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Docentes de la carrera de Comunicación de la UBA realizan un repaso por el desarrollo mediático argentino. Los poderes económicos que se han encontrado detrás de proyectos político-comunicacionales. El sentido de la aplicación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La pluralidad en debate.
Frente a la fecha que se avecina, quienes llevan adelante los destinos del grupo Clarín deberían dar una señal que los reconcilie con la sociedad. Foto web.
Como cada año, luego del 11 de octubre de 1943 llegó el 12. Ese día comenzaba a transmitir la American Broadcasting Company (ABC), una de las tres históricas cadenas de radiodifusión comercial de los Estados Unidos.
Lo hacía luego de que en mayo de ese año el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica –en la causa National Broadcasting Co. v/United States– diera a conocer la sentencia judicial por la cual obligaba a la compañía NBC a desprenderse de una de sus dos redes (The Blue Network) por abuso de posición dominante. Su precio: ocho millones de dólares. Adecuación mediante nacía entonces una de sus principales competidoras destinada a enriquecer el debate democrático de la sociedad norteamericana.
Hasta el 3 de enero de 1870 circuló en nuestro país el diario La Nación Argentina, fundado en 1862 durante la presidencia de Mitre. Sus principales ingresos provenían de las arcas del Estado (publicidad oficial de la época). El día siguiente, 4 de enero de 1870, figura como la fecha fundacional del “prestigioso” e “independiente” diario La Nación.
Bajo una nueva razón social, plenamente privada pero manteniendo el control decisivo de Bartolomé Mitre, el nuevo medio tuvo plena continuidad con el anterior, al punto de que el folletín por entregas que se publicaba en uno se continuó sin interrupción en el siguiente.
Es posible entonces considerar a La Nación Argentina / La Nación como un solo diario que siguió funcionando en base a las donaciones realizadas por un grupo de amigos, que el por entonces presidente Sarmiento caracterizaba como: “... proveedores que mediante despilfarro de las rentas han ganado millones, como Lezica, Lanús, Galván, que al fin lo costearon casi en su totalidad (...) Mitre sabe que con un poco de insistencia, con amaños conocidos, con muchos hombres que le deben o la impunidad o la fortuna mal adquirida todo se puede conseguir...” (Sarmiento a Sarratea. Buenos Aires 17 de marzo de 1869. Archivo de la familia Sarratea Prats citado por Nieto del Río.)
El centenario medio nacía así de la voluntad militante de una clase por constituir su tribuna de doctrina, y del aporte interesado de un grupo de “proveedores del Estado” enriquecidos durante los aciagos años de la guerra con el Paraguay.
Numerosos ejemplos, locales o internacionales, se pueden citar sobre la compleja trama que compone la relación entre el Estado y los medios. Una lectura lineal, simplista o estática no puede dar cuenta de la densidad que se juega en la comunicación como herramienta transformadora de la sociedad.
Frente a la fecha que se avecina, quienes llevan adelante los destinos del grupo Clarín deberían dar una señal que los reconcilie con la sociedad. La adecuación de los medios de su propiedad a los términos que marca la ley marcaría la aceptación de las reglas definidas de forma democrática por la sociedad. Esto constituiría un hito trascendente en términos de respeto al Estado de derecho. Muy probablemente no lo hagan.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue diseñada como una herramienta trascendente en la construcción de una sociedad profundamente democrática. Su aplicación completa es el umbral necesario para la realización de sus fundamentos. La actividad audiovisual funcionó durante 54 años con leyes producidas a medida de los intereses particulares. Sólo tres años lleva en vigencia el nuevo paradigma propuesto para el sector.
El proceso real de democratización no puede estancarse en el trueque de Clarín por Vila/Manzano o Moneta. Debe orientarse a la construcción de novedosas y enriquecedoras instancias de producción simbólica: nuevos medios y nuevos emisores, plurales, populares y diversos, tal como manda la ley.
Después del 7 (solo) llegará el 8 de diciembre y con él un desafío mayor para el campo popular: continuar la lucha por una comunicación verdaderamente democrática.
Fuente: Página 12.
Fuente: Página 12
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