El escandalete mediático en torno de un proyecto de ley en el Congreso Nacional que ni siquiera ha sido llevado a tratamiento lleva mucho a pensar cómo los poderes fácticos siguen actuando en la Argentina. Apoyaron mayoritariamente al gobierno de Macri y casi unánimemente se dedican a esmerilar al de Alberto Fernández.

El proyecto, que descansa en el cajón de unos pocos diputados y diputadas que lo redactaron, plantea que las prisiones preventivas de personas que han sido afectadas en su presunción de inocencia y buen nombre por "informaciones" de los medios masivos deben ser revertidas.

¡Vaya pretensión! La inefable Adepa, que supo callar durante la dictadura y también cuando la persecución a diversos periodistas hasta hace poco tiempo (¿a dónde fue a dar Sandra Russo?; ¿a dónde Barone?; ¿a dónde Roberto Navarro?), puso el grito en el cielo. Como siempre, su talismán mágico fue la supuesta defensa de la "libertad de prensa". Pero no hay tal: se trata de la libertad de manejar la opinión pública por parte de unos pocos propietarios del gran sistema de medios. La concentración de ese sistema es monumental: el grupo Clarín manejaba más de 230 licencias ya hace varios años: le seguía el grupo Vila, con alrededor de 40. Es la libertad de decidir sobre la opinión lo que defienden.

Lo cierto es que la reacción airada muestra la desesperación por tapar la información en torno del lawfare. En su momento se trató de quitar la condición de juez a Ramos Padilla para impedir la nauseabunda oleada de hechos que allí aparecieron, de la mano de D'Alessio. Ahora se discute cuánto se les habría pagado a Fariña y Vanderbroele. El manejo irregular y arbitrario de las prisiones preventivas, según dictó el camarista Irurzun, y los abusos reiterados del ahora fallecido Bonadio son apenas la punta del iceberg de una persecución político/judicial que tuvo base en el espionaje y gozó de apoyo mediático, pero que ahora hay que tapar a cualquier precio.

Lo triste es que efectivamente se lo puede tapar. La hegemonía mediática de la derecha en Argentina es aplastante. El sistema de medios no responde a lo que votó la gente en las elecciones. Tampoco a una ecuánime diversidad según ideologías.

El progresismo se expresa en "Página/12", "Tiempo Argentino" y C5N. Nada más. La derecha comanda los medios, desde "La Nación" y "Clarín" a casi toda la televisión comercial, y buena parte de la emisoras de radio. En Mendoza manejan la absoluta totalidad de la prensa, radio y TV (excepto medios menores y alternativos, y unos pocos periodistas aislados). El sistema de medios no representa a la sociedad ni a la pluralidad ideológica que en ella se expresa: representa a los dueños del dinero.

Ahora, ¿qué hacer para modificar esa realidad? El caso de la persecución político/judicial/mediática lo muestra bien: es difícil modificar esta pesada condición. Ya la "ley de medios" del gobierno kirchnerista fue ejemplo: se la erosionó judicialmente, pero sobre todo...¡¡mediáticamente!! Los medios protegen a los medios.

Los de más edad recordamos aquello de "quién le pone el cascabel al gato". Los ratones sesionan y concluyen: si el gato tuviera puesto un cascabel, cada vez que se acercara tendríamos tiempo de escondernos. Todos de acuerdo. Y luego... ¿quién va a ponerle el cascabel al gato? Total silencio.

Con los medios es igual: cualquiera que quiera modificar algo de su poder casi omnímodo será aplastado por los propios medios, que se encargarán de anularlo de todos los modos posibles. El cascabel, es claro, rara vez llega al cuello de quien lo merece.