Desde la legalización del aborto a fines de 2020, Argentina ha avanzado en políticas y medidas para garantizarlo: protocolo, capacitaciones, fabricación de medicamentos. Sin embargo, desde los primeros relevamientos sobre su aplicación, se ven desigualdades en el acceso, particularmente territoriales. La situación no es pareja entre las provincias y, hacia el interior de cada una, son marcadas las diferencias entre centro y periferia. Un informe de Amnistía Internacional y Líbera Abogacía Feminista repasa la situación de Mendoza: falta información sobre dónde y cómo hacerlo, el número de profesionales es insuficiente y el equipamiento es escaso. Las usuarias que buscaron acceder a un aborto dan cuenta de esto.

La implementación de la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) tiene obstáculos, pero avanza en un camino allanado por la normativa. Argentina es uno de los tres países en América Latina –junto con Uruguay y Colombia– que habilita el acceso al aborto de cualquier persona embarazada que lo demande hasta un determinado momento de la gestación. De hecho, ha recibido reconocimientos regionales por las políticas de acceso a la IVE/ILE: ley, protocolo e insumos.

Argentina, Colombia y Uruguay permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Foto: Raúl Ferrari / Télam

Desde que se aprobó la ley hasta octubre de 2023, 245.015 personas en todo el país accedieron a la interrupción del embarazo en el sistema público de salud, según informó el Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de la Ley 27610. También relevó que, del 2021 al 2022, se duplicaron los servicios públicos que realizan abortos. Mendoza es una de las provincias donde se incrementaron, pero también es una de las tres con tasa más baja de disponibilidad de servicios públicos por cada 1000 mujeres en edad fértil. Aún así, entre esos años aumentó el 33 % la cantidad de abortos (de 2916 a 3892).

El informe "Implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Provincia de Mendoza", publicado en noviembre de 2023, explicita las desigualdades territoriales. Presenta un diagnóstico de las cinco regiones sanitarias de la provincia (Metropolitana Norte, Metropolitana Sur, Este, Valle de Uco y Sur). Amnistía y Líbera visibilizan allí avances y desafíos, a la vez que presentan recomendaciones para el fortalecimiento de la política pública.

En Mendoza faltan profesionales que lo garanticen, información y equipamiento. Así lo sostiene el estudio, elaborado a partir de distintas fuentes: pedidos de acceso a la información pública, páginas web y redes sociales oficiales, campañas estatales de acceso a la salud. También se basa en algunas entrevistas a quienes solicitaron acceder a un aborto y a profesionales de la salud que garantizan la prestación en el sistema público.

Fuente: Informe "Implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Provincia de Mendoza"

Falta información

Para tomar decisiones autónomas sobre el abanico de alternativas ante un embarazo, se requiere información actualizada, veraz, sencilla y accesible. El informe de Líbera y Amnistía remarca que el Ministerio de Salud de la provincia no elabora ni difunde información sobre IVE/ILE, como tampoco hace campañas sobre dónde y cómo acceder a un aborto. Su sitio web no tiene esos datos ni el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

La página del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva tampoco los tiene. Aunque entre sus objetivos figura promover espacios de consejería en salud sexual y reproductiva y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos e interrupciones del embarazo seguras, no tiene información sobre derecho al aborto; dirección y horarios de atención de las consejerías; obligaciones y responsabilidades del personal; centros de salud y hospitales que garantizan la IVE/ILE, estudios y prácticas complementarias, ni canales para denunciar barreras u obstáculos en el acceso.

Valentina, de 31 años, de la zona Este, contó a Unidiversidad: “Yo vivo en un pueblo, ¿me entendés? Acá nadie habla de eso. No sabía a dónde ir. No me animé a ir al centro de salud por miedo a que no me quisieran ayudar, tampoco conocía clínicas privadas que me atendieran. Por eso fui al hospital de Mendoza Capital, pero entré a la guardia y me trataron pésimo. Después encontré el consultorio y todo marchó”.

Referentes de salud aseguran que, en repetidas ocasiones, el personal de seguridad o administrativo es el que recibe a las personas que llegan al centro de salud u hospital, y no brindan información o desinforman ante consultas sobre aborto. También hay profesionales que ponen límites gestacionales y restricciones por la edad que la ley no exige. Además, confirmaron que el Programa no tiene material propio ni actualizado desde la sanción de la Ley 27610, sino que usa el elaborado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y el único teléfono de contacto –que tampoco difunden activamente– es el 0800 de la Nación.

