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Por Patricia González Prado
El derecho a una vida libre de toda forma de violencia patriarcal inspira, subyace, y a la vez se desprende, tanto de la Ley 26485 de Protección Integral a las mujeres y su decreto reglamentario como de la Convención de Belem Do Parà.
¿Cómo sería para nosotras, las mujeres, las lesbianas, las personas trans, una vida libre de esta forma específica de violencia? No quiero olvidarme de que es posible, de que la persistencia y sistematicidad han sido construidas por nuestras sociedades durante siglos y seguimos reproduciéndolas.
¿Cómo serían los días sin miedo? ¿Cómo sería la vida para cada una de las mujeres a las que acompañamos desde el espacio de Consejerías en la UNCUYO, desde los espacios de militancia, desde las intervenciones profesionales?
La antropóloga Rita Segato, especialista en el análisis de las causas estructurales de la violencia de género, insiste en que quizás la función más valiosa del Derecho sea la de nombrar, crear referencias de sentido para desnaturalizar y, de esta manera, promover cambios sociales. Por ello considero importante el derecho con el cual comencé esta columna, porque nos impide acostumbrarnos a que las mujeres hemos de morir en manos de los hombres que dijeron amarnos y que eso no se puede prevenir, y también nos impide naturalizar que los hombres tienen derecho a consumir mujeres que han sido secuestradas, violentadas, para su satisfacción sexual, para que experimenten un ejercicio ilimitado del poder.
La Universidad es responsable de promover los derechos humanos de las mujeres en materia de investigación, contenidos curriculares, prácticas interpersonales, docentes, y también de generar espacios de intervención directa. Desde esta perspectiva nació el espacio de Consejerías al que asisten semanalmente mujeres, personas trans, lesbianas, gays, hombres que acompañan a mujeres.
La Consejería es un espacio de asesoramiento y acompañamiento profesional y especializado disponible para la comunidad universitaria. Desde perspectivas feministas de intervención, se promueve la toma de decisiones consciente, autónoma e informada, y se ofrece acompañamiento e información sobre los recursos disponibles (jurídicos, económicos, sociales, sanitarios). Otro de los objetivos del espacio es la formación continua, bajo diversos formatos, tanto del personal que trabaja en la Universidad como de los estudiantes.
Finalmente, hemos promovido un Protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por situaciones de violencia contra las mujeres y personas LGTTTBI en el ámbito de la UNCUYO. Este procedimiento comprende la denuncia de situaciones de violencia y/o discriminaciones sexo-genéricas, articula asesoramiento integral y acompañamiento, y promueve medidas de reparación, no repetición y protección. A la fecha de esta publicación, aún está pendiente de tratamiento en el Consejo Superior de la Universidad.
Y todo esto no alcanza. Faltan, por ejemplo, las reformas de los planes de estudio de cada una de las carreras impulsadas en la UNCUYO, de manera que incorporen de manera transversal la promoción de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular. La Universidad está llamada a ser una usina de transformación social, cultural, política, económica. Por esa Universidad trabajamos.
Patricia González Prado es doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico-política por la Universidad Autónoma de Barcelona; Magíster en Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía, Universidad de Barcelona; Abogada del Espacio de Consejerías en Sexualidades, Identidades de Género y Situaciones de Violencia Patriarcal - Programa Mujeres Libres de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCUYO.
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