Subieron el 300 % los ciberataques por el aumento del uso de Internet

Sociedad

Sain expuso en Mendoza también sobre el paradigma de una nueva cultura de la ciberseguridad a nivel gubernamental, en una charla en modalidad mixta, presencial y virtual, que fue organizada por la Universidad Champagnat como parte de la Diplomatura en Cibercrimen y Evidencia Digital. El director nacional de Ciberseguridad invitó a los referentes informáticos con los que se reunió a que se genere una mayor participación y colaboración dentro del ecosistema digital nacional y local, y agradeció el encuentro que fue promovido por el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Adaro.

Otro aspecto del tema anunciado por Sain es que las aplicaciones deberán tener un nivel de seguridad que proteja los datos personales. Un comité de expertos creado por el Gobierno nacional dará los lineamientos técnicos para que el sector público del país desarrolle aplicaciones seguras, que protejan la ciberseguridad y los datos personales de quienes se conectan a internet desde sus celulares.

“La incorporación de parámetros de seguridad, desde el inicio, en todos los desarrollos de software, reducirá la posibilidad de que estos presenten vulnerabilidades que aumenten el riesgo de ataques a las plataformas tecnológicas del Estado y puedan comprometer los datos personales de quienes utilicen dichos sistemas”, señaló Sain.

Sain se refirió también a la reciente decisión administrativa nacional sobre “Requisitos mínimos de Seguridad de la Información para Organismos”, lineamientos a los que las provincias pueden adherirse y tener como referencia. “Las nuevas formas de ataques informáticos y la actividad maliciosa en general avanzan y se modifican en forma vertiginosa, lo que obliga a mantener actualizadas las herramientas, protocolos y marcos normativos”, explicó. El funcionario agregó que recientemente se ha creado el Centro nacional de respuesta a incidentes informáticos (CERT.ar), dedicado a coordinar la gestión de incidentes de seguridad a nivel nacional, prestar asistencia, administrar y gestionar toda la información sobre reportes, y asesorar ante estos ataques o vulneraciones.

La dirección nacional de Ciberseguridad se creó en 2015 y dependía del ex-Ministerio de Modernización de la Nación. En la actualidad, depende de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a cargo de Martín Olmos, dentro de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación. Su responsabilidad primaria es la de elevar los estándares en materia de seguridad de la información del sector público nacional, generar capacidades de prevención, detección, respuesta y recupero ante incidentes de seguridad informática dentro del sector y proteger las infraestructuras críticas de información.

"La Dirección Nacional de Ciberseguridad no tiene muchos años dentro de la administración pública nacional y busca elevar los estándares. Es fundamental que haya una política uniforme y un organismo rector que establezca los principios en materia de seguridad de la información", sostuvo Sain.

El funcionario detalló los principales desafíos de una política de ciberseguridad nacional y cómo se articula con las provincias. “En primer lugar, lograr el cumplimiento efectivo de políticas de seguridad de la información basados en estándares internacionales, generar una cultura de la ciberseguridad dentro de la Administración Pública que incluya programas de concientización para empleados y capacitación continua de recursos humanos de las áreas de seguridad informática de las dependencias, y ampliar la sinergia entre el sector público y el privado para establecer líneas de trabajo conjuntas en materia de ciberseguridad”.

Respecto de la labor con las 24 jurisdicciones subnacionales, indicó: “La Dirección Nacional de Ciberseguridad articula a nivel nacional con las diferentes provincias en el marco del Cofefup, el Comité Federal de la Función Pública, donde nos nutrimos de buenas prácticas existentes a nivel jurisdiccional e invitamos a adherir a las diferentes disposiciones del gobierno nacional en la materia para que puedan incorporar las políticas en sus provincias. Asimismo, brindamos asistencia para la creación de Equipos de Respuesta a Incidentes a nivel jurisdiccional y ofrecemos instancias de capacitación a través del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP Federal)”.