La tasa de personas con VIH en Mendoza está por arriba de la nacional

Sociedad

"A la Argentina le fue mejor cuando dio derechos que cuando los quitó", sostuvo el presidente Alberto Fernández en julio de este año, durante el acto de promulgación de la norma, la cual -dijo- "muestra que la sociedad civil y el mundo de la política, más allá de ideologías, pueden construir proyectos comunes".

Sobre la Ley de HIV, Fernández ponderó que su declaración de interés público conlleva a que "el Estado esté obligado a dar atención a quienes la necesitan; hoy nos comprometemos más para hacer sencilla la vida a los que padecen una enfermedad para que se puedan tratar y convivir con ella".

Y al reglamentarse la ley, el 1° de diciembre, la ministra de Salud Carla Vizzotti destacó que la nueva ley "es producto de una construcción colectiva, de la que participaron siete ministerios nacionales y las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones a través del Consejo Federal de Salud (Cofesa), la sociedad civil y expertos en la materia".

La nueva norma fue saludada por organizaciones como la Fundación Huésped, cuyo director ejecutivo, Leandro Cahn, resaltó que "viene a reemplazar la ley vigente desde 1990 que permitió que Argentina tuviera uno de los primeros programas de acceso universal a la terapia de VIH en América Latina.

Desde la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida (ICW Argentina), una de las organizaciones que la impulsaron dentro del Frente por la Salud de las Personas viviendo con VIH que conforman más de 200 colectivos, Andrea Rotella dijo que "después de casi ocho años de batallar por esta ley, haber logrado su sanción no tiene precio y llegar a fin de año con la reglamentación, menos todavía".

Por su parte, el activista y periodista Lucas Fauno Gutiérrez apuntó que, más allá de las bondades de la norma, "es solo el puntapié inicial" en el camino de restablecer derechos a las personas viviendo con VIH.

"Con la ley tenemos una nueva herramienta que, como toda ley, responde a una necesidad que teníamos hace décadas. Con ella comenzamos un proceso, pero no está nada solucionado. Estamos lejísimo, aunque estamos encaminadas y encaminados", dijo.

Matías Muñoz, coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH explicó que la Ley 23.798 -sancionada en 1991- fue de avanzada en su momento porque garantizaba "la gratuidad de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento". Pero, agregó, al cabo de tres décadas se hizo evidente que esto "no era suficiente" porque "hacía falta prestar atención también a los determinantes sociales de la salud".

"La ley anterior fue superadora en su momento pero con el tiempo se hizo deficiente porque ya no nos moríamos y lo que necesitábamos no era el acompañamiento a la muerte, sino un abordaje más integral que garantice la no discriminación, el acceso al trabajo, a la salud, a la seguridad social, la capacitación profesional", entre otras cosas, dijo Rotela.

Es que el proyecto apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales; el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos; la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas; y la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social.

Por otra parte, Rotela explicó que es "fue muy importante tener un capítulo íntegramente pensado para mujeres y personas con capacidad de gestar" porque las mujeres viviendo con VIH siguen siendo un sector invisibilizado y la falta de capacitación específica de los profesionales de la salud interfieren negativamente en sus proyectos de vida.

Un estudio realizado en Argentina de la Iniciativa Spotlight y ICW, reveló que al 20% de las mujeres se le ha negado algún servicio de salud por tener VIH; y que casi 3 de cada 10 recibieron alguna vez el consejo de "no tener hijos" por parte de personal de salud.

La iniciativa también plantea la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Además, la norma fija sanciones para distintos incumplimientos de la ley, y crea el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en relación a la condición de persona positiva.

"Nuestra ley es única en el mundo, de avanzada. Nosotros decimos que entre los países en que son campeones en algo, Argentina es campeón mundial en tener una ley con perspectiva de derechos humanos", dijo Muñoz que también preside la organización Ciclo Positivo.

A su turno, Fauno Gutiérrez matizó su ponderación de esta norma, al asegurar que, si bien es superadora, "no se consiguió la mejor ley" porque "ciertos loobies que tiraron abajo cuestiones urgentes como, por ejemplo, el nombrar a las personas trabajadoras sexuales", al referirse a las "poblaciones clave y/o en mayor vulnerabilidad" identificadas por Onusida sin enumerarlas.

En tanto, Muñoz sostuvo que si bien "salió una ley súper completa como la buscábamos, con todos los derechos adentro y ésa es la gran victoria", el decreto reglamentario "dejó pasar la posibilidad de solucionar a ese nivel algunos de los problemas que tienen esta población y que la ley viene a cubrir como las pensiones o la jubilación anticipada", cuya puesta en marcha operativa requiere ahora de resoluciones dictadas por los diferentes organismos o ministerios.

En relación a las características de la lucha por una nueva ley de VIH que diferenciaron este proceso de otros de conquista de derechos -como la ley IVE o la ley de identidad de género- Gutiérrez destacó el rol del "olvido general" sobre la problemática, que también podría conspirar contra una aplicación efectiva de la norma porque demuestra que "se sigue condenando y se sigue castigando a nuestras vidas sexoafectivas al negar estos temas".

"El proyecto de ley de VIH perdió estado parlamentario sistemáticamente tres veces y no es que había algo con lo que muchos legisladores estuvieran en contra porque todos los bloques estaban a favor, sino porque no era prioridad para nadie. Todo ese olvido, esa desidia, esa voluntad de no vernos y no atender estos temas tiene que tener una lectura mucho más amplia", reclamó.

Según último Boletín de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis; en Argentina se estima que viven actualmente 140.800 personas VIH positivas de las cuales el 13% desconoce el diagnóstico y en los últimos 12 meses unas 5.300 personas fueron notificadas como tales. Por otro lado, en 2020, se produjeron 1.139 muertes por sida en Argentina, lo que arroja una tasa de 2,51 casos cada 100.000 habitantes.