Diario de tirada nacional. Nota de tapa. Título: “Una visita a los genocidas”; volanta: “La justicia allanó los domicilios particulares de Videla, Harguindeguy y Riveros”. Algún lector desprevenido puede creer que se trata de una noticia publicada hace ya algunos años sin embargo el texto tiene fecha reciente: 29 de abril de 2012. La confusión es razonable. Sucede que el proceso de memoria, verdad y justicia revitalizado a partir del año 2003 con la reapertura de los juicios ha logrado -no sin la flagrante resistencia de ciertos medios de comunicación, cómplices de los oscuros días del terrorismo de Estado-  instalar la temática en el centro de la sociedad. Es por esto que un allanamiento a estos genocidas puede parecer anacrónico. La pequeña argumentación esbozada hasta aquí se reafirma si nos disponemos a revisar los números de este freno a la impunidad.

En un informe reciente, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio a conocer algunas estadísticas sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. A marzo de 2012, y sobre un total de 1861 acusados, se destacan los 778 procesados, las 237 condenas y las 20 absoluciones (estos números surgen del 17 por ciento de las causas que han tenido sentencia sobre un universo de 386). Las absoluciones citadas se convierten en un dato importante porque ponen en evidencia la seriedad con la que se desarrollan los juicios, con total transparencia y respeto para todos los involucrados.

Otro punto importante que reflejan los números –los cuales según se informa en el sitio web del CELS contemplan el período que se inicia con la realización del primer juicio por delitos de lesa humanidad en el 2006 hasta la actualidad- es el notable incremento tanto en la evolución de la cantidad de personas acusadas como en los juicios que llegan a su finalización. En el primer ítem encontramos un incremento de más del 100 por ciento pasando de los 922 acusados que se registraban en el año 2007 a los 1861 que marca el 2012. Respecto de los juicios finalizados, a excepción de los años 2006 y 2007 que registraron el mismo número, los siguientes años han mostrado un incremento que llega a su pico máximo en el año 2011 con 21 juicios concluidos.

Respecto de los tipos de delitos de lesa humanidad que han sido condenados, los datos también son esclarecedores. El 30 por ciento de las condenas responden a la privación ilegítima de la libertad, el 29 por ciento a torturas y el 20 por ciento a homicidios. Completan la tipificación de delitos la apropiación de menores, el ataque contra la propiedad,  las agresiones contra la integridad sexual y la asociación ilícita. Con relación al rol de los condenados se destaca que el 55 por ciento responde a la figura de coautor.

Cabe destacar también que estas estadísticas muestran con claridad que el trabajo continúa y señalan cual es el camino que se va a seguir. A marzo de 2012 existían 386 causas activas, de las cuales 228 conforman el grupo de las que se encuentran en estado de instrucción. Digámoslo de otra manera: la contundente decisión de fortalecer el ejercicio de memoria, verdad y  justicia, y de encauzar lo realizado en una verdadera política de Estado, no se detiene. Otra prueba de esto es la cantidad de juicios en curso. En este punto los números del CELS indican que a marzo de este año hay un total de 12 debates que se desarrollan en  10 jurisdicciones (Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Santa Fé, Rosario).

Queda mucho por hacer, la citada nota de Página 12 lo confirma. Lo responsables directos del genocidio –uno de estos devenido por estos días en “interesante entrevistado”- mantienen secretos vitales para el avance de muchas investigaciones. También es cierto que todavía existen, y sin lugar a dudas, otro tipo de resistencias y obstáculos por superar. El sendero que se debe recorrer para terminar de sembrar en toda la sociedad una actitud final de reparación -frente a un período aciago de la historia argentina- y de atención -ante cualquier otra instancia en la que se registren delitos de este tipo- es complejo. Tal vez pretender que toda la sociedad acuerde con algo así sea una aporía. No son pocas las diatribas constantes de algunos sectores –mencionamos ya a los medios de comunicación pero podemos agregar grupos económicos y actores políticos entre otros- que a través de la omisión o por explícita convicción le dan la espalda a esta política. 

Sin embargo una de las insignias de un Estado fuerte es superar la puja de intereses corporativos –siempre presentes y también necesarios para un funcionamiento deseable de la institucionalidad- para luchar por un interés que se proponga el bien de todos. Todo parece indicar que es aquí donde el Gobierno nacional ha decidido -y no sólo en esta temática- situar al Estado. Las discursos políticos que durante años fueron vaciados de contenidos no cesan de encontrar su ligazón con la realidad, el relato tiene su correlato. “¿Quién pensó que los asesinos y genocidas que se paseaban libremente por las calles iban a ser juzgados por la constitución, por los jueces de la constitución y por las leyes de la constitución?”, expresaba Cristina Fernández de Kirchner en el acto que se realizó el 27 de abril en la cancha de Vélez Sarsfield. La respuesta es casi obvia: nadie. O, para no generalizar, pocos. Pero la obviedad cayó y esto nos permite ser testigos –también a algunos incrédulos positivistas- y partícipes de este momento de la historia. Un trayecto en el que las palabras enunciadas en los discursos políticos respecto de la defensa de los derechos humanos –pero también, y a riesgo de ser repetitivo, sobre tantos otros temas- muestran su verdad en las cifras.