La idea que Argentina sea la sede del sistema de protección de derechos humanos de la OEA es la que menos controversias suscita, al menos entre los países latinoamericanos. La situación se complica, no ya con la idea sino con la voluntad política de los gobiernos progresistas de la región, de plantar bandera de lucha ante lo que es una realidad injustificable.Es que desde la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos hasta ahora, nada ha cambiado para un Estado importantísimo como lo es Estados Unidos, país que, no obstante no acatar los fallos ni las medidas cautelares, alberga la sede y es el principal financiador del sistema a través de distintas ONG y empresas. En las últimas semanas, tras una propuesta de reforma enunciada por el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, las tensiones se han agudizado en el interior de los Estados miembro. 

El panorama, según un reciente comunicado del CELS, es que se hallan entremezcladas críticas legítimas a la Comisión Interamericana (CIDH) y propuestas que solo apuntan a limitar su accionar. Es lo segundo lo que preocupa a Carlos Varela, especialista en derechos humanos y abogado de los primeros casos de desaparecidos mendocinos en democracia resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llamativamente, en la entrevista realizada en la redacción de Edición Cuyo, Varela recuerda que, a más de una década de aquellas violaciones contra el joven Pablo Guardatti y los obreros Garrido y Baigorria, en Mendoza hay dos desaparecidas. Serán estas dos chicas de Lavalle las que nos permitan advertir que el debate sobre qué hacer con las instituciones no es para nada abstracto y lejano, sino que nos afecta a todos como sociedad. Una sociedad que está involucrada en uno de los casos más célebres que haya llegado a la Corte  -el caso Cárceles de Mendoza- desencadenante de una serie de políticas de Estado por el cual se lograron cosas, que hizo que hoy tengamos una realidad distinta. 

“Estamos hablando de que en Mendoza hay dos desaparecidas y de que, cuando uno se pregunta cuál es la importancia que tiene para la institucionalidad argentina, la respuesta es cero. Pero son dos desaparecidas….algo hay que hacer, habrá que estudiar por qué, si hay una falencia social o qué está pasando, ya que si alguien muere en la 5ta. sección, el tema sí tiene una importancia central gracias a los medios de comunicación. Estamos hablando entonces de una pelea que es ejemplar, la que están dando las maestras de Lavalle que, no obstante, de no trasladarse al Kilómetro Cero, no existiría para nadie”.

O sea que ahí tenemos un punto de partida para el tema institucional.

Son nuestros casos emblemáticos, como en México lo son los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, que están en manos de la Corte Interamericana. Son casos que producen mucha discusión interna, lo cual es muy interesante porque en el Poder Judicial pasa una cosa distinta que en la política. A lo mejor, en la política se prepara primero un proyecto, luego ese proyecto sube y se instala en los tribunales; en los tribunales lo que pasa es diferente: cuando un fallo se resuelve, baja. En los casos en que la jurisprudencia viene de afuera, se introduce en la Corte Suprema de cada país y va bajando para los distintos tribunales. Uno empieza a ver, por ejemplo, y acá en Mendoza es muy llamativo, que en la sede administrativa o en justicia laboral, los abogados y los jueces luego invocan el tema derechos humanos, y antes eso era imposible. Lo que antes era solamente una cuestión en discusión, hoy en día uno lo ve en las sentencias. Eso permite afirmar que hay una transmisión muy buena.




¿Ese proceso está ocurriendo en otros países también?

Lo que pasa es la doctrina interamericana ha permitido en muchos casos, con soluciones amistosas y las distintas medidas cautelares, desactivar los conflictos, o sea, ha hecho un trabajo loable. Es cierto que Argentina tiene una circunstancia especial, ya que ha demostrado con posturas institucionales muy buenas que la inserción de la justicia internacional hacia adentro puede ser muy importante. Ha implementado, por ejemplo, la Defensoría General, permitiendo que una parte del Estado litigue contra el Estado. Esto que parece medio loco es de avanzada, y viene a ser una apertura interna hacia el juego internacional. Ojo, nos falta todavía, en las provincias la situación es muy dura, hay provincias como San Luis o Córdoba que son muy reacias, pero fuera de eso, los fallos de la Corte Suprema de Argentina que han introducido resoluciones de la Corte Interamericana son fallos que dan vuelta al mundo. O sea, nosotros tenemos una Corte de lujo, con Habeas Corpus famosos como el que presentó Horacio Verbitsky por el tema de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que es un fallo que en muchos países de América Latina está produciendo efectos similares. Además, ahora existe una mecánica para que los abogados o las personas accedan más fácilmente. Por dar un ejemplo, el fallo Giménez, que es el que estableció lo del plazo razonable, lo iniciaron los presos desde la cárcel por teléfono. Hay, por lo tanto, una circunstancia argentina muy especial que ojalá todos los países puedan también recrearla.

