El ambientalismo de Mendoza se movilizó en defensa de la ley 7722
Las Asambleas por el Agua Pura convocaron tras el fallo de la Corte Suprema. Distintas organizaciones salieron a defender la vigencia de la norma y a reclamar que se declare área natural protegida a la zona Uspallata-Polvaredas.
Foto: Unidiversidad
Las Asambleas por el Agua Pura, agrupaciones políticas y otros colectivos ambientalistas se movilizaron este miércoles en Mendoza en defensa de la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en proyectos mineros. Con concentración en Garibaldi y San Martín, en Ciudad, marcharon por las calles céntricas y fueron luego hasta la Legislatura provincial y la Plaza Independencia
La razón de la convocatoria fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que la ley mendocina es constitucional, pero calificó de "inconstitucional" un aparte del artículo 1º de la norma, específicamente la oración que determina la prohibición de utilizar “otras sustancias tóxicas similares”, ratificando la prohibición de la utilización de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico.
María Marengo, integrante de la Asamblea del Agua de Maipú, explicó que, según la visión del colectivo, el cuestionamiento al artículo 1.º abre la puerta al proyecto minero San Jorge, que justamente propone utilizar sustancias distintas de las únicas tres que están especificadas en la ley: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Frente a esta posibilidad, fue que invitaron a la comunidad a movilizarse en defensa de la Ley 7722.
Como contrapropuesta, los movimientos ambientales reclaman la aprobación del área natural protegida Uspallata-Polvaredas, un pedido que mantienen desde hace años las asambleas.
Marengo subrayó que en Mendoza no hay licencia social para la megaminería y que defenderán la ley, tanto frente a las autoridades nacionales como provinciales, que, aseguró, comparten la misma mirada extractivista.
De marchas y contramarchas
La historia de la ley incluye marchas y contramarchas respecto de su vigencia. En campaña, Rodolfo Suárez aseguró que enviaría un proyecto de modificación de la 7722 y, un día después de asumir –el 10 de diciembre de 2019–, ingresó la iniciativa a la Legislatura.
El 20 de diciembre de 2019, con una Legislatura vallada, los y las legisladores del oficialismo y la oposición aprobaron las modificaciones, que fueron sustanciales: la única sustancia prohibida en emprendimientos mineros a partir de ese momento fue el mercurio, se dejó de lado la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se estableció que la misma debe estar acompañada por informes del Departamento General de Irrigación (DGI), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), así como del municipio en el que ancle el proyecto, entre otras.
Los cambios duraron poco, solo diez días. Las marchas y movilizaciones, en las que participaron miles de personas, obligaron al gobernador y a legisladores oficialistas y opositores a dar marcha atrás. El 30 de diciembre de 2019, derogaron de la ley que reemplazó a la 7722, que volvió a tener plena vigencia desde ese momento. Ahora, la Corte nacional ratificó su constitucionalidad, salvo el artículo 1º, que agrega “sustancias peligrosas” sin especificar cuáles son.
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