Según informó la Cancillería argentina, el comité asesor examinó un informe de investigación sobre el impacto que tienen las actividades de los fondos buitre, según el mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos en una iniciativa liderada por Argentina en septiembre de 2014. "En el informe se analiza el impacto negativo que los fondos buitre tienen en la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y las acciones que estos, individualmente o en conjunto, pueden tomar para enfrentarlos", indicó el comunicado de la Cancillería.

Asimismo, informó que el estudio "pone de manifiesto las preocupaciones crecientes que generan las estrategias empleadas por los fondos buitre, exacerbadas por la ausencia de un mecanismo jurídico internacional que regule sus actividades y las responsabilidades de sus impactos negativos". "Es su modus operandi el que los define como 'buitre', ya que se niegan a participar en procesos de reestructuración de deuda de forma ordenada y transparente y, en cambio, se benefician de la opacidad y falta de control existente en el mercado secundario y en los paraísos fiscales", explicó.

Dice además que "la práctica predatoria de estos fondos es de larga trayectoria, en particular contra países en desarrollo" y destaca que "este hecho alarmante sólo ha tomado notoriedad pública tras la batalla de la Argentina contra NML, que ha impulsado a la comunidad internacional a tomar medidas". "Es interés de los fondos buitre obstaculizar y demorar los procesos de reestructuración de la deuda, ya que su expectativa de obtener beneficios aumenta en proporción a los problemas económicos y financieros de país. Ello ciertamente aumentará sus beneficios, pero también el sufrimiento económico y humano", concluye el informe.