Aún así, son procesos muy largos…

Bueno, hay que convencer a Brasil de que una Corte pequeñita en Costa Rica puede tener una incidencia. La ingeniería judicial de Brasil es una de las más complejas del mundo. Nosotros fuimos a una audiencia de la Corte por Mendoza, en Brasilia, y los tribunales son de una dimensión tan grande que convencerlos a ellos de que un Tribunal permanente de 5 o 6 jueces pueda cambiar la jurisprudencia brasileña es prácticamente impensable, y lo curioso es que lo están haciendo.  

¿Cuál es su opinión de la propuesta de reforma que elevó Ecuador?

Yo soy muy crítico con respecto a lo que está haciendo Ecuador y algunos presidentes como Ortega, Evo Morales y en su momento, Hugo Chávez. ¿Por qué?  Porque nunca pensé que los gobiernos de izquierda iban a cuestionar tanto el tema de derechos humanos, y en esto muchas instituciones también ha puesto su voz: el CELS, Human Rights Watch y otras, pero para definirlo de una vez diré que, en materia internacional, los organismos son lo que los Estados quieren que sean, y ahí volvemos al tema de la gente. Hay Estados que quieren estar lejos de la gente. 

¿Qué hay de las críticas tan fuertes hacia la velada coordinación de intereses tras la financiación del Sistema?

Esta Comisión Interamericana, con sede en Estados Unidos, con la ayuda de Estados Unidos -hay varios países que no pagan las cuotas, situación que viene de mucho tiempo antes-, es la que vino acá a la Argentina en el año 1979, es la que resolvió casos de Mendoza donde nos dejaron totalmente sin justicia, es la que ha permitido modificar muchos sistemas judiciales, es una justicia que ha logrado insertar a México y Brasil, y es una justicia, diría, para más de 250 millones de personas. Yo entiendo que es muy difícil llegar a esa justicia hoy en día con los casos, lo que no avalo es que sea criticada tan duramente por una razón que para mí es muy simple, que es que el que tiene poder no le gusta que lo controlen. Es decir, Chávez no aceptó las distintas sentencias que se fueron dando en el tema de Globovisión, causa eminentemente política, pero también en otras humanitarias, como la generada por la crisis carcelaria. Entonces eso, frente a la inmoralidad de un país como Estados Unidos, es menor, no obstante es un problema. Ahí está gran parte del asunto, en que hay que reconocer la legitimidad de la crítica hacia quienes tienen Guantánamo y no acatan ninguna resolución. Por supuesto, la crítica que hace el progresismo latinoamericano a los norteamericanos es legítima, porque, en efecto, los Estados Unidos solamente adhirieron alguna vez la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948; después, no hubo forma de que se comprometieran con un tratado internacional. En este sentido, los norteamericanos están en un escalón muy alto de inmoralidad, los canadienses le siguen, porque también juegan con una dosis de inmoralidad importante. Pero insisto, y no tengo temor de exhibir disidencias al respecto. Lo diré de este modo: ¿los golpes de Estado si son de izquierda no son buenos, y si son de derecha son siempre malos?. Quiero decir, todo golpe de Estado es malo. Correa, por ejemplo, es una persona que no le gusta que lo controlen, ha hecho una gran campaña contra los medios de comunicación y su respuesta fue cerrarlos, clausurarlos. 

¿Cuál es la explicación?

Esto tiene que ver con el modo en que funciona Ecuador: no tiene Congreso sino Asamblea Constituyente, que se rige por mandatos;  por ejemplo, uno de ellos declara que una resolución de la Asamblea General no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y dice además que, si de hecho se hubiere interpuesto, deberá ser inmediatamente archivado, y que los jueces y magistrados que abocaren al conocimiento de cualquier clase de acción deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución y sin prejuicio de responsabilidad penal. Así es como cerraron todos los medios adversos al gobierno y expropiaron más de 200 empresas. Entonces, el fin puede ser extraordinario, pero si esto mismo lo hace Mauricio Macri es un escándalo internacional; en cambio, si lo hace un hombre de izquierda, no. 




¿Puede decirse entonces que está a favor de la reforma pero en contra del sentido general de lo planteado por Correa?

Claro que coincido con la necesidad de la reforma, pero considero que hay que revisar cuál es la base de lo que se critica. Quizás otras cosas merezcan ser analizadas y eso nos lleve a otro tipo de soluciones distintas a las que se proponen. Volviendo al tema de Ecuador, otros presidentes como Lula, por ejemplo, tomaron otro tipo de disposiciones. No ha habido, digamos así, una forma de comportamiento preocupante en nombre de los derechos humanos. 

¿No será que hay que analizar que son procesos distintos? Acá en la Argentina tuvimos que pasar por la experiencia menemista, donde se expandió el modelo de calumnias e injurias para acallar a los periodistas, lo cual terminó en escándalo internacional y se zanjó con el otro caso Verbitsky, cuya derivación final fue la despenalización de esos delitos para mejor garantizar la libertad de expresión. Este proceso no es el mismo que el de la experiencia venezolana o ecuatoriana.  

