Chano, la salud mental, las internaciones y adicciones

Sociedad

De acuerdo con documentos judiciales filtrados recientemente, su padre controló la fortuna de 60 millones de dólares de Britney y todos los aspectos de su carrera y vida íntima, desde los términos de sus shows hasta si podía reemplazar los muebles de su cocina. El principal problema de la normativa norteamericana es "que no ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, por eso allá están hablando todavía de tutela y, cuando Britney fue a hablar con la jueza, la escuchó, pero sigue todo igual", dijo a Télam Nicolás Pantarotto, abogado de la Defensoría Pública Curaduría Nº 2 en la Ciudad de Buenos Aires, organismo que actúa en procesos judiciales referidos al ejercicio de la capacidad jurídica.

"Celebramos que el señor Spears y su abogado hayan admitido en una declaración que deben dejar su puesto", dijo el abogado de la cantante, Mathew Rosengart, en un comunicado.

¿Quién es el padre de Britney Spears y por qué tiene la tutela legal de su hija? 
 

Desde 2008, James Parnell Spears maneja las finanzas de su hija junto a una firma de gestión de patrimonios, Bessemer Trust, que también controla otros aspectos privados de la vida de la mujer y que este jueves, en un nuevo desarrollo de los acontecimientos, pidió renunciar a la tutela. La renuncia de la empresa se produce días después de unas emotivas declaraciones de Britney Spears en una audiencia pública de Los Ángeles, en las que aseguró que la tutela que "controla su vida" es "abusiva".

En junio, ante el tribunal, la cantante reclamó muy emocionada el fin de la tutela ordenada por un juez hace 13 años, puesto que la considera abusiva y humillante, y acusó a su padre de haber arruinado su vida. Britney Spears no actúa desde 2018 y dijo que no regresará a los escenarios mientras su padre continúe controlando su carrera.

"Si el padre da un paso al costado, vendría otra persona en su lugar, pero esa otra persona sería elegida por Britney y sus abogados", agregó Cabral en diálogo con Radio U. 

Salud mental en Argentina 

En Argentina, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) fue ratificada en 2008. En su artículo 12, la norma establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica tanto de ser titulares de derechos y deberes como de poder ejercerlos por sí mismas, en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

Para adecuar la normativa Argentina al artículo 12 de la Convención, el Código Civil y Comercial de la Nación fue reformado en 2015, con la introducción del régimen de apoyos en reemplazo del anterior sistema de "representación o curatela". El régimen de apoyos se diferencia de la curatela porque propicia que la persona con discapacidad decida sobre las cuestiones de su vida y que no lo haga un tercero en su lugar. Tampoco puede imponerse el apoyo contra la voluntad de la persona titular del derecho; en la sentencia, el juez debe determinar exactamente los actos que requieren la asistencia de uno o varios apoyos, por lo que se trata de "un traje a medida", graficó Pantarotto. 

Asimismo, el nuevo Código habilita que la persona participe en todo el proceso e impone al juez entrevistar personalmente al interesado antes de dictar resolución alguna. La curatela sigue vigente solo para casos excepcionales, cuando "la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo", dice el Código Civil en el artículo 32.

Durante el 2020, se asistió a 11 051 personas en procesos de restricción a la capacidad jurídica en las veinte defensorías públicas curadurías de la Ciudad de Buenos Aires. Del total, 3791 personas (el 34,3 %) están internadas, según el último informe anual del Ministerio Público de la Defensa.

El nuevo marco legal argentino también se completa con la Ley Nacional de Salud Mental 26557, sancionada en 2010, que parte de la concepción de que las personas con padecimiento mental deben gozar de todos los derechos humanos declarados universalmente. En la actualidad, hay un total de 12 035 personas internadas por motivos de salud mental en la Argentina y el promedio de tiempo de internación es de ocho años, según el 1.° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental de 2019. En el país, el 1.º de julio, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que modifica la Ley 26130 de contracepción quirúrgica para otorgarles a las personas con discapacidad el derecho de expresar su voluntad para acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura tubaria" y "vasectomía". 

"Britney fue internada en contra de su voluntad en reiteradas ocasiones. En más de una oportunidad, su padre abusó de los problemas de salud mental que tuvo la cantante, como los puede tener cualquiera, para tomar decisiones en contra de ella", cerró Cabral.