Dónde hay agua: el crecimiento está en el subsuelo
Dos funcionarios de Irrigación defienden la política de administración del agua subterránea. Aseguran que desde 2012 se gestiona en conjunto el agua superficial y subterránea. Esperan decisión de la Corte por los 21 pozos cedidos en forma irregular.
Hasta el 2012, las concesiones de pozos para extraer agua subterránea se entregaron en forma casi irrestricta, sin contar con información científica sobre la cantidad de recurso existente, su calidad ni la afectación que podría producir una sobreexplotación en las distintas cuencas mendocinas. Ese panorama, que describieron el secretario y el director de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación (DGI), Mario Salomón y Juan Andrés Pina, fue el que, aseguraron, cambió desde la puesta en marcha –en 2012– de una política clara para gestionar en conjunto el agua superficial y subterránea.
Salomón y Pina respondieron a algunos de los conceptos que el director del Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (CELA), Armando Llop, vertió en una nota de Edición UNCUYO. El especialista planteó que el DGI nunca desarrolló una política hídrica integral, que implicaría el uso conjunto de agua superficial (la que se encuentra sobre la superficie del suelo) y subterránea (la que se aloja en los acuíferos debajo de la superficie), clave para los períodos de crisis hídrica, como el actual.
Los funcionarios no compartieron ni su visión ni el modo de exponerla, ya aseguraron que existían otros ámbitos para plantear las disidencias y lograr consenso. Defendieron además la actuación del organismo y aseguraron que el cambio en la política casi irrestricta de concesión de permisos de pozos, que funcionó hasta el 2012, era una de las muestras del convencimiento de que el agua subterránea era uno de los grandes ejes del desarrollo de la provincia.
Salomón, quien es profesor titular de Planificación Territorial y Recursos Hídricos en la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO, aseguró que el Plan Agua 2020 marcó una línea de trabajo concreta en el manejo integral del recurso. También, que en 2012 se dio un salto cualitativo e histórico al firmar convenios con entidades científicas y contratar especialistas para realizar estudios de base que permitieran contar con información fidedigna sobre el agua subterránea existente en las cuencas mendocinas.
El titular de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la UNCUYO aseguró que el esquema, que era perjudicial para la provincia, se modificó con la resolución 548/12, que reglamentó el llamado a convocatorias públicas para el otorgamiento de permisos de perforación y concesiones de uso de agua subterránea, basado en estudios científicos sobre disponibilidad hídrica.
La resolución fue criticada desde diversos sectores y partidos políticos. Entre otros, por la senadora nacional Laura Montero (UCR), que presentó un escrito ante Fiscalía de Estado, por entender que violaba leyes que establecían prioridades para la entrega de pozos para extracción de agua subterránea sin realizar un aporte pecuniario (destinado, entre otros fines, para realizar obras hidráulicas). Sin embargo, un fallo de la Suprema Corte de Justicia ratificó su legitimidad y razonabilidad y determinó que era un procedimiento dentro de las atribuciones de Irrigación.
Salomón defendió la resolución y aseguró que algunos profesionales que formaban parte de la clase política y técnica hablaron con “liviandad” sobre el tema, porque nunca lo estudiaron a fondo.
Esa resolución se aplica actualmente y, bajo sus parámetros, se otorgaron 20 permisos de perforación entre 2014 y 2015: nueve en la cuenca del río Mendoza, ocho en la del Atuel y Diamante y tres en la de Malargüe. Además se están evaluando dos solicitudes: una para el río Malargüe y otra para el Tunuyán inferior.
Gestión conjunta
Llop planteó que Irrigación no realiza una gestión conjunta del recurso hídrico, sino que basa su política en el agua superficial. ¿Cuál es su visión, Salomón?
Nosotros sí tenemos un uso conjunto del agua superficial y subterránea y creo que hemos empezado a dar pasos concretos a través del Plan Agua 2020, del 2012, que marca una línea de trabajo concreta en el manejo integral del recurso, que no solamente comprende el agua superficial y subterránea, sino también la atmosférica y la sub superficial.
¿Cuál es el plan de manejo para el agua subterránea?
Hay un plan de trabajo muy específico. Ya empezó a correr el reloj desde esta administración y en primer lugar tiene que ver con el conocimiento fehaciente y concreto de la disponibilidad del agua subterránea.
¿Esa información ya existe?
La tenemos para algunos lugares y la estamos haciendo en el resto de las cuencas.
¿En cuál está lista y en qué cuencas falta trabajar?
