El Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNCUYO tiene una capacidad para 260 personas. En el segundo debate académico sobre “Libertad de expresión y Convergencia comunicacional” sobraron muchas de sus butacas ante la poca gente que asistió y quedó la sensación de que faltó, justamente, la instancia de debate.

Durante la tarde del miércoles 6 se organizó la mesa que presentó los principios de la futura ley de Comunicaciones Convergentes. Luego de la fusión del Afsca y el Aftic en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en enero de 2016, el Gobierno nacional armó una comisión que presentó 17 puntos que regirán la comunicación convergente, es decir, aquella que se produce a través de la combinación del aparato radiofónico y que prioriza, entre otras cosas, las telecomunicaciones y el acceso a la información a través de internet.

Según indicaron miembros de la Enacom, “la comunicación convergente debe ser plural, diversa e igualitaria sin que pueda ser obstruida por ninguna clase de discriminación. El acceso debe ser equitativo y para ello se tiene en cuenta la gestión estatal, la gestión privada sin fines de lucro y la gestión privada con fines de lucro”. En este sentido afirmaron que entre los puntos de la anterior Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) se respetará el porcentaje de representatividad del 33 % del espectro radiofónico.
 

Los argumentos

Para validar estas afirmaciones, la directora de la Enacom, Silvana Giudici, aseguró que la nueva ley de medios, que pretende estar terminada para el primer semestre de 2017, mejorará la posibilidad de acceso para todos los ciudadanos y hará un aprovechamiento mejor del servicio de comunicaciones. En este sentido, argumentó que el anteproyecto concentrará las funciones de la LSCA y la ley Argentina Digital y se seguirá con una de las instrucciones más claras del presidente Mauricio Macri, como es la calidad del servicio.

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que participa en la redacción del anteproyecto de ley; el abogado de Derecho de la UNCUYO, Ignacio Boulin, y el periodista Luis Ábrego explicaron las falencias que tuvo la LSCA. Según dijo Ábrego, la LSCA “nació vieja” porque “al parecer, la intención de incorporar a las empresas telefónicas generó un tremendo hueco que impedía que la ley se sostenga en el tiempo”, esgrimió el profesor, al tiempo que indicó que la antigua norma no logró el objetivo de desconcentrar el mercado de comunicaciones y simplificó el debate entre el Gobierno y un grupo hegemónico.

Luego de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas. A través de una hoja, los asistentes escribieron las inquietudes que luego respondió la mesa de manera escueta. El momento de mayor tensión se dio cuando un grupo de trabajadores de medios comunitarios quisieron hacer preguntas sin escribirlas en el papel y no los dejaron hablar. La comitiva abandonó el aula y algunos de sus integrantes dijeron que la información que se estaba dando era falsa. Enojados, criticaron la falta de diálogo del Gobierno nacional.

Mariela Svachca, trabajadora de radio Cuyum, opinó que no fue un debate porque según sus palabras "hubo expositores oficialistas, las preguntas fueron leídas parcialmente y las respuestas fueron parciales”. Según Svachca, tergiversaron conceptos, hablaron de la comunicación como un bien de mercado, cuando se habla de derechos humanos, y aseguró que cuestionaron la libertad de expresión mientras la LSCA estuvo vigente, cuando los medios se manifestaron, según sus palabras, “como se les dio la gana”. “Dejó mucho que desear el pretendido debate”, se lamentó.

Documento Enacom

Docentes denuncian que no fueron notificados

A través de un comunicado, un conjunto de profesores de la Universidad Nacional de Cuyo se manifestó en contra del debate por la nueva ley de medios. Según indicaron, defienden la LSCA sancionada en 2009 porque sintetiza dos aspectos valorables.

Su apoyo a la normativa dejada de lado por el macrismo radica en que "fue debatida por una amplia gama de apoyos sociales, desde asociaciones de periodistas hasta radios comunitarias y carreras de Comunicación, fruto a su vez de un arduo debate social que duró casi cinco años y porque propone contenidos ampliamente democratizadores de la comunicación audiovisual, desde clausulas antimonopólicas hasta aquellas que favorecían la producción local, o las que asignaban un 33 % del espectro al ámbito comunitario".

A continuación, el comunicado completo.  

RECHAZAMOS DEBATE POR UNA NUEVA LEY DE MEDIOS

 Docentes, investigadorxs y graduadxs en ciencias sociales y profesionales de la comunicación hemos sabido de la realización de un "Debate Académico", que se realizará en Mendoza en torno a una posible nueva ley de Medios, impulsada por las actuales autoridades nacionales. La misma se realizará en la primera semana de julio, en dependencias de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.

 Al respecto, queremos manifestar lo siguiente:

  1. Como defensorxs de una comunicación democrática, inclusiva y plural reconocemos la amplísima legitimidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual votada por cómoda mayoría de las dos cámaras del Congreso en el año 2009.

  2. Lamentamos los procedimientos por los cuales se quitó vigencia a algunos artículos nodales de dicha ley, primero mediante los DNU y luego a través de una ley votada en singulares circunstancias, por la vía de mano alzada y sin conteo estricto de los votantes.

  3. Manifestamos que, al margen de las cuestiones formales en cuanto a las votaciones respectivas, la ley anterior sintetizaba dos aspectos altamente valorables: a. Una amplísima gama de apoyos sociales, desde asociaciones de periodistas a radios comunitarias y carreras de comunicación, fruto a su vez de un arduo debate social que duró casi cinco años; b. Contenidos ampliamente democratizadores de la comunicación audiovisual, desde claúsulas antimonopólicas a aquellas que favorecían la producción local, o las que asignaban un 33% del espectro al ámbito comunitario.

  4. Enfatizamos que fueron reconocidos oligopolios mediáticos y empresariales los que pusieron obstáculos a la aplicación de esa ley, junto a sectores políticos conservadores que hoy están en el gobierno.

  5. Advertimos que no es casual que en el fomento de una nueva ley, cuyo texto –llamativamente– no ha sido dado a conocer por ningún medio, que desplace los logros de la anterior, encontremos a figuras que ya participaron de la oposición a aquella norma democratizadora. No podemos, por ello, esperar de la pretendida consulta por realizar sea otra cosa que un simulacro al servicio de la restauración de las condiciones centralizadas y hegemónicas de la comunicación, previas a la votación de la ley de Servicios Audiovisuales.