Patricia González Prado, abogada de la familia de Gisela Paola Gutiérrez, aseguró que este caso es una muestra de la desidia de los poderes del Estado, que no dan respuestas a las víctimas. 

González Prado representa a la familia de la joven de 24 años que fue vista por última vez el 19 de julio en el barrio La Favorita, de Capital, y de la que nada se sabe desde entonces. La denuncia por averiguación de paradero quedó radicada en la Oficina Fiscal Nº 2, ubicada en el barrio Cano, de Capital.

Con el patrocinio de González Prado y de Lucas Fallet, que forman parte de grupos feministas autoconvocados, la familia se convirtió ayer en querellante en la causa, lo que le permitirá colaborar en la investigación, ofrecer pruebas, asistir a las audiencias, aportar testigos y acompañar pericias.
 

Sin rastros

Según relataron los familiares cuando acudieron a la Legislatura para pedir justicia, la última vez que vieron a la joven fue el domingo 19 de julio. Esa noche, la mujer de 24 años pasó por la casa de su hermana, ubicada en el barrio La Favorita, de donde salió con un vecino con destino a sus respectivas viviendas. El hombre regresó, pero nadie volvió a ver a la chica. Según relató su madre, con quien vivía Gisela hasta el momento en que desapareció, la mujer tiene tres hijos y está embarazada de cuatro meses.

La familia hizo la denuncia de su desaparición en la oficina fiscal Nº 2. Además, y tomando en cuenta los dichos de algunos vecinos sobre la posibilidad de que haya sido captada por una red de trata de personas, realizó la denuncia a la línea nacional 145.

La abogada Patricia González Prado dijo a Unidiversidad que el caso de Gisela muestra las falencias y la desidia de los sistemas que deben dar respuestas a las víctimas y sus familias, tanto en el ámbito del poder Judicial, como del Ejecutivo. González Prado aseguró que aún no hay novedades en la investigación que se sigue por averiguación de paradero, como tampoco en la intervención que la familia dio a la línea nacional 145, por el temor de que la joven haya sido captada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

La abogada comentó que acudieron a la Justicia Federal por esta última investigación (el caso está en ese ámbito porque la trata de personas es un delito federal), y que ahí les confirmaron que desconocían la denuncia, porque no recibieron ningún oficio desde el organismo que maneja la línea 145. González Prado dijo que esta es una de las falencias graves del sistema, porque justamente la línea está disponible para que la Justicia pueda actuar dentro de las 24 a 48 horas de la denuncia, teniendo en cuenta que muchas mujeres que son captadas por redes de trata son trasladadas a otras localidades o provincias.

Frente a este panorama, desde la Justicia Federal con sede en Mendoza, se envió una compulsa al organismo que está encargado de manejar la línea 145, para que comunique en forma oficial la denuncia del caso y así puedan iniciar la investigación. La abogada comentó que una vez que esto suceda, la familia de la joven también se convertirá en querellante en esta causa que está en manos de la Justicia Federal.
 

Desidia oficial

González Prado aseguró que el caso de Gisela es una muestra de la desidia oficial. Dijo que la joven fue víctima de una violación hace cuatro meses –a raíz de la cual quedó embarazada– y que hizo la denuncia en la misma fiscalía en la que quedó asentada su desaparición, pero que la causa fue archivada. La abogada recalcó que las pocas pericias que se hicieron en la investigación por la violación están sustentadas en prejuicios y en juzgar moralmente a la víctima, en lugar de determinar quiénes fueron los responsable del ultraje.

Los legisladores pedirán explicaciones por la actuación judicial. Según comentó la senadora del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito, los integrantes de las comisiones de Derechos y Garantías y de Género y Equidad realizarán un pedido de informes al procurador general de la Corte, Rodolfo González, para conocer cuál fue la actuación de ese poder en este caso.