Después de abrir una investigación contra nueve policías de alto rango por presuntas irregularidades en el cobro de servicios extraordinarios, el Ejecutivo prepara un proyecto que presentará en breve y que busca transparentar la contratación y el pago de esta tarea que pueden hacer los uniformados en su tiempo libre, y que a fin de mes constituye 50 % de su sueldo.

El director de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, anunció que pusieron la lupa sobre Darío Orlando Irrutia, Gustavo Walter Garis Lo Duca, Víctor Daniel Loyola González, Edgardo Mestre Medina, Humberto Neila Cornejo, Rómulo Díaz Vargas, José Salinas Mercado, Roberto Villarroel Pérez y Emanuel Fernández Garófoli. Todos fueron suspendidos y cobran la mitad de su sueldo hasta que concluya la investigación.

El anuncio provocó un cimbronazo hacia el interior de la fuerza, compuesta por 9500 uniformados, aunque desde la IGS aseguraron que las denuncias llegaron desde el interior de la fuerza.

La investigación también produjo cruces políticos, ya que el Justicialismo denunció una escalada contra los comisarios generales que fueron puestos en funciones por el anterior gobernador, Francisco Pérez, o que tienen afinidad con la oposición.

Mientras los miembros de la IGS siguen con la investigación y presentaron los casos en la Justicia, las autoridades del Ministerio de Seguridad elaboran un proyecto para modificar el sistema de los servicios extraordinarios, reglamentados a través de la ley 7120. El Ejecutivo presentará la propuesta en un mes. La misma deberá lograr el visto bueno de los legisladores, ya que modificará la norma vigente.

El ministro del área, Gianni Venier, recalcó en varias oportunidades que los servicios extraordinarios no desaparecerán, sino que buscarán transparentar el sistema. Prácticamente, el Ejecutivo no puede prescindir de este mecanismo, porque significa el 50 % del suelo de un policía en actividad.

Según declaraciones de Puertas a Unidiversidad, por estos servicios ingresan a las arcas del Estado unos 30 millones de pesos mensuales, ya que por un turno de 4 horas, los privados pagan unos 600 pesos.
 

El sistema

A través de su página web, el Ministerio de Seguridad brinda información sobre el sistema, al que describe como la labor que desempeña un policía cuando está de franco en una entidad pública o privada que haya contratado cobertura de seguridad para un evento, 72 horas antes de su realización.

En el mismo sitio se explica que cada servicio tiene una duración de cuatro horas y que puede ser fraccionado por pedido expreso de la empresa que lo contrate. También detalla que el pago nunca se hará en efectivo, sino que el monto se depositará en la cuenta del Ministerio en el Banco Nación.

En la página del Ministerio inclusive se informa dónde se pueden contratar los servicios: aparecen las direcciones y los números de las distintas distritales, muchas de las cuales tienen hoy a sus jefes bajo la lupa de la IGS.