Hay un centenar y medio de personas agolpadas en la esquina de San Juan y Catamarca, frente a las puertas del Arzobispado de Mendoza. Muchas de ellas aún no saben hablar; utilizan señas, aplauden en silencio para protestar. La imagen, inédita, corresponde a la tarde del lunes 19 y la consigna es clara: "Justicia a las víctimas del caso Próvolo".

La protesta esconde un hecho histórico que pasa inadvertido ante el caos de tráfico que muestra esa zona del microcentro. Es la primera vez en 16 meses que víctimas y familiares se animan a trasladar su habitual marcha del 19 de cada mes hasta las puertas del Arzobispado de Mendoza. "Los chicos quisieron venir" dice Paola González, madre de una de las víctimas de los horrores cometidos en el infame instituto del distrito de Carrodilla.

"No nos van a callar porque no tenemos miedo, porque el que va con la verdad no tiene miedo y nuestros hijos no mienten", declara Paola frente a la multitud agolpada.

No hubo más audiencia que los mismos manifestantes. Nadie contestó los golpes contra las puertas. No hubo banderas de militancia partidaria ni organización premeditada aparente. Tampoco hubo aerosoles o planchas de stencil. La protesta consistió en gritos de rabia convertida en acción y pancartas colgadas en las rejas de la institución eclesiástica. Unos resaltadores escolares flúo y lápices labiales hicieron las veces de pinceles para escribir sobre las paredes las expresiones resumidas de sus denuncias: abusadores, violadores, cómplices, encubridores.

"Estamos en el Arzobispado porque los chicos, los mismos sobrevivientes, decidieron venir", explica Paola a Unidversidad. "Los chicos ya se han cansado de que los llamen mentirosos, todas esas infamias que se dicen contra ellos y por eso esta vez, por primera vez, quisieron venir al lugar madre que representa todo esta historia de encubrimiento que todavía sufren", agrega.

En las palabras de Paola hay un dejo de angustia arrastrada por un revés recientemente superado. En noviembre de 2017, los abogados de las monjas imputadas –Kumiko Kosaka y Asunción Martínez– habían acusado a los intérpretes de lengua de señas de hacer una "falsa interpretación" al momento de tomar las declaraciones de los denunciantes. Todo como parte de una estrategia, aseguraban los familiares de las víctimas, pensada por la defensa para dilatar los plazos judiciales. La semana pasada, la Justicia finalmente decidió archivar dicha denuncia.

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Por ello el reclamo cargaba con pesares agravados por el contexto. Muchos de los presentes en la manifestación consideran al Arzobispado y a todo lo que esa institución representa como el principal impulsor de los cuestionamientos a las confesiones de las víctimas del Próvolo.

"Es la primera vez que los chicos deciden enfrentarse al Arzobispado, algo que los padres habíamos querido siempre, desde el primer momento, pero para lo cual los chicos se sintieron listos recién ahora", dice Paola, y agrega: "Venir hasta acá es una forma de enfrentar sus miedos porque venir acá, a un lugar tan simbólico como es el Arzobispado, siendo que ellos fueron abusados por curas y monjas, personas religiosas, es algo muy fuerte". Pasadas las 20, la protesta se desconcentró.

A partir de ahora vendrán días clave para la lucha de los denunciantes. El 28 de marzo, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo tendrá una audiencia ampliada con miembros del Gobierno en la que se pedirá al Ejecutivo que comience a hacer un seguimiento de cada una de las víctimas y aborde cada caso de manera integral.

Luego, en mayo, vencerá el plazo procesal establecido para cerrar la investigación y solicitar la elevación a juicio de la primera causa, en la que están imputados los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y los empleados del instituto Armando Gómez y José Bordón, más una tercera persona cuyo nombre, por orden judicial, no se puede publicar.

Entre tanto, el próximo 19, como cada 19, los gritos jamás escuchados se volverán a elevar.