Para Alejandra Berlanga, presidenta de la organización Padres Autoconvocados de chicos, jóvenes y adultos con discapacidad, el decreto del Ejecutivo nacional que dio de baja más de 87 mil pensiones a nivel nacional es una medida de ajuste que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la población. En este sentido, indicó que trabaja en la confección de un pedido de amparo para que se dé marcha atrás con esta decisión.

Berlanga explicó a Unidiversidad que la asociación formará parte de la Multisectorial por la discapacidad, espacio que está presidido a nivel local por Germán Ejarque. Se reunirá el jueves 15 de junio para pedir que no se aplique el decreto presidencial que revivió uno más viejo, que estuvo en vigencia durante el gobierno de Carlos Menem. Ejarque, quien fue secretario de Discapacidad durante el gobierno de Francisco Pérez, se encuentra en Buenos Aires, donde presentará, además, un pedido ante la comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado.

En concreto, se buscará visibilizar la situación de las personas con discapacidad, que en muchos casos se encuentran en una instancia de “saturación económica”: necesitan cuidados especiales y las obras sociales no están dispuestas a prestarles sus servicios. En medio de la crisis económica que el Ejecutivo validó para dar de baja las pensiones, en total se estima que en el país hay cerca de un millón y medio de personas que accede al derecho de la pensión por discapacidad.

Ante esto, Berlanga calificó el decreto como “arcaico” y “asistencialista”, ya que vuelve hacia atrás una política que consideraba a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. En la provincia  aún no se sabe la cantidad de personas que perderán el beneficio porque tanto desde las organizaciones como desde la Secretaría de Acción Social no hay datos actualizados y en muchos casos los daminificados se enterarán al momento de cobrar.

“No reciben notificación de la Anses y los requisitos que piden son difíciles de cumplir. Piden no tener bienes pero, para una persona con discapacidad, tener un auto –por ejemplo– es básico”, exclamó Berlanga, quien anticipó que la organización que preside trabaja en la presentación de un amparo colectivo. Mientras tanto, juntarán firmas y concurrirán también a la Legislatura para reclamar a los legisladores una respuesta.
 

En seis meses se dieron de baja 83 mil pensiones

En una nota publicada en el diario Página/12 se detalla que, desde que asumió la gestión de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social, se dieron de baja 170 mil pensiones, de las cuales 83 mil fueron en la primera mitad de 2017. Según el matutino, las cancelaciones responden a una depuración del padrón. En cambio, fuentes gremiales denunciaron que se trata de una situación de discrecionalidad generalizada, en el marco de un cambio en la política de cobertura social.

En la mayoría de los casos, las bajas fueron realizadas por supuestas irregularidades en los otorgamientos de las pensiones. En estos casos, los afectados debieron esperar más de seis meses en promedio para que les reestablecieran el subsidio. Además, el otorgamiento de pensiones no contributivas cayó de algo más de 10 mil por mes en 2015 a 4700 por mes entre enero de 2016 y enero de 2017. En 2015 se aprobaron 125 mil pensiones, en tanto que en 2016 fueron 61 900. 

Los nuevos requisitos

De acuerdo a la nueva disposición, sólo podrán acceder a la pensión aquellos cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo de la persona con discapacidad perciba un ingreso menor a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19 200 pesos por mes, o que no tengan un bien a su nombre, como puede ser un auto. Esto es independiente de que este sea indispensable para garantizar la movilidad de la persona con discapacidad.

Por último el decreto, que revive una medida tomada por el gobierno menemista, deja afuera a aquellas personas cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima, de 6377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que, con ese ingreso, una persona con discapacidad y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza, publicó este martes el diario Clarín.