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El ala sindical y el peronismo más intransigente critican las decisiones polémicas del gobierno de Alfredo Cornejo con acciones concretas. En la misma jornada, La Cámpora se mete en el conflicto por el río Atuel y el SUTE quiere la inconstitucionalidad del ítem aula. La semana pasada, la multisectorial sindical opositora hizo lo propio pidiendo tarifa social para 5000 mendocinos.
Anabel Fernández Sagasti metió la cuchara en el conflicto con La Pampa por el uso de las aguas del río Atuel. Foto archivo: Axel Lloret.
Dos acciones diferentes esta semana y una el viernes pasado muestran a las claras que el peronismo más duro está buscándole el talón de Aquiles al gobierno de Alfredo Cornejo. Se trata, por un lado, del intento fallido que realizó el Ejecutivo provincial, a través de la vicegobernadora Laura Montero, por manejar extrajudicialmente el conflicto con la provincia de la Pampa por el uso del caudal del río Atuel, que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otro, un reclamo del SUTE por hacer caer el ítem aula, y en tercer lugar, el pedido de tarifa social para que 5000 mendocinos paguen con beneficios las boletas de la luz.
Sagasti se queja por el Atuel
Montero envió una propuesta al gobernador de La Pampa, Carlos Verna, solicitándole un arreglo “diplomático” con la condición de que esa provincia retirara la medida judicial contra Mendoza. Verna lo rechazó.
En este sentido, la senadora nacional del FpV, Anabel Fernández Sagasti, le reclamó al gobernador Alfredo Cornejo, la falta de participación de los legisladores nacionales en el asunto, argumentando que la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores de la Nación sesionará durante las próximas semanas en La Pampa, “con serias posibilidades de que allí se avale la posición de esa provincia”, sostuvo la senadora camporista.
Además, denunció que las acciones para defender los intereses de la provincia se dan en forma desarticulada, y que así no puede concretarse ninguna estrategia de conjunto. En otras palabras, que se los está dejando afuera.
El SUTE contraataca por el ítem aula
Después de que el gobernador mendocino lograra incorporar un sistema de premios y castigos a los empleados de la administración pública en la Carta de Intención por el Federalismo –documento firmado por los gobernadores que participan en el pacto federal y que devolverá a las provincias el dinero de la coparticipación con el que se fondeaba a la Anses–, el sindicato estatal de docentes (SUTE) sale a pedir la derogación del polémico ítem por inconstitucional. Si bien se trata de una dura pelea que proviene desde el inicio de clases, el sindicato más combativo a la actual gestión radical impone nuevamente el tema en agenda.
La multisectorial contra el tarifazo
Cabe recordar que esta misma semana la multisectorial sindical que se expresa en contra de las decisiones del gobierno de Cornejo llevó adelante otra acción cuasi de protesta: horas antes de que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, visitara la planta de Impsa en Mendoza y recomendara pagar las polémicas boletas post-tarifazo, los miembros de los sindicatos combativos se dirigían al Ente Provincial Regulador Eléctrico –EPRE– para presentar 5000 solicitudes de tarifa social de mendocinos que no pueden pagar los servicios tal y como vienen facturados.
Si bien se trata de medidas opositoras testimoniales, porque no cambian el fondo de ningún asunto público, son los únicos atisbos certeros de oposición que existen, hoy por hoy, en Mendoza.
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