El proyecto recibió el apoyo de los 16 senadores del Frente Amplio --el partido del presidente uruguayo, José Mujica-- y del nacionalista Jorge Saravia, según ha informado el diario 'El País'. En cambio, el Partido Colorado votó en bloque en contra del texto.

   El proyecto de ley establece que "toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso de gestación". En los casos de violación, riesgo para la vida o malformaciones fetales graves, no existen plazos.

   El aborto fue penalizado en Uruguay en 1938 y solo se reduce o exime del castigo en casos de violación, preservación del honor, causas graves de salud o apuros económicos, situaciones que corresponde a un juez determinar.

   DEBATE DE MÁS DE NUEVE HORAS

   El debate en el Senado duró más de nueve horas. Mientras, en la calle se manifestaron grupos a favor y en contra del proyecto de ley.

   Algunos de los legisladores contrarios al texto argumentaron que hay vida desde el momento de la concepción y por eso se debe respetar el derecho de ese ser humano a vivir. También señalaron que en los países donde se ha liberalizado el aborto, el número de interrupciones voluntarias del embarazo no ha disminuido, sino que ha aumentado.

   Para Alfredo Solari, del Partido Colorado, "el derecho de la mujer a elegir no es superior a la vida del embrión". Además, se preguntó "cómo se puede establecer por ley que la interrupción del embarazo solo la puede decidir la mujer". "En vez de promover la paternidad responsable, lo que decimos con esta ley es que si no está el hombre, no importa", criticó.

   Los defensores de la despenalización, por su parte, insistieron en el derecho de las mujeres a decidir libremente durante las primeras doce semanas del embarazo si desean llevarlo a término o no e indicaron que la ley que penaliza el aborto en Uruguay ha sido incumplida recurrentemente y se han estado practicando abortos de forma clandestina.

   Mónica Xavier, miembro del Frente Amplio e impulsora de la iniciativa, afirmó que ésta ofrece "un mecanismo garantista de que si la mujer no puede proseguir el embarazo, tenga las mismas garantías que una mujer que llevó el embarazo a término".

   "Nosotros no somos censores morales, sino que somos legisladores, por suerte, en una sociedad diversa. Necesitamos el reconocimiento de la diversidad de esa sociedad para hacer la norma más equitativa", sostuvo Xavier.