La aprobación de la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal fue posible sólo porque el oficialismo decidió, a último momento, eliminar las modificaciones que se harían al manejo de la información pública. Esto había generado conflicto entre el Gobierno y los periodistas, ya que el artículo 7 implicaba una canalización y centralización de la información en materia jurídica respecto a los delitos.

El miércoles 21 la oposición se había negado al tratamiento de la reforma legislativa en la sesión de diputados argumentando que la séptima cláusula del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo posibilitaba al Ministerio Público Fiscal a censurar, distorsionar o manipular la información. El viernes 23, el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, había defendido la ley y este ítem en particular, y dijo que no había intención alguna de hacer un cepo judicial a la labor periodística.

El lunes 26, el Sindicato de Prensa hizo una presentación en la Cámara de Diputados y su secretaria general, Marisa Carrizo, advirtió que si la ley se sancionaba con el artículo 7 tal y como estaba redactado, iniciarían acciones judiciales contra el Gobierno por la inconstitucionalidad de la legislación. En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), se había reunido ese mismo día con Gullé para manifestarle la misma preocupación. Ayer, martes 27, representantes del gremio también hicieron lo propio.

Entre anoche y esta mañana, el Procurador había anunciado a los medios de comunicación que enviaría a la Cámara de Diputados una modificación a ese artículo, de manera que serían los fiscales quienes decidirían si la información se la daban a los periodistas o la oficina de prensa de la Procuración General. Al mediodía de hoy, minutos antes de dar inicio a la sesión y al debate de la reforma, el Sindicato se reunió con el bloque del Frente para la Victoria (FpV) para discutir sobre esa propuesta de Gullé, ante la cual tanto los diputados como los miembros presentes del gremio coincidieron en que tampoco había acuerdo.

Gullé confirmó para Unidiversidad que esta negativa fue la que hizo que el bloque oficialista de diputados le consultara si estaba de acuerdo en dejar la redacción de ese artículo como está en la ley aún vigente, que era desde un principio el reclamo tanto del Sindicato como de FOPEA. El Procurador dio su consentimiento y en pleno recinto de la Legislatura, el diputado Jorge Albarracín (UCR), anunció que la ley se dejaría tal y como está, en cuanto al aspecto de la información pública.

Esta cronología de hechos demuestra varias cosas. La primera es que el oficialismo aceptó algo que había advertido a Unidiversidad el periodista Luis Ábrego, miembro de FOPEA y que participó en la reunión con Gullé: el artículo 7 carecía de sentido. La segunda, es la urgencia que tienen desde el Ejecutivo y desde la Procuración para aprobar la reforma de la ley y comenzar con las reestructuraciones del Ministerio Público Fiscal. La tercera, es la capacidad de la movilización colectiva, en este caso de los periodistas, para lograr un objetivo que hace a la virtud de la democracia: defender el rol del periodismo y la importancia del acceso a la información pública a través de una fuente primaria.  

Alejandro Gullé y Néstor Parés fueron quienes militaban por el artículo 7 y quienes decidieron, a última hora, no aplicarlo en la reforma del Ministerio Público Fiscal. Foto: Archivo / Axel Lloret.

El por qué de la marcha atrás

El presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, lamentó que “una ley tan importante se centre sólo en un párrafo de un artículo”. Siguió en su postura de defensa de la descartada modificación y dijo que de ningún modo se quería violar la libertad de expresión.

Según él, no tenía sentido forzar una votación partida, a pesar de que el bloque radical tenía el número para darle media sanción. “La idea es que fuera una ley de consenso. El Procurador trajo otra modificación, tampoco satisfizo, volvimos a hablar con él y accedió a que se dejara como estaba”, dijo. También insistió en que el artículo había sido malinterpretado y que se ha visto una mala intención que está convencido de que no existe.

Alejandro Gullé coincidió con Parés y aseguró que, en realidad, ese artículo no afectaba su función como Procurador, y para él la modificación de la ley es mucho más que ese artículo, es una legislación más abarcativa y compleja.

Advirtió que, a su modo de ver la situación, lo que ahora ocurrirá es que si sucede un delito, el fiscal va al lugar del hecho y la prensa le pregunta algo que el investigador decide no responder por secreto de sumario, entonces no habrá información y él, como Procurador, no podrá obligar al fiscal a darla. En este sentido, argumentó que lo que habría hecho la modificación del artículo 7 es que el fiscal tuviese que al menos describir el hecho a la oficina de prensa para que los medios tuviesen una información mínima. No obstante, Gullé insistió en la importancia de la reforma de la ley, en que se le haya dado media sanción y en que avance en su aprobación para poder llevar a cabo la reestructuración que pretende del Ministerio Público Fiscal.

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