La tarifa del agua y saneamiento aumentaría un 35 %, según se expuso en la primer audiencia pública de agua potable y cloacas convocada por el EPAS. El Gobierno ratificó la necesidad de este incremento mientras que distintas organizaciones criticaron que este ajuste no contemplara una tarifa social. 

Luego de que el EPAS expusiera la situación de dicha institución, Ricardo Bataggión dio detalles del estado de la empresa que preside, Aysam. Mostró principalmente números para demostar que se trata de una "empresa austera" y dio a entender que el ajuste es necesario para "avanzar en la modernización y eficiencia de la empresa que es orgullo de todos los mendocinos". Para Bataggión, las claves son "economizar y optimizar para poder invertir".

Por su parte, Protectora denunció que lo presentado por Aysam y el EPAS no justificaba el incremento y que al Gobierno "sólo le importa el rendimiento empresarial". Asimismo, señalaron que "no se quiere subsidiar al que lo necesita" y solicitaron que se cree una tarifa social para todos los servicios. Consideran que es injusto que en Mendoza exista tarifa social para el agua sólo para jubilados e indigentes. 

A pesar de celebrar la realización de la audiencia, Protectora pidió la nulidad de la misma por la "mala convocatoria". Según la organización, este "mero cumplimiento de formalidad desalienta la participación ciudadana". De hecho, como en otras ocasiones, no hubo ciudadanos participando en la reunión. Fue una simple confrontación entre el Gobierno y organizaciones sociales y sindicales. 

En respuesta a la crítica de la convocatoria, el EPAS se escudó diciendo que "no se trata de cantidad sino de calidad" y calificó a la convocatoria como "muy buena" y que se escucharon propuestas "interesantes" y que serán contempladas. También declaró que el organismo "representa a los usuarios y no a la empresa" a partir de las críticas de algunos expositores. 

"Los queremos acompañar en el cambio", dijo por su parte José Luis Ramón en representación de Protectora y agregó: "hacía tanto no escuchaba hablar sobre plan estratégico" pero se negó a apoyar un incremento "para todos igual". En tanto, apeló al Art. 42 de la Constitución que expresa que se debe cuidar "el interés económico del usuario" para demostrar la necesidad de la tarifa social. 

"Se debería pagar por el servicio, no las inversiones", lanzó dirigiéndose claramente a Bataggión. 

Aumentos anteriores

El último ajuste de la tarifa del agua fue en 2014, año en que se modificó 3 veces el precio del servicio. Desde ese entonces, la tarifa en Mendoza ha sido la misma, razón por la cual el Gobierno apunta a aumentarla por encima de la inflación proyectada para 2017 (17 %). Según lo expuesto, la nueva tarifa se comenzaría a aplicar a partir de noviembre en las facturas bimestrales.