Los testimonios presentados en el Juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza reflejan el contexto de miedo que rodeaba a secuestrados, detenidos, abogados defensores y cualquier persona que pueda ser relacionada con lo que las fuerzas de seguridad entendían como subversivo. Mucho de ese miedo se ha visto reflejado en los testimonios de familiares que buscaban a sus hijxs, hermanxs, incluso amigxs.

Un ejemplo clave es el de Vivian Acquaviva, que describió la situación de aislamiento que vivían quienes buscaban en las diferentes dependencias de las fuerzas de seguridad. “Estábamos con mucho miedo. Nos quedamos quietos un par de semanas para analizar en la familia lo que íbamos a realizar. (…) Ya sabía cómo venía… la magnitud de lo que era… había mucho armamento. No era una cosa de ir, declarar y volver. Esto era muy grave. (…) Estábamos completamente solas, mi mamá y yo. Teníamos miedo de hablar con nadie. Y también la gente tenía miedo de hablar con nosotras. Así que, por lo pronto, nos movíamos solas y todo por corazonada. Así que insistíamos”.

Vivian también le manifestó a la representante del Ministerio Público, Patricia Santoni: “Te explico, no sé si me podés llegar a entender el miedo que se vivía en aquel momento. ¡No se hablaba con nadie! Vos estabas encapsulada y tratabas de no mirar a nadie para no complicarlo en tu problema, porque si mirabas a alguien, el policía te veía que lo mirabas o le hablabas y podía correr algún peligro”. Además se sumaban las persecuciones que sufrían: “Éramos seguidas. Mi mamá, al trabajo y yo, a mis actividades: el colegio, el club; permanente”.

En el mismo sentido, Arnaldo Villegas, hermano de Edesio Villegas, que permanece desaparecido, habló de que eran perseguidos: “A mí me seguían, había un Ford Falcon siempre en mi casa. Nos seguían a mí y a mi esposa. Fueron a mi casa, me abrieron la puerta, incluso yo tenía una pequeña mueblería en ese tiempo y entraron a mi casa. Después nos seguían por todos lados con el auto verde. Eso fue antes de que desapareciera mi hermano. Después de lo de mi hermano fueron otras veces y también, medio como a saquearme la casa, la policía. Fue en esa forma, pero se querían llevar unas mesas, se querían llevar un montón de cosas. Dos mesitas, me parece que se llevaron, y otras cosas pequeñas, pero nada más”. Zelmira Villegas, hermana mayor de Edesio, refirió: “Seguimientos así, muy visibles, no. Pensábamos que podían, por eso nosotros nos cuidábamos, por eso yo cuidaba a mis hijos. (…) Nosotros estábamos más bien encerrados”. Cuando la familia se enteró del secuestro de Edesio, Zelmira explicó en la audiencia del 23 de septiembre: “Nadie sabe, no se decía nada más que eso: 'Desapareció', y por eso nosotros salíamos a buscar sin preguntar mucho porque teníamos temor, porque en esa época, yo me acuerdo que había que hablar lo menos posible”.

Para poder profundizar el contexto de persecución, el Ministerio Público ofreció el testimonio de Angélica Escayola de Guevara, quien junto a su marido accionó desde la justicia en la defensa de personas detenidas de forma ilegal.

Escayola, en la audiencia del 29 de septiembre, aclaró: “No puedo dejar de recordar los ataques sufridos por nuestra labor profesional. Eso es, en nuestra casa, un par de veces atentados con bombas incendiarias y explosivos, amenazas, y el episodio más álgido que fue el 31 de diciembre de 1974, en ocasión de que la bomba que nos pusieron a nosotros también fue puesta aparentemente por la misma gente, por el mismo comando operativo como le llamaban, en la casa del doctor Marianetti, la cual estaba cerca de la casa y escuchamos la explosión, y del doctor Eduardo Molina, que yo recuerdo al menos. Era fin de año y era la madrugada, seguramente el 1.° de enero del 75, año que iba a ser decisivo para nosotros porque, a raíz de algunas defensas que hacían Tom y Guevara, se los detuvo en sus estudios el 5 de marzo del 75 y se los llevó a la sede de la Policía Federal de la calle Perú. (…) Llegó el decreto para ponerlos a disposición del PEN, firmado por María Estela Martínez de Perón, con fecha del 6 de marzo del 75. A raíz de eso, tramitamos el habeas corpus para obtener el derecho a salir del país –estábamos en estado de sitio–. Fue apelado por la fiscalía por cuanto se ordenaba su salida, pero fue llevado a la Corte de la Nación, que dictó una resolución. Estoy hablando de mediados del 75. Esa corte ordenó a todos los jueces penales del país esperar 60 días después de ordenada la libertad a través de un habeas en situación de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En realidad fue un marco de muchísima inseguridad, porque estando yo en Buenos Aires tuve que esperar esos 60 días y hacer otro habeas corpus en la Justicia Federal de Buenos Aires, porque ya estaban en coordinación federal y todo el mundo hablaba de la proximidad del golpe, con lo cual los 60 días fueron realmente de una inquietud importante en relación con la posibilidad de salir del país”.

