Alguna vez Raúl Alfonsín supo encarnar como presidente la recuperación de las instituciones de la democracia, y oponerla al brutal arrasamiento de las mismas perpetrado por la última dictadura. Fue una de las pocas ocasiones en la historia reciente de la Argentina, donde se aludió a las instituciones con la seria intención de sostenerlas y valorarlas. Habitualmente, en cambio, asistimos al uso discursivo de lo institucional como liso y llano modo de apañar criterios de la derecha ideológica, e incluso de sus atropellos anti-institucionales más evidentes.

Desde 1930 los golpes de Estado se enseñorearon en la Argentina –por entonces contra el radicalismo de Irigoyen- con el extraño pretexto de “restaurar el orden”. La idea era ir contra la democracia en nombre de la democracia. Ello se reavivó flagrantemente en el golpe del año 1955, que dio lugar a elecciones amañadas y gobiernos títeres de las Fuerzas Armadas –cuando no directamente militares- entre los años 55 y 73. Allí, para “salvar el sistema electoral” se elegía proscribiendo al peronismo, para “salvar la democracia” se interrumpía con tanques a los gobiernos civiles como los de Frondizi e Illia. Era el total arrasamiento institucional en nombre de sostener las instituciones, pues se debía evitar el retorno del “tirano prófugo” y hasta “salvar a la Argentina del comunismo” (¿¿??). En nombre de ello se volteaba a Frondizi porque el peronismo había ganado electoralmente la provincia de Buenos Aires, o a Illia porque había planteado una política internacional independiente de la de Estados Unidos.

La Argentina está ante un momento tan institucional como lo es la elección presidencial. Allí reviven los discursos pretendidamente institucionalistas, que incluso han logrado todo un respaldo en el campo de la Ciencia Política y la Filosofía Política. Hay quienes parecen creer que las instituciones que hoy tomamos como encarnación de lo democrático y lo republicano (es curioso cómo se viene destacando más lo segundo que lo primero) fueran eternas y puestas por Dios. No son entes históricamente determinados, con aciertos y problemas, sino intocables esferas de perfección, platónicos ámbitos inmodificables, como se advierte en el pánico cuando se habla de modificar la Constitución Nacional.

Eso en el plano de la teoría. En el de la política práctica, las cosas son más rupestres. Allí, continúa el largo cuento iniciado por la derecha conservadora en 1930, y reiniciado en 1955: lo popular sería sinónimo de demagogia y corrupción. Lo antipopular, en cambio, lo oligárquico y proimperial, sería intrínsecamente “institucional”. Ya que sus políticas condenan al hambre y la miseria, a flacos salarios y pésimas jubilaciones a las mayorías nacionales, sólo se puede reivindicar la supuesta superioridad moral de los hambreadores. Su propia corrupción huele a perfume francés, y sus atropellos a las leyes son “arduos esfuerzos por sostener el orden”.

Hoy eso está bien claro. Mauricio Macri en el segundo debate autoaplaudió su rol en lo energético, dos días luego de que Aranguren fuera imputado judicialmente por autofavorecerse desde el gobierno por su lugar en la empresa Shell. Tanto Del Caño como Fernández le hicieron notar su lugar en la compra y posterior venta privada de parques eólicos, según la conveniencia pautada desde el gobierno. Más el decreto para que los familiares blanquearan dinero del exterior, más el autoperdón gubernativo intentado para la deuda familiar del Correo Argentino, más las empresas off shore denunciadas en los Panama Papers…¿cómo se llama todo eso? ¿hay corrupción redefinida como “conflicto de intereses”? ¿acaso existe algo como la “corrupción institucionalista”?.-