Yo creo que se cerraron, lo cual es un problema y me preocupa. Voy a contar una anécdota. Una vez fuimos a una audiencia que fue histórica en Guantánamo, y fue impresionante ver una mesa completa de personas con sus charreteras, abogados de vaya a saber quiénes y asociaciones de derechos humanos americanas que fueron a justificar lo injustificable. Pero fueron y vieron. Está bien, todo queda ahí, porque ni siquiera como sanción es válida. Por eso es importante que todos los Estados tomen nota, que vayan, vean, y modifiquen sus instituciones. Por eso veo tan mal la actitud de cerrarse, esto de que si no me gustan los fallos, procuro un modelo para proteger más al Estado. No es así, esos fallos, nos gusten o no, recorrieron un camino interno, el Estado tuvo la oportunidad y obviamente, como todo acto de justicia, es discutible, es decir, uno puede decir: "No me gusta la decisión de la Corte", como de hecho ha pasado con muchos casos, pero son las reglas de juego de un tribunal internacional. 

¿Qué sería entonces lo que hay que revisar? Sin desconocer que el transfondo del conflicto es la disputa de poder, y también ideológica, ya que frente a una doctrina sobre libertad de expresión, que favorece a las grandes empresas de comunicación –la que es defendida por la SIP abiertamente-, hay otra concepción del derecho de los pueblos a la información que ha desarrollado marcos legales como la Ley de Responsabilidad de la prensa en Venezuela, que sanciona al medio de comunicación que sistemáticamente incumple con su misión de informar, o sea, miente.

Yo creo que hay que enfocarnos en que el sistema tenga más recursos y no limite el acceso de la gente. En relación a los proyectos progresistas, lo que creo es que hay que medir, no las palabras que pueden ser extraordinarias, sino los actos. Y de ninguna manera avalo que se tienda a proteger más a los Estados, independientemente de cómo se llamen esos Estados. Con relación a lo otro, en efecto, hay una disputa; quizás el caso más emblemático es el del diario El Mercurio que, financiado por la CIA, arengó al golpe de estado contra Salvador Allende y no sufrió ninguna consecuencia, pero lo que estoy diciendo es que hoy se trata de analizarlo mejor y procurar dar con una respuesta en favor de la Convención.

¿Pero quién debe analizarlo? Hoy se está cuestionando que la Relatoría para la libertad de expresión recibe mucha más financiación que el resto de las relatorías, y todo es dinero de ONG provenientes de Estados Unidos…

No importa quién lo analice. Pongamos que sea el que más nos guste; aún así estamos frente al problema de si medimos con un solo estándar o tenemos varios. Si mi país o mi provincia lleva adelante un proyecto que yo comparto, y viola los derechos humanos y no lo denuncio porque me gusta su proyecto, y a cambio, voy a denunciar al otro, hay un doble estándar. Las derivaciones de eso son negativas, porque se empieza a presionar según qué casos me gustan o no, sin advertir que, por izquierda o por derecha, los Estados se cierran por la gente, y eso es objetivamente un retroceso. Por eso digo que debemos ser cuidadosos, porque si no, creo que por defender un proyecto que a uno le gusta, nos callamos las violaciones a los derechos humanos. Al menos yo, eso, no lo voy a hacer. Porque la Declaración Universal es una sola, la Comisión Interamericana es una sola, nos guste o no. Cuando un gobierno tiene condiciones fantásticas nuevas, pero sigue presentando problemas de derechos humanos, debe quedar de manifiesto que transgrede derechos humanos. 

¿Es importante hacer notar la diferencia  entre la SIP y la CIDH? 

Obviamente: una representa intereses sectoriales mientras que la CIDH tiene una historia muy rica; es más, nosotros antes de los proyectos de Correa tuvimos muchas discusiones, porque hay jueces enormemente prestigiosos y progresistas que abogan porque la CIDH desaparezca por ser un organismo muy político e ir hacia el modelo europeo donde la gente asiste directamente a la Corte.

De todo este contrapunto, se reafirma que la Ley de Medios de Argentina es muy buena, quizás tiene mucho que ver este salto que ha dado la Argentina en materia de derechos humanos...

Claro que lo es. La Argentina solucionó el tema con una ley que se discutió bastante, tiene consenso. A la minoría puede no gustarle, pero su legitimidad es impresionante, y además está focalizada acá, en este punto que hace al estándar internacional.

Con lo cual, el poder comunicacional no va a tener demasiadas chances de garantizar sus intereses llevando el caso a la Corte Interamericana…

Hasta ahora no. Y es que los Tratados no le permiten a las personas jurídicas solicitar la intervención de la Corte Interamericana, si no, ya estaríamos llenos de sociedades dentro del sistema. Sí hay una fuerte presión en muchos casos de lobbistas. Por ejemplo, Televisa está tratando de ingresar; Globovisión, ABC de Paraguay, están tratando de forzar la interpretación de la expresión “toda persona” que utiliza la Convención Interamericana. Y la comisión tiene toda una historia de que a las persona jurídica, o sea, a las grandes empresas, las ha frenado, con sus distintas composiciones.