Este mes de diciembre se cumplen dos años desde las masivas movilizaciones que, desde las calles de Mendoza, rechazaron la reforma de la ley 7722, y construyeron el poder suficiente para obligar al gobernador Suárez a derogar las reformas tan sólo diez días después. Aquellas jornadas constituyen uno de los grandes hitos en la historia de luchas sociales de la provincia.

Tal como sucedió en estos últimos 15 años de luchas por el agua, una característica que tuvieron aquellas movilizaciones fue su heterogeneidad: en ellas confluyeron las Asambleas por el Agua, vecinos autoconvocados, organizaciones sociales, sectoriales y campesinas, pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios e, inclusive, sectores de la corporación vitivinícola.

La ley 7722 es considerada por las mendocinas y los mendocinos como una garantía en la defensa del agua frente a proyectos de minería metalífera a gran escala que amenazan con afectar negativa e irreversiblemente la disponibilidad de agua y el ambiente en general. Por ello, el pueblo de Mendoza se movilizó, defendiendo en las calles la vigencia de aquella ley, como forma de cuidar el agua.

Pero, ¿para qué y para quién cuidamos y defendemos el agua? Lo que queda oculto en general es que el pueblo mendocino vive sometido a una seria injusticia en cuanto a la disponibilidad, propiedad y uso del agua. El imaginario mendocino, resultado de una construcción político-cultural que vino de la mano de la Mendoza vitivinícola, cuenta que somos “la provincia de las acequias”, que nuestros antepasados lograron vencer al desierto y construir un oasis en un medio tan hostil. Es lo que escuchamos y leemos cotidianamente en diversos espacios y que tiene a la Fiesta de la Vendimia como su máxima expresión: una imagen idílica de supuesta armonía, que invisibiliza los conflictos y que romantiza las condiciones del uso y la disponibilidad del agua en pos del oasis productivo.

Sin embargo, nuestra historia muestra que existieron conflictos por la apropiación del agua. Hacia fines del siglo XIX, se impuso en Mendoza el modelo vitivinícola, con una importante concentración de tierras y, junto con ellas, del agua. Las veinte familias más acaudaladas concentraban, en ese entonces, casi el 40% de las tierras con vides. Esos tradicionales sectores dominantes hicieron que el Estado desarrollara una serie de obras de infraestructura hídrica que llevaron el agua hacia ciertas áreas para poder cultivar. Pero así como llevaron el agua a unas zonas, la “quitaron” de otras. En efecto, el modelo vitivinícola tradicional repercutió en la conformación de cada uno de los oasis productivos, como así también sobre las rezagadas zonas no irrigadas. Se inició un extenso proceso de acaparamiento de aguas en la cuenca superior de los ríos, lo que afectó el desarrollo de las zonas que se encuentran en las cuencas inferiores. Este proceso condicionó no sólo la matriz productiva sino también la urbanización, el acceso a servicios, la obra pública y la distribución de la población en ese territorio. Actualmente, departamentos enteros de Mendoza -como Lavalle, Santa Rosa o La Paz- padecen una situación de escasez hídrica verdaderamente preocupante.

Desde fines de los años ‘80, el proceso de reconversión vitivinícola significó una creciente concentración y extranjerización de esa actividad, con el ingreso de grandes empresas de capitales transnacionales. Estas últimas no sólo impusieron nuevas formas de organización del trabajo y concentraron aún más la tierra, sino que además se instalaron en zonas como el piedemonte, extrayendo aguas subterráneas, lo que ha significado una sobreexplotación del acuífero.

En lo que hace a la disponibilidad para el consumo humano, según AySAM, el consumo promedio de agua por persona por día en el Gran Mendoza es de 487 litros, mientras que la OMS recomienda que un consumo diario óptimo es de 100 litros por habitante. Esa elevada cifra promedia situaciones de consumo de lo más desiguales: existen zonas residenciales donde se hace un uso dispendioso destinado a piscinas y un ineficiente riego de parques y jardines (¡con agua potable!), mientras que -aún en zonas cercanas a los centros urbanos del Gran Mendoza- existen barrios enteros que no disponen de agua potable.

Los anteriores son sólo algunos elementos que no deben perderse de vista y que deberían invitarnos a la reflexión acerca de los usos, la propiedad y la distribución del agua en Mendoza. El pueblo mendocino se debe un profundo debate estratégico al respecto. Nuevamente, nos preguntamos: cuando defendemos el agua, ¿para qué y para quién la defendemos?

La defensa del agua es una lucha fundamental que debemos sostener, por las generaciones presentes y futuras. Pero en una Mendoza con elevados niveles de desempleo, pobreza y dificultades para el acceso al agua de amplios sectores de la población, esa lucha debería incluir como prioridad garantizar el acceso y disponibilidad de ese bien común de manera equitativa y justa. Es necesario profundizar el debate sobre los temas estratégicos de la provincia, teniendo presente que el agua cumple un papel fundamental en toda actividad económica y en las condiciones de vida de las mendocinas y los mendocinos. El agua es un bien común y, como tal, su disponibilidad debe contemplar al conjunto de la población, sin exclusiones. Es necesario dar la discusión por una Mendoza en la que solucionemos nuestros problemas de hoy sin amenazar el bienestar de las futuras generaciones.