“En su carácter de máximo responsable del centro clandestino, Ricardo Benjamín Miranda no pudo permanecer ajeno a la estructura que formó la inteligencia para proceder al secuestro del matrimonio Campos-Alcaráz, ni tampoco a la permanencia en las dependencias de las víctimas en el D2”, enfatizó el fiscal Dante Vega en febrero de este año durante los alegatos del tercer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Mendoza. Miranda, jefe del centro clandestino de la Policía de Mendoza entre agosto y diciembre de 1977, fue condenado el 22 de marzo de este año a prisión perpetua en el marco de la causa 053, por las desapariciones forzadas del matrimonio conformado por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz, la sustracción ilegal de Martín, hijo de ambos, de nueve meses de edad para cuando se produjeron los hechos, el 6 de diciembre de aquel año, y “por robo agravado por haberse cometido con armas, todos delitos perpetrados en el marco del de asociación ilícita, constituyendo delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del genocidio”. Por esta causa, también fueron condenados a perpetua el segundo de Miranda al frente del D2, y luego sucesor suyo, Aldo Patrocinio Bruno; el exjefe de Inteligencia militar Paulino Enrique Furió; el exagente de Inteligencia Juan Antonio Garibotte; y el excomodoro de Aeronáutica y jefe de la Policía provincial entre 1976 y 1979, Alcides Paris Francisca.

La reconstrucción histórica sobre lo que fue la represión en Mendoza se ha visto profundamente desarrollada gracias a los juicios a los genocidas. Los aportes de las y los testigos, más las serias investigaciones llevadas a cabo por fiscales, abogados y abogadas querellantes han permitido desgranar estructuras, modus operandi y responsables de los operativos de secuestros, detención y desaparición de personas. Entre otras verdades cristalizadas, ha surgido que, si bien 1976 fue el año más violento en cuanto a la ilegal represión estatal, 1977 no se quedó atrás respecto a su virulencia y su aplicación sistemática, fundamentalmente contra grupos de militantes perseguidos por todo el país. A tal fin, las cúpulas militares y policiales hicieron una reestructuración entre sus filas por la cual Miranda pasó a jugar un rol clave como jefe del D2, sucediendo nada menos que a Pedro Dante Sánchez Camargo, uno de los más feroces represores de la época.

En diciembre de ese año, una decena de personas, en su mayoría militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) fueron desaparecidas en Mendoza como parte de lo que a nivel nacional se conoce hoy como “Operativo Escoba”. Tanto Alcaráz como Campos, quien además ya había sufrido la desaparición de su hermana María Silvia, eran militantes del PCML. Según lo expuesto en el juicio oral, la intervención del D2 en la inteligencia, el operativo y las desapariciones, está probada con certeza. Una de las principales pruebas es el D5, el archivo policial. Allí, con fecha del 20 de diciembre de 1977 y con firma de Bruno, figuran las devoluciones de los legajos de la pareja, lo cual denota que ya se había tomado una decisión con respecto a sus destinos. Además, según consta en el Habeas corpus presentado por José Alcaráz (padre) ante el entonces juez Gabriel Guzzo, hoy imputado por delitos de lesa humanidad, nueve días después de la devolución de los legajos, personas que visitaban a otros detenidos le confirmaron sus pasos por ese centro clandestino. En el debate el fiscal fue bien claro: “El padre de Adriana, Pedro Campos, fue citado al D2, no a la Comisaría Tercera ni a Rentas. Al D2. Allí le dijeron que a su hija y su yerno los tenían fuerzas de seguridad”.

Antonia Adriana y José Antonio se conocían de chicos, dado que sus respectivas familias eran vecinas cercanas en San José, Guaymallén. Se casaron en 1975; él tenía 20 años y ella, 18. Martín nació el 7 de febrero de 1977. Su mamá debió abandonar la carrera de Medicina, en tanto que su papá trabajó en una farmacia y luego en una imprenta, a la vez que se desempeñaba como delegado gremial. Alrededor de las dos de la mañana del 6 de diciembre de ese año, un grupo de personas ingresó con violencia a la casa de calle Juan Godoy, de Godoy Cruz, donde vivía la familia. Allí secuestraron a sus habitantes y saquearon sus bienes, “hasta los utensilios de cocina”. Incluso hubo testigos “que pudieron ver cómo miembros de la Policía cargaban las cosas de la vivienda en un camión”. Al mediodía siguiente, los padres de José y Adriana hicieron la denuncia en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, hecho que consta en el libro de novedades. Pasada la medianoche, Mario Armando Gómez, amigo de las familias, observó el operativo en el que intervinieron al menos “dos personas corpulentas que vestían camisas manga corta color celeste, y llevaban consigo una caja que dejaron en la puerta de la casa de la familia Campos. En esa caja estaba Martín, envuelto en una frazada”.