Referirse a la comercialización de productos agroindustriales y agroalimentarios en el contexto actual conlleva como punto de partida una aseveración: el tema es de interés estratégico porque incide en el acceso a la alimentación de todos los argentinos. Partiendo de esta premisa, los mecanismos de comercialización no deben regirse por las reglas del mercado, dado que su lógica es la ganancia, sin tener en cuenta otra variable, por la cual sin intervención definida y decidida del Estado no se logrará una distribución equitativa.

Debemos tener presente que quienes pregonan el neoliberalismo consideran que la economía no es una ciencia social. Concepto absolutamente errado: la economía es una ciencia social que, al igual que otras disciplinas sociales, tiene por objeto el estudio del hombre y, en su caso particular, de la lucha del hombre por resolver el problema económico. La economía, junto con la sociología, las ciencias políticas y otras, pertenecen al grupo de las denominadas ciencias sociales. Al igual que todas ellas, la economía se ocupa de problemas de la sociedad.

La alimentación de la población total es un derecho social. Para lograr en el contexto presente el cumplimiento de esta premisa solo hay una solución, que es la regulación por parte del Estado del comercio exterior e interior, con planificación de las necesidades de producción primaria e industrialización. Un instrumento fundamental en esa dirección es la urgente reforma tributaria: una reforma integral, profunda, sin parches, por la cual paguen más quienes más tienen y ganan. En general se mira a los países del norte con cierta admiración. Ante esto surge la pregunta: ¿se conoce el sistema tributario estadounidense (sólo por nombrar uno) y la conciencia de pago que poseen los ciudadanos de ese país? ¿Se conoce la marcada política proteccionista que sustentan los llamados "países desarrollados"?

La producción primaria en Argentina la realizan alrededor de 73000 productores. Sólo el 6 por ciento de ellos realiza el 54 por ciento de esa producción. Este reducido grupo, representativo de la agricultura a gran escala (pooles de siembra), se ha consolidado como nuevo actor en la última década. Cumplen el rol de gerenciadores de los medios de producción de terceros a través de un modelo de organización de la producción. De esta manera, el complejo oleaginoso presenta un perfil orientado al mercado externo: El 28 por ciento del total de las exportaciones corresponde a este sector, por encima de la cadena automotriz y petroquímica. Dentro de las exportaciones de oleaginosas, la soja representa el 84 por ciento de la producción total de aceites, seguida por la de girasol (15 por ciento); el resto de aceites (maíz, oliva, maní) tienen una participación marginal.

Según la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, a fines de 2012 “solo 25 empresas exportadoras realizaron las principales exportaciones de oleaginosas y sus derivados (entre ellas, las de mayor incidencia son: Cargill, Bunge, AGD, ADM, Vicentín)”. Al exportar, el Estado percibe divisas en concepto de Derechos de Exportación, tan cuestionados por la Mesa de Enlace. Estos ingresos tienen una incidencia menor que el resto de impuestos absolutamente regresivos como el IVA. Se explica entonces la necesidad de una reforma impositiva integral, ya que actualmente son los Derechos de Exportación y el Impuesto a las Ganancias a las empresas los únicos progresivos.

"La caja fuerte del campo argentino", elocuente publicidad de los "silobolsas", una entre las decenas que circulan en medios y redes.

Entre 2005 y 2012 se verifica un claro avance en la participación de nuevos actores en desmedro de las compañías globales de comercio de commodities. La participación de Cargill cayó del 23 al 15 por ciento; la de Bunge, del 17 al 9 por ciento; la de Dreyfus del 12 al 10 por ciento, y la de Nidera, del 9 al 6 por ciento. Por ejemplo, mientras en 2005 la exportación de granos fue de 34,75 millones de toneladas y en 2012 de 40,87 (es decir que creció el 17 por ciento), el volumen comercializado por Cargill pasó de 7,93 a 5,98 millones de toneladas, lo que equivale a una pérdida porcentual de 24 por ciento. La Asociación de Cooperativas Argentinas ahora es el quinto exportador de granos, por delante de Bunge, Nidera y Glencore. Más datos: en 2005 hubo 106 exportadores. En 2012, más del doble, 222. En 2012, 118 compañías exportaron entre 1000 y 9999 toneladas; en 2005 eran apenas 35. En 2005 había 37 empresas que exportaron menos de 1000 toneladas. En 2012 fueron solo 8. Durante 2012 el principal exportador de trigo fue la cooperativa Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), con lo que superó a Cargill. En tanto que Agricultores Federados Argentinos (AFA) colocó 550000 toneladas, superando en volumen a compañías como Noble o Toepfer. La Cooperativa Federada de Entre Ríos (CAFER), se anotó en la lista con 23500 toneladas de trigo.

Una mirada retrospectiva a seis años del intento de aplicación de la Resolución 125 permite confirmar que aquellos bloques de poder, hoy claramente visibilizados, son los mismos liderados por la Sociedad Rural y sus socios en la Mesa de Enlace, más los grupos concentrados mediáticos. La Federación Agraria Argentina, que nació bajo el influjo del “Grito de Alcorta” en la defensa de pequeños productores, traicionó no solo a sus bases sino a su propia historia. El sector con más renta del país, el que menos invierte en mano de obra, el que más explota nuestros recursos naturales, es este sector de las cámaras empresariales del campo que especula con la venta y pide una devaluación del peso para que su renta se incremente sustancialmente y sin riesgos de inversión. Desde luego, el negocio es para unos pocos en detrimento de los 40 millones de argentinos.

Una propuesta clave es la constitución de una Empresa Nacional de Comercialización de Granos y Carne: una empresa de economía mixta donde el Estado participe con el 51 por ciento y deje el 49 por ciento para los aliados estratégicos, como las asociaciones cooperativas y organizaciones representantes de los sectores involucrados en el comercio exterior e interior, que hoy son directamente perjudicados por los grandes monopolios y oligopolios. A su vez, la organización del comercio interno tiene que articular mecanismos como los consorcios de cooperación para la comercialización directa local, de cadena corta y cuenca regional; y los mercados concentradores regionales con un control de precios de los alimentos de la canasta básica. Primero es el abastecimiento del mercado interno que garantice el acceso a los alimentos a todos los argentinos y a partir de allí, la política de exportación de los productos en el marco de la integración latinoamericana.