Nunca va a estar listo un estudio de agua subterránea, porque es un sistema dinámico e infinito, pero lo tenemos muy avanzado en las áreas más críticas de la provincia: el río Tunuyán superior, el Mendoza y las áreas de expansión de aguas subterráneas ubicadas al este de la cuenca del río Tunuyán, en lo que denominamos la Pampa del Toro. Falta seguir trabajando en la margen derecha del río Mendoza, Tunuyán inferior y las cuencas del sur.
¿Cómo y quién realiza ese trabajo?
Estamos dando un salto cualitativo de investigación, inédito. Están trabajando geólogos, geofísicos, ingenieros en petróleo, agrónomos y electromecánicos. Y esto no es menor, porque cuando empezamos en 2012 este plantel no existía, no había un conocimiento concreto y propio de Irrigación en el tema de agua subterránea. Hicimos convenios (entre otros, con el Instituto Nacional del Agua –INA–, la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad de San Juan, Conicet) para los estudios de base de todos estos acuíferos, además de sumar a nuestro personal. Venimos trabajando hace dos años con relevamientos de campo de carácter inédito, hemos hecho una expansión del área de estudio y junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estamos trabajando en lo que es la aptitud agropecuaria de toda esta zona. No solamente queremos ver si hay agua subterránea, sino que queremos ver las aptitudes agropecuarias de esos espacios factibles de agua subterránea para lograr un manejo integral. Eso nunca se había hecho en la historia de Mendoza.
Usted dijo que en 2012 dieron un salto cualitativo, pero ¿cómo se manejó el tema hasta ese momento si no existía información?
Muy mal, sin información, o con información muy incompleta, no tenía certeza científica, era muy parcial. A tal punto que, tal como lo marca Llop, hubo una sobreexplotación del agua y no había un conocimiento cierto, ni de la disponibilidad ni de la calidad.
¿Eso tiene relación directa con las irregularidades en la concesión de los pozos?
Le voy a ser concreto. El Departamento de Irrigación hasta el 2012 entregaba en varios acuíferos factibilidades sin conocimiento y en el mismo formulario ponían que no se disponía de datos, pero que no se afectaría el acuífero. Es decir, cualquiera venía y, primero en el tiempo, primero en el derecho. Todo ese esquema, que era perjudicial para la provincia, se modificó a través de la resolución 548/12, que reglamentó la factibilidad de permisos de agua subterránea, respetando y haciendo cumplir la ley.
La resolución establece una nueva metodología.
Establece que antes de dar un permiso tenemos que saber la disponibilidad de agua. Desde el punto de vista técnico sí es engorrosa, porque usted tiene que disponer de una cierta información, en aguas subterráneas no puede medir dos meses un acuífero, son procesos que llevan tiempo, se tienen que interpretar antecedentes, datos. Este dispositivo, que ha sido tan atacado en forma despiadada e inconsulta, ha sido un mecanismo que va a genera un mejor conocimiento en lo que es el manejo del agua subterránea. En función de esta información hemos definido la oferta, se hace una convocatoria que es pública, que no es una licitación, y partir de ahí una comisión de más de trece personas analiza la presentación. Los que quedan exceptuados de esto son el pequeño productor y, obviamente, el abastecimiento poblacional. Entonces, en cada cuenca, en nuestra definición técnica de cuántos hectómetros cúbicos disponibles tenemos, se reserva una parte para el abastecimiento poblacional y los pequeños productores y la otra parte se entrega en función de las prioridades establecidas por la ley: usos agrícolas, recreativos, industriales. La otra gran locura que hemos hecho es pasar de dos pesos por hectárea a ocho pesos por hectárea, por año, el cobro del agua subterránea; con eso generamos fondos para el mejor conocimiento.
Ustedes marcaron que en 2012 hicieron un cambio sustantivo. ¿Cuál fue el diagnóstico en ese momento?
Pina: La situación era compleja desde el punto de vista administrativo y técnico. Había una gestión que no era la correcta. El futuro que vemos nosotros es que el agua subterránea es uno de los grandes ejes de la provincia, ya sea porque los derechos superficiales ya están concesionados o porque estábamos iniciando una crisis hídrica que no sabíamos cuánto iba a durar y vemos que se sigue prolongando. Entonces el agua subterránea es uno de los elementos en los cuales hay que apoyarse para poder mitigar los efectos de la crisis y para poder seguir produciendo. Eso ameritaba que nosotros cambiáramos fuertemente la política que se venía desarrollando, esta forma casi irrestricta de asignación de permisos, y que se comenzara a hacer una evaluación integral de los proyectos sobre los nuevos pozos.
