Las mujeres que habitamos la Argentina seguimos atrapadas en una lógica patriarcal y tutelar que se contradice con el paradigma de autonomía y reconocimiento de derechos en el que se inscriben los avances legales más recientes. Nuestra salud sexual y reproductiva, y nuestro derecho de elegir el sí, el no, el cuándo y el cómo de la maternidad quedan supeditados a la opinión de comités de bioética o de juzgados donde se decide en lugar de quienes ponemos el cuerpo.

El discurso de las organizaciones autodenominadas “provida” –un eufemismo para grupos que debemos considerar abiertamente “antiderechos”– fuerza al sistema de salud, al Poder Judicial y al Poder Legislativo a actuar en defensa de un conjunto de células que solo alcanzarán el estatus de ser humano hacia el último trimestre de su gestación, y el de persona, en el caso de que nazca vivo. En nombre del blastocito o embrión sobre el que cargan la muy autónoma y definitiva etiqueta de “niño por nacer”, y bajo el disfraz de un razonamiento científico, se desprecia y arriesga la vida de una mujer cuya voluntad y/o posibilidad de gestar y de parir es igual a cero; cero voluntad cuando se trata de un embarazo no deseado, por falla del método o por violación; cero posibilidad cuando, deseado o no, el embarazo se torna insostenible por razones de salud.

Una de las mentiras que sostienen estos grupos es la que se refiere a un inexistente “estrés post traumático” o “trauma post aborto”. La idea de que interrumpir un embarazo no deseado puede conducir a un daño psicológico de alguna clase, incluida la ideación suicida, surge de un estudio mal encarado y mal realizado en los Estados Unidos en 2009. La investigación dirigida por Priscilla Coleman, de Bowling Green State University en Ohio, trató de establecer una relación causa-efecto entre la práctica de un aborto y una serie de psicopatologías, pero para hacerlo ignoró las condiciones de salud mental de las mujeres evaluadas previas al aborto, incluso las previas al embarazo no deseado. Otros estudios del mismo tenor, con la misma falta de solidez, establecieron comparaciones entre las que interrumpieron su embarazo no buscado con las que dieron a luz porque así lo deseaban. Una de las principales refutadoras del estudio de Coleman, Julia Steinberg, de la Universidad de California, indicó en 2012 que la comparación crucial hubiera sido entre las mujeres con un embarazo no deseado que hubieran abortado y las que, en las mismas condiciones, hubieran dado a luz.

Ese estudio sí se realizó, también en los Estados Unidos, con resultados que contradicen todos los postulados antiderechos. “The Turnaway Study”, cuyas conclusiones pueden leerse en castellano, sostiene que las mujeres que quisieron abortar y no pudieron (en general, porque solicitaron la práctica pasado el período permitido) habían padecido más problemas que las que sí lo habían logrado. Estos problemas incluían mayores tasas de violencia de género, con más apego a relaciones abusivas, incluso cuando el padre del bebé no vivía con ellas. También se registraron mayores problemas físicos durante el parto. Lo que más impactó del estudio fue la clara conclusión de que las que no abortaban embarazos no deseados eran más propensas a caer y mantenerse por debajo de la línea de pobreza. En cuanto a la salud mental de unas y otras, la ansiedad aumentaba en las que no podían acceder al aborto, mientras que las que lo lograron tuvieron una casi unánime sensación de alivio y la convicción de que se trataba de la decisión correcta. Los sentimientos de ansiedad o de culpa que algunas mujeres pudieran haber manifestado simplemente se esfumaron con el correr de los meses.

Todo esto debe entenderse en un contexto de legalidad de la práctica. En nuestro país, como en tantos otros de Latinoamérica y el Caribe, el aborto es casi siempre ilegal, y en eso se basa el daño. Las mujeres sufrimos por el aborto porque tenemos que hacerlo en la clandestinidad, a veces en la más absoluta soledad, porque, aunque tengamos contactos y acompañamiento, muchas veces nos encontramos sin recursos, muy solas frente a una decisión importante y, la verdad, quien decide abortar tiene una decisión tomada y va hacia adelante con esa decisión, en las condiciones que sea. La diferencia entre la clandestinidad y la inseguridad de la práctica tiene que estar clara. Salvo en los casos autorizados por la ley (y realizados sin obstáculos en los efectores públicos de salud), el aborto es siempre clandestino, pero será más o menos seguro de acuerdo a las posibilidades económicas de la mujer gestante. Abortar en una clínica médica limpia, bien equipada y a cargo de una persona especializada tiene un costo que no muchas pueden pagar, pero que aun así representa un mercado ilegal de 1000 millones de pesos anuales, según cifras de 2010, que se beneficia de los más de 500 000 abortos que se realizan en nuestro país cada año, y que provoca los más de 50 000 egresos hospitalarios por consecuencias de la práctica mal realizada y las 100 muertes anuales promedio de las que pagaron con sus vidas la hipocresía del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el sistema sanitario.