El servicio de atención 0800 Salud Sexual es un espacio de consulta para toda la población. Tiene el objetivo de brindar información personalizada y oportuna para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en todo el país. Comunicate al 0800-222-3444 pic.twitter.com/Niy3QAjR0P

— Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion)

May 28, 2019

Si bien Mendoza publica datos oficiales acerca de los hospitales que garantizaron el acceso al aborto, no hace referencia a centros de salud de primer nivel. Es decir, no hay datos oficiales disponibles sobre la totalidad de efectores que prestan el servicio, su dirección o la forma de contactarlos. Ante esta carencia, Amnistía y Líbera hicieron un pedido de acceso a la información pública en 2021, pero la provincia no los detalló. Por eso, presentaron un recurso administrativo y una acción judicial ante la Suprema Corte local para que la Justicia obligue al Estado a brindar los datos solicitados, aunque todavía no se resuelve.

“Yo solo quería la pastilla, pero fui a una farmacia y me dijeron que necesitaba receta. Busqué en internet dónde me la podían dar y no encontré nada. Le tuve que pedir ayuda a una profesora del terciario”, relató Celeste, de 20 años, en diálogo con este portal.

Escasez de efectores y profesionales

El informe de Líbera y Amnistía remarca que Mendoza es la segunda provincia con la tasa más baja de servicios que garantizan la IVE/ILE del país (el 0,3 % por cada 100.000 habitantes). Esto genera una profunda desigualdad entre los territorios: en General Alvear, un departamento de 14.500 kilómetros cuadrados de superficie, hay una sola profesional, en el Hospital Enfermeros Argentinos, que prescribe la medicación para abortar o realiza aspiración manual endouterina (AMEU).

Otro ejemplo es Tunuyán, donde también hay una sola ginecóloga que prescribe las órdenes para estudios o medicación. Además, la única ecografista que hay en el Hospital Scarabelli “hace uso indebido de la objeción de conciencia y obstaculiza la práctica”. ¿Por qué indebido? Porque la ley establece que solo pueden objetar conciencia quienes intervienen directamente en la práctica, no quienes hacen estudios complementarios o seguimiento posterior, como pasa en Mendoza con anestesistas, enfermeros y enfermeras, que no tienen amparo legal para hacerlo, pero el Ministerio de Salud no hace nada al respecto. Esto no es una excepción. 

La objeción de conciencia es la razón principal por la que el número de efectores y personal es insuficiente en Mendoza, a pesar de que las prácticas aumentaron de un año a otro. Esto es más problemático en los departamentos de mayor superficie porque las personas tienen que atravesar distancias largas –por zonas poco pobladas y mediante transporte público limitado–, tanto para acceder al aborto como a los estudios complementarios, a pesar de que podría brindarse información e insumos en cada centro de salud, por más pequeño que sea.

“Me quedé embarazada porque estaba cuidándome con pastillas, iba todos los meses a buscarlas a la salita, pero una vez la doctora estaba de licencia y no tenía reemplazante, así que no me las dieron. Cuando fui porque me había quedado embarazada, me dijeron de todo. Por eso quise ir a hacerlo a otro lugar, al centro, no sé. Acá me conocen todos y me sentía muy mal”, relató otra usuaria tupungatina de 22 años.

Recursos materiales insuficientes

Pero no solo falta personal capacitado. El relevamiento también recoge de la entrevista con referentes territoriales la insuficiente cantidad de recursos materiales, como ecógrafos, laboratorios y farmacias que provean la medicación. Hay lugares, como Lavalle, donde no hay servicio de ecografía público y gratuito, y, a pesar de que es un estudio complementario, hay profesionales que lo solicitan u ocasiones donde es importante, y su ausencia expone a las mujeres o personas que quieren abortar a dilaciones innecesarias, traslados indebidos o costos altos del servicio en el sector privado.

Una mujer de 34 años compartió su experiencia en el Lagomaggiore: “Fui a consultar apenas me enteré de mi embarazo, de ocho semanas. Me mandaron a hacer estudios, pero los turnos para ecografía y análisis de sangre eran muy distanciados así que terminé haciéndolos en el privado. A una amiga le pasó lo mismo en el hospital, fue de siete semanas y entre los estudios y que le dieron las pastillas, terminó haciéndose el aborto a la semana once. Salió todo bien, pero podría haber sido mucho antes”.

Si no hay complicaciones de la mujer o persona gestante, el aborto es una práctica ambulatoria que, con la información adecuada, puede realizarse de manera segura en las casas con medicamentos (misoprostol solo o con mifepristona previa). Para poder brindar acompañamiento en el momento, hay profesionales que ponen a disposición sus teléfonos personales porque el establecimiento de salud no les brinda uno. También hay centros de salud que no cuentan con el equipamiento necesario ni la capacitación adecuada para garantizar la interrupción del embarazo por aspiración, conocida como AMEU.