¿Cuántos pozos había en 2012 y cuáles eran las zonas de sobreexplotación?
La zona de restricción histórica ya estaban impuesta, era la subcuenca del Carrizal, o sea, zona de margen derecha del río Mendoza, todo Valle de Uco y Montecaseros, que tenía restricción por calidad, no por cantidad. A partir de ese momento se cambia la política, que no es que nosotros detectemos que hay nuevas zonas en peligro, sino que se cambia el concepto de asignar en base a una disponibilidad aprobada. En aquellas zonas donde no existan los estudios suficientes se podrían asignar nuevos permisos en pos de generar esos nuevos estudios, porque los estudios se concentraron en las zonas del oasis, o sea, donde ya estamos produciendo. Ahora también hay que generar estudio y conocimiento en las zonas en las cuales hoy no se está produciendo, porque se podría expandir el oasis y reducir la presión sobre ciertos lugares.
¿Cuántos pozos existen actualmente?
Hoy están registradas unas 20 mil perforaciones en toda la provincia, de esas se estima que hay activas unas 12 mil. La mayoría está en lo que se llama la cuenca norte, que es río Mendoza y Tunuyán.
Otro de los temas que planteó Llop es la necesidad de medir con algún sistema la cantidad de agua que bombean los privados. ¿Qué se hace en ese sentido?
Salomón: Llop planteó el tema de la medición a través del cálculo de bombeo por consumo eléctrico (por el tiempo que está encendida una bomba), pero estamos tratando de superar esa metodología porque no nos dio buenos resultados. Las nuevas perforaciones –desde 2012– llevan caudalímetro. En este sentido, quiero aclarar que en la época en que Carlos Abihaggle era superintendente de Irrigación (1997-2002) se intentó exigir la colocación de un caudalímetro, pero un particular presentó un recurso de amparo ante la Justicia, fue a la Corte y, lamentablemente para los intereses de la provincia, se falló en contra de esa decisión institucional. Por eso hubo un atraso en este tema y en 2012 se exigió el caudalímetro, pero no lo podíamos hacer extensivo hacia atrás.
¿El organismo tiene autoridad para decirle a un privado que está bombeando agua de más?
Sí, nosotros otorgamos un volumen y tenemos la plena facultad de poder evaluar si está dentro de lo establecido en la concesión, porque una cosa es el permiso de perforación y otra la resolución que otorga la concesión.
A la Corte
La resolución de Irrigación de 2012, que reglamentó el llamado a convocatorias públicas para el otorgamiento de permisos de perforación y concesiones de uso de agua subterránea, fue la respuesta del organismo frente a las denuncias por irregularidades en este trámite. Esas denuncias llevaron al entonces titular del DGI, Eduardo Frigerio, a enfrentar un jury, que no siguió su curso debido a que el funcionario renunció en 2011.
Los cuestionamientos estaban centrados en 21 permisos de extracción de agua. Si bien el organismo los revocó, los privados presentaron un recurso de amparo y es la Suprema Corte de Justicia quien decidirá el tema de fondo.
Teniendo en cuenta los cuestionamientos respecto de las concesiones de permiso, ¿no existen mensajes contradictorios del organismo y del Gobierno?
Salomón: Los cuestionamientos fueron por 21 pozos e Irrigación dio un ejemplo institucional. A esos pozos, la anterior gestión les dio un permiso de perforación y, por las irregularidades de público conocimiento, esta gestión anuló o suspendió la concesión, esos pozos no están autorizados y no tienen concesión. O sea, el mismo organismo y la misma administración de gobierno del mismo partido determinaron que estos pozos no tienen autorización para poder hacer uso del agua. Eso comprendía que no hicieran más uso del agua y el segado de esas perforaciones. Hoy esos pozos, para nosotros, están anulados.
¿Y están anulados?
Estos señores contrataron a sus abogados, a los estudios más caros de la Argentina y presentaron un recurso de amparo; ahora estamos esperando la decisión de la Corte.
Mientras tanto, ¿hay forma de saber si quienes hicieron el pozo están sacando agua?
Pina: Nosotros hacemos controles, inclusive la jueza nos pide que la acompañemos. Lo complicado es que algunos de ellos no estaban en producción en el momento de la medida y el privado sí ha ido avanzando sobre el proyecto, básicamente tampoco tendrían que haber avanzado ellos.
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