La intención estuvo en discusión al menos una docena de veces, pero todas y cada una de estas quedaron en la nada. Si bien la mayoría de los proyectos de ley para garantizar y facilitar el acceso a la información pública fueron elevados por funcionarios, tiempo después fueron ellos mismos quienes no le dieron quórum para convertirlos en ley. Pero por primera vez en Mendoza, asoma una luz que proviene desde otro sector. Se trata de una idea que se intenta forjar desde el Sindicato de Prensa de Mendoza con aportes de todos los periodistas y mediante la cual se intentará traspasar el corralito de la información oficial.

La postal actual es que no hay números oficiales en la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia (DEIE), no se revelan las declaraciones juradas de los funcionarios, no se conocen demasiados datos acerca del ingreso de personal del Estado, las demandas contra el fisco no son reveladas y un centenar de impedimentos más para llegar a la información. Según organizaciones no gubernamentales, Mendoza es uno de los Estados menos transparentes. A la cabeza están la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Chaco, San Juan y Jujuy.

La idea surgió de un periodista local que envió un comunicado al sindicato adjuntando el proyecto de transparencia, ética pública y la obligación de los funcionarios de revelar su patrimonio, pero también uno de Alejandro Belmonte, quien trabajó la propuesta con un equipo de técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo. Este periodista sugiere, además, que se incorpore una ley de lobby para que los funcionarios estén obligados a informar con quién se juntan, por qué tema y dónde, y qué regalos reciben, tal como sucede en Chile desde hace un par de meses.

A partir de ese reclamo concreto, se ha pedido una audiencia a cada uno de los tres candidatos que aspiran a la gobernación: Noelia Barbeito (Frente de Izquierda de los Trabajadores), Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) y Adolfo Bermejo (Frente para la Victoria), para que expresen si promulgarían una norma de este tipo. Además, les recordarán que la Legislatura sancionó una ley para limitar la pauta oficial en aquellos medios que no cumplan con los acuerdos paritarios o las leyes laborales en sus empresas, que hasta ahora no ha sido promulgada por el gobernador Francisco Pérez.

Marisa Carrizo, secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza, comentó que se estudiará minuciosamente quién será el órgano aplicador de la norma, porque en algunos proyectos, como el de Belmonte, está previsto que sea el Ministerio de Gobierno y la periodista sostiene que debería ser un órgano extrapoder.

“Esto es algo que pretendemos en defensa de la profesión, pero también de los derechos ciudadanos”, remarcó la dirigente.

La titular del gremio asegura que será elaborado un anteproyecto y luego pedirán reuniones con las comisiones de Legislación de ambas cámaras en la Legislatura. Incluso se evalúa la posibilidad de gestionar un encuentro con Damián Loreti, abogado y profesor universitario argentino, especializado en Política y Derecho de la comunicación, para que forme parte de la elaboración del proyecto.
 

¿Con un dictamen?
El fiscal de Estado, Fernando Simón, es el autor de uno de los proyectos de transparencia que obtuvo media sanción en la Legislatura cuando era senador. Para él, si las leyes no avanzan, el órgano que dirige en la actualidad podría facilitar el acceso a través de un dictamen porque es un derecho ciudadano y está contemplado en la Constitución.

El exlegislador reconoce la deuda pendiente por parte de la Casa de las Leyes pero argumenta que ese órgano extrapoder podría solucionar el bache generado. Es que desde la reforma constitucional de 1994, momento en que se consagra el libre acceso a la información pública, se presentaron 12 proyectos sobre este tema, mientras que desde la aprobación de la ley nacional 25188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública” (1999) se han presentado nueve proyectos para replicar esa legislación federal en la provincia. El único que avanzó un paso y obtuvo media sanción fue el de Simón, pero no tuvo el visto bueno de Diputados.
 

Funcionarios y transparencia
En la Nación ya hay regulación sobre el tema de los funcionarios. La ley de Ética en la Función Pública tiene un capítulo que establece que la publicación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios nacionales, por las que se sabe la evolución de su patrimonio, debe darse a conocer.

En Mendoza no sucede lo mismo. Cada funcionario está obligado a presentarla en la Escribanía General de Gobierno, una especie de caja fuerte de “declaraciones oficiales” que hay en el segundo piso de la Casa de Gobierno. Pero desde ahí no salen y en muchos casos esos sobres aún están lacrados.

El gobernador Francisco Pérez anunció este 1.º de mayo, en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, que enviaría un decreto para que todos los funcionarios se vieran obligados a pasar por Fiscalía de Estado, y que sus declaraciones juradas con todo su patrimonio fueran reveladas en la página de ese organismo. Pero hasta el momento, ese decreto no ve la luz. Allegados a Paco aseguran que será poco viable, teniendo en cuenta que la Administración Federal de Ingresos Públicos establece que el patrimonio de una persona no puede ser develado.

Este impedimento fue rechazado de plano por el fiscal Simón, quien asegura que un funcionario es una personalidad pública y, por lo tanto, sabe que sus bienes pueden darse a conocer. Además, sostuvo que podría instrumentarse algún tipo de restricción, pero amparándose en cuestiones de seguridad. “Por ejemplo, si el funcionario tiene un Peugeot 208, vamos a decir que lo tiene pero no la patente”, ejemplificó Simón.
 

El camino
Todos esos proyectos que intentan quitarle el cepo a la información oficial establecen que si un funcionario no brinda datos a requerimiento de cualquier ciudadano, debe ser sancionado y hasta intimado a pagar con su propio sueldo. A partir de ahora y con el aval del Sindicato de Prensa de Mendoza, se abre una nueva puerta para que alguno de ellos vea la luz y tanto periodistas como ciudadanos puedan acceder libremente a información veraz y oficial.