Fallo de la Corte sobre un artículo de la 7722 movilizó al ambientalismo en Mendoza

Sociedad

María Marengo, integrante de la Asamblea del Agua de Maipú, explicó que, según la visión del colectivo, el cuestionamiento al artículo 1.º abre la puerta al proyecto minero San Jorge, que justamente propone utilizar sustancias distintas de las únicas tres que están especificadas en la ley: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Frente a esta posibilidad, fue que invitaron a la comunidad a movilizarse en defensa de la Ley 7722.

 

 

 

 

 

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Como contrapropuesta, los movimientos ambientales reclaman la aprobación del área natural protegida Uspallata-Polvaredas, un pedido que mantienen desde hace años las asambleas.

Marengo subrayó que en Mendoza no hay licencia social para la megaminería y que defenderán la ley, tanto frente a las autoridades nacionales como provinciales, que, aseguró, comparten la misma mirada extractivista.

 

 

 

 

 

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De marchas y contramarchas

La historia de la ley incluye marchas y contramarchas respecto de su vigencia. En campaña, Rodolfo Suárez aseguró que enviaría un proyecto de modificación de la 7722 y, un día después de asumir –el 10 de diciembre de 2019–, ingresó la iniciativa a la Legislatura.

El 20 de diciembre de 2019, con una Legislatura vallada, los y las legisladores del oficialismo y la oposición aprobaron las modificaciones, que fueron sustanciales: la única sustancia prohibida en emprendimientos mineros a partir de ese momento fue el mercurio, se dejó de lado la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se estableció que la misma debe estar acompañada por informes del Departamento General de Irrigación (DGI), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), así como del municipio en el que ancle el proyecto, entre otras.

Los cambios duraron poco, solo diez días. Las marchas y movilizaciones, en las que participaron miles de personas, obligaron al gobernador y a legisladores oficialistas y opositores a dar marcha atrás. El 30 de diciembre de 2019, derogaron de la ley que reemplazó a la 7722, que volvió a tener plena vigencia desde ese momento. Ahora, la Corte nacional ratificó su constitucionalidad, salvo el artículo 1º, que agrega “sustancias peligrosas” sin especificar cuáles son.