Industria del cannabis: del autocultivo a la legalización y producción

Sociedad

La reglamentación del Ministerio de Salud de la Nación dio luz verde al autocultivo y el cultivo solidario, y eliminó la restricción del uso exclusivamente para la epilepsia refractaria. Con algunas limitaciones que las ONG se encargaron de señalar, la nueva normativa fue recibida como un triunfo en la sociedad civil.

¿Y en Mendoza?

La Provincia siempre estuvo atenta a las potencialidades del cáñamo. En el plano sanitario, ya en 2017 la Legislatura convirtió en ley un proyecto que permitía la importación del aceite de cannabis para casos de epilepsia refractaria. La Ley 8962 fue pionera en relación con lo que pasaba en otras provincias, pero no fue suficiente.

"La ley provincial hablaba de epilepsia refractaria, pero, a futuro, lo dejaba abierto a otras patologías. Eso está trabajándose a través del Ministerio de Salud", informó la coordinadora de la Unidad de Control de Cannabis, Virginia Coraglia.

La abogada consultada por Unidiversidad fue designada en el cargo recientemente, cuando se reglamentó una nueva ley que la Legislatura sancionó en diciembre. Esta, la Ley 9298, formalizó la adhesión de Mendoza a la norma nacional de 2017 y a su reglamentación de 2020.

Al mismo tiempo, el enfoque de la 9298 es distinto al de la ley nacional y viene a complementarlo. "Nosotros nos abocamos únicamente a proyectos productivos", remarcó Coraglia, y recordó que si uno quiere realizar un autocultivo, debe tramitarlo ante el Gobierno nacional, que creó para ese fin el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).

Con esta norma, Mendoza sentó las bases para la creación de una industria del cannabis medicinal. Se adelantó así a lo que sucede en la Casa Rosada: Alberto Fernández anunció en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso las intenciones del oficialismo nacional de avanzar en ese sentido. Para hacer cumplir la 9298, se creó a través de un decreto reglamentario la Unidad de Control de Cannabis, a cargo de Coraglia, y también un registro de personas humanas y/o jurídicas que estén habilitadas a intervenir en la industria.

"Estamos tratando de incentivar todos los eslabones. No solamente la importación de la semilla, sino también el cultivo, la extracción de la resina y, finalmente, la industria farmacéutica", resumió la funcionaria respecto del estado de situación del cannabis en Mendoza.

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Una visión "menos estatista"

Mientras la Provincia prepara el sistema de licencias y los protocolos específicos que deberán cumplir quienes quieran invertir en algún eslabón de la cadena productiva del cannabis medicinal, por ahora se descarta la idea de la producción pública. En cambio, a nivel nacional, está previsto que el Conicet y el INTA fabriquen el medicamento. "Hemos tratado de dejarlo no estrictamente para el ámbito público —indicó Coraglia—. Efectivamente, creemos que lo que va a pasar es que los privados van a tender a autorregularse. Si aparece un municipio que quiera hacerlo, podría hacerlo, pero nosotros tomamos un camino diferente a otras provincias: creemos que es una política pública, pero que no por eso el Estado tiene que producir".

Entonces, a través de la Unidad de Control de Cannabis, el Gobierno está abocado a la creación de los requisitos que se pedirán para cultivar la planta y producir cannabis medicinal. "Va a pasar por distintos tipos de evaluación: una evaluación de carácter agrícola, de salud, de seguridad, fitosanitaria", aseguró la funcionaria.

Actualmente, el Estado provincial importa aproximadamente $ 20 millones al año en aceite de cannabis solamente para el tratamiento de la epilepsia refractaria. El frasco de 100 ml se compra a un valor cercano a los USD 475.