contra quienes no lo apoyaron, ahora elaboran esta nueva propuesta para que la Corte resuelva algunos casos en audiencias orales. Según explicó D’Agostino, la iniciativa la está elaborando –entre otros– el actual ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, quien dejará en breve su cargo para asumir como nuevo juez del tribunal supremo.

Aunque la iniciativa está en proceso de elaboración, D’Agostino anunció que el objetivo central es que la oralidad también llegue al máximo tribunal, es decir que los supremos decidan en una sentencia. Esto será solo en los procesos originarios del máximo tribunal, como es el control de legalidad de una norma. Por ejemplo, este fue el caso del análisis de la Ley 7022, o para dar un caso actual, el análisis sobre la legalidad o no del decreto que reglamenta la declaración de impacto ambiental que deben obtener todas las empresas que pretendan utilizar la técnica del fracking.

El funcionario recalcó que la intención con esta iniciativa es brindar celeridad a los procesos y además poner en otras funciones a los relatores, es decir, a los empleados judiciales que escriben las sentencias de los integrantes del máximo tribunal. Salvo este aspecto, no brindó más detalles al respecto.

Violencia familiar: crearán juzgados especializados

Es una de las medidas que prevé el proyecto del Código Procesal de Familia que el Ejecutivo presentó en la Legislatura. Tendrán turnos las 24 horas, los 365 días del año.

Un poder de otro siglo

D’Agostino hizo un análisis del avance de las modificaciones que ya se hicieron en el sistema judicial, específicamente luego de la  aprobación de los nuevos códigos de procedimiento Civil y Penal. Consideró que en el fuero Civil, los cambios fueron sustantivos, que los magistrados se consustanciaron con ellos y que esto se nota especialmente en la reducción de los tiempos de resolución de las causas. En cuanto al segundo fuero, el Penal,  recalcó que los cambios son más lentos, especialmente porque hay un puñado de magistrados que los resisten, que siguen parados en la vieja estructura, en la que tenían una causa y la manejaban según su criterio, cuando hoy integran cámaras y juzgados colegiados.

El funcionario subrayó que el Ejecutivo le brindó y le sigue brindando al Poder Judicial todas las herramientas para que hagan efectivas las modificaciones, pero recalcó que son los operadores los que deben hacerlos efectivos.

En este sentido, pidió un mea culpa al Poder Judicial. “Nosotros no nos quedamos en el diagnóstico y en la queja, nos ocupamos del tema y con una salvedad: la Suprema Corte de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, tiene iniciativa legislativa para realizar cambios en los procedimientos y no lo ha hecho, ha tenido que venir el Ejecutivo a decir: 'Cámbiense estas cosas'. Digo esto porque entiendo que la Justicia también debe hacer un mea culpa de la situación en la cual se encuentra el sistema. Ahora tienen las herramientas. Los que tienen que aplicar este tipo de procedimientos y hacerlos efectivos son la Corte y los jueces, vamos a ver cómo actúan, atendiendo a que les hemos dado no solamente las herramientas, sino también participación en la elaboración de los procesos”.

D’Agostino repitió que los empleados judiciales son los estatales que tienen los mejores sueldos, y aseguró que esto le parece bien, pero que deben brindar un servicio acorde a esa remuneración. Esto implica, según explicó, un operador de justicia –especialmente un juez o jueza– más cercano a los problemas de la gente, que esté disponible las 24 horas y sobre todo que entienda que las modificaciones están pensadas en favor de las necesidades del ciudadano, no de los operadores del sistema, es decir, magistrados y abogados.