En 2003 comenzaron a aplicarse sanciones por el mal uso del agua potable en Mendoza. El Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) es el organismo que se encarga, entre otras cosas, de establecer los valores de las multas. Sus autoridades sostienen que ya hay cierta conciencia en el cuidado del agua pero también admiten que en sólo una semana puede dispararse el labrado de multas y superar el promedio fuertemente.

"Todo actualización del sistema se fundamenta en informes técnicos y económicos de los especialistas y se evalúan pedidos de los operadores, que son los únicos encargados de aplicarlas", dijeron desde el EPAS al explicar por qué los montos de las sanciones sólo se actualizaron tres veces en estos 13 años. En la práctica, Aysam, que presta los servicios de potabilización y saneamiento, tiene la facultad de aplicar multas a los clientes que incumplan las reglamentaciones. Otros departamentos como Luján de Cuyo, Maipú y San Martín tienen operadores propios capacitados por el EPAS para penar en caso de mal uso.

"Hoy las penas se aplican por faltas vinculadas con restricciones y prohibiciones. Si el cliente incumple un uso que está restringido, como regar entre las 8.00 y las 22.00, la sanción es de $ 220 la primera vez. Si incumple algo que está prohibido, como regar pavimento, la sanción es de $ 440 la primera vez", detalla Mario Draque, titular del EPAS.

Y agrega: "Si el usuario reincide, se duplica el monto y a las siguientes se vuelve a duplicar respecto al valor de la segunda vez. Cada un año se vence ese plazo y vuelve a comenzar. Por ejemplo: si un vecino regó una calle no pavimentada entre las 8 y las 22, algo restringido, la multa que le aplica el inspector de Aysam es de $ 220. Si lo vuelve a hacer es de $ 440 y si lo vuelve hacer una o diez veces más en el plazo de un año la pena es de $ 880".

El EPAS, en tanto, no sanciona a los clientes sino a los operadores cuando dejan de prestar un servicio porque su tarea es garantizar "la continuidad del servicio y la calidad del agua", explica Draque. 

Por otro lado, Aysam, que nuclea el grueso de las cuentas de usuarios, cree que el obstáculo para la facturación y las multas, por otra parte, es la forma de la medición. De casi 350 mil usuarios domiciliarios, sólo 26 mil (el 7,5 %) cuenta con medidor. El resto recibe la facturación según la superficie del domicilio.

El uso del medidor es de fundamental importancia para darle eficacia a la distribución, es decir, saber cuánto usa cada consumidor, de cuánto puede prescindir una zona y en qué otra hay déficit. El problema radica en el costo de los medidores que, por unidad instalada, ronda los cien dólares. Esto se traduce en que Aysam debería invertir 35 millones de dólares para dotar de estos dispositivos a todo el sistema.

Apelando a la concientización y teniendo en cuenta que cada año se está cerca del récord de noviembre de 2014, cuando se labraron cerca de 500 multas en sólo 11 días, Aysam lanzó una campaña en la que muestra los litros que son desperdiciados cotidianamente.