El colegio ausente

El representante del Ministerio Público, Dante Vega, le consultó a la abogada sobre si hubo algún pronunciamiento por parte del Colegio de Abogados de Mendoza respecto de estas situaciones de persecución y ataques a abogados, a lo que Escayola respondió: “La verdad que del Colegio de Abogados, no, y también es una constancia, hay que decirlo, como actitud de la colegiación. (…) Creo que los abogados deberíamos replantearnos nuestra posición frente a estos avances del terrorismo de Estado en democracia y en dictadura. No se entiende que quienes somos portadores del derecho como instrumento de justicia miremos para otro lado, pero sí hubo una solidaridad importante, porque hubo una solicitada, publicada en los diarios más importantes de la provincia, con la firma de muchos abogados que pedían la libertad del doctor Tom y de Alfredo Guevara. Y sé que por la firma de esa solicitada, después del golpe persiguieron a algunos de los firmantes”.

Frente a la pregunta del abogado Civit, defensor del exmagistrado Romano, con respecto a una querella que iniciara Roque Romano al doctor Guevara y a uno de sus clientes por ejecución por costas, Escayola aclaró: “Las costas eran un castigo más por meter un habeas corpus. Era normal, desgraciadamente, que, además de no saber del destino de un familiar, de un desaparecido o de alguien víctima de la represión, al que interponía un habeas corpus le imponían las costas y se las cobraban, particularmente cuando eran abogados molestos con estos temas”.

La Escuela de Periodismo

Una institución que sufrió la persecución y posterior desaparición fue la Escuela Superior de Comunicación Colectiva. Tanto el alumnado como el cuerpo de profesores y autoridades fueron víctimas del terrorismo de Estado, como expresó quien era director de la Escuela por aquellos años, Daniel Prieto Castillo. “Al interior de la escuela se vivió una fuerte convivencia entre todas las tendencias que había en el estudiantado. No puedo mencionar conflictos más allá de la discusión sobre de quién era el Centro o de quién tenía mayor cantidad de votos en alguna elección”.

Las primeras señales comenzaron en “el año 74, que estuvo marcado por el proceso que se vivió en función de una solicitud de mayor presupuesto y la posibilidad de ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo, porque éramos instituciones de la provincia. Y eso se marcó muy fuerte en junio del 74, cuando la Escuela estuvo tomada 15 días por los estudiantes y hubo manifestaciones fuertes en la calle en función de conseguir que hubiera, por parte de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto”.

Con la renuncia de Martínez Baca en 1974, se les solicitó también la renuncia, pero Prieto Castillo continuó en la dirección de la Escuela. En noviembre de ese año, el profesor Dardo Olguín se hizo cargo de la Dirección General de Escuelas, de la que dependía la llamada Escuela de Periodismo. Ya para marzo de 1975, Prieto Castillo explicó que la UNCUYO fue intervenida y él fue expulsado. Para “abril del 75, Dardo Olguín vino a verme y me djo que no podía garantizar la seguridad de la Escuela si yo no renunciaba. Renuncié pero seguí de profesor en la Escuela y entró como interventor Edmundo Tomei, un periodista de Mendoza. Ese fue el año donde ya todo se desencadenó: en junio asesinaron a Amadeo Sánchez, había un clima muy enrarecido. La escuela siguió funcionando, es decir, las materias no fueron tocadas, los cursos se daban, pero evidentemente era una tensión muy grande”.

Cuando la fiscal Patricia Santoni le preguntó quiénes recordaba que hubieran sido perseguidos, Prieto Castillo explicó que “en primer lugar, era la gente que había formado parte de los centros de estudiantes. Era el caso de Billy Hunt, la misma Raquel Moretti, eran personas que estaban muy preocupadas”.

Un hecho que marcó a la Escuela fue el asesinato de un alumno, Amadeo Sánchez Andía. “Amadeo fue asesinado en junio y allí se generó un temor muy grande; primero, porque no había manera de ir a verlo, había mucho miedo de ir a verlo. De hecho, me acuerdo de que sólo una religiosa que era alumna de la escuela fue a verlo. Pero había mucho temor de ir a verlo porque estaba en calidad de detenido y en ese momento había mucho temor a todo esto. Lo que recuerdo es que él iba en un viaje en micro y tuvo un accidente, había quedado en el hospital de San Martín, si no recuerdo mal, y ahí se generó un tiempo de cuatro, cinco o seis días que estábamos muy preocupados, hasta que se produjo el hallazgo del cuerpo”.

Consultado acerca del estudiantado, Prieto Castillo recordó: “Hubo un estudiante que me pidió si podía guarecerse unos días. Tenía problemas, entonces necesitaba literalmente esconderse unos días. Había una posibilidad de que estuviera en un depósito de muebles de un pariente y él se quedó ahí unos cuatro o cinco días”.

Parte del profesorado también sufrió persecución y muchos, como Prieto Castillo, optaron por el exilio. “Siempre menciono en estos casos a Jorge Bonardel, que era profesor de la escuela; el caso de Russel, que se tuvo que ir antes, era profesor de la escuela; Miguel Longo, que también tuvo que viajar, estuvo en Bolivia”. A principios de diciembre de 1975, Prieto Castillo se exilió en México. “De todas maneras, cuando se produjo el cierre de la Escuela en el 76, prácticamente todo el mundo quedó despedido de la Escuela. Yo ya estaba en México y fue con el golpe militar. La Escuela mantuvo los programas y funcionó en ese clima del año 75, pero funcionó hasta que se produjo el golpe. No fue automáticamente porque la Escuela fue transferida a la Universidad Maza, y ahí se terminó todo el programa que habíamos trabajado. Es decir, los planes que habíamos trabajado desaparecieron”.