Se sancionó la ley que prohíbe las carreras de los llamados perros galgos en todo el territorio argentino y estableció hasta 4 años de cárcel y multas que van entre los 4 mil y 80 mil pesos a quien realice esta práctica, la promueva u organice. La legislación despertó polémicas y el diputado en la Nación por Mendoza Alejandro Abraham aseguró que es inconstitucional.

El proyecto que condena las carreras de los canes de raza greyhound, o “galgos” -como los denominamos los argentinos-, se convirtió en ley esta mañana. Fueron 132 los legisladores que votaron a favor de la iniciativa, principalmente del frente Cambiemos, del massismo, el justicialismo y la izquierda. Otros 17 diputados, representantes del Frente para la Victoria (FpV) y Alfredo Olmedo de Salta, votaron en negativo.

De los diputados que representan a Mendoza en la Nación, Graciela Cousinet (Libres del Sur) fue una de las que avaló el proyecto. La legisladora, en diálogo con Unidiversidad, argumentó que la ley permite terminar con una de las formas de maltrato animal, y aseguró haber sido testigo de ello. Contó que una vez hizo una donación a un refugio de animales del departamento de San Martín en el que habían perros galgos rescatados de las carreras y que estaban en muy mal estado.

También denunció que los “galgueros” no le permitían ingresar al Congreso a algunos diputados para el debate de esta iniciativa, y que uno de ellos había llevado a un perro galgo para mostrar su buen estado, a pesar de competir, y colapsó en el medio de la vía pública. Cousinet también dijo que cuando quiso fotografiar este hecho, la comenzaron a empujar y no se lo permitieron.

Según la diputada, los que organizan, practican o promueven las carreras de galgos son una mafia porque es una actividad ilícita, clandestina y delincuencial. Asimismo, aseguró que como seres humanos “tenemos la obligación de proteger a los animales” y negó que esta práctica fuese una tradición argentina. “Argentina fue uno de los primeros países en prohibir las corridas de toros”, afirmó. Por todo esto, Cousinet expresó que es una “ley humanizante, que nos hace una sociedad mejor”.  

En el mismo sentido que la diputada, la veterinaria y presidenta de la Fundación Cullunche Jennifer Ibarra, dijo que la carrera de galgos es un “uso y abuso” de los perros y que, para ella, no dista de las carreras de caballos. También calificó de “hipócritas” a quienes consideran esta praxis es una fuente de trabajo, sino que son las personas con buena situación económica las que la promueven y que dejan como únicas víctimas a los animales.

Ibarra aseguró que en Mendoza estas carreras se realizan principalmente en pistas de tierra en campos privados y que la prohibición de estas carreras traerá otros beneficios, como es el tráfico de drogas que se les suministran a los perros para que compitan.

Por otro lado, Gustavo Pronotto -veterinario y exdirector del Zoológico de Mendoza durante la gestión de Francisco Pérez-, cree que la ley con la prohibición sólo traerá una clandestinidad más marcada de lo que ya es. En realidad, se expresó preocupado por los animales porque considera que puede haber un peor maltrato del que ya hay. Lo que se debería haber reglamentado, según él, son unas penas mucho más duras y graves para quienes ejercen el maltrato animal en cualquiera de sus formas. También manifestó que a pesar de que se prohíba, la práctica -lamentablemente-, no dejará de existir.

La contundente negativa de Alejandro Abraham

Abraham aseguró que cada provincia tiene su propio organismo de control de juegos y competencias de este tipo. Por ejemplo, en Mendoza, es el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). Por lo tanto, la prohibición de las carreras de galgos, partiendo del Congreso de la Nación, es una violación al federalismo y que éste debería ser respetado. Además, marcó la contradicción de que el mismo Congreso que ha prohibido la carrera de los galgos es el mismo que avaló que el distrito General Las Heras de Buenos Aires fuese la Capital Nacional del Pato, deporte nacional que también se practica con animales.

Entonces, el diputado marcó la diferencia entre maltrato animal, de lo que está en contra, de la prohibición, que debería haber sido iniciativa de las provincias.