Hace pocos días, el Ministerio de Salud de la Nación publicó, bajo el nombre “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, una versión revisada y actualizada de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” que elaborara en 2010. Esta actualización refleja, entre otros aspectos, los fundamentos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo de 2012, que precisó los alcances del artículo 86 del Código Penal.

Una vez conocido el documento, diversos sectores manifestaron su postura; entre ellos, la Iglesia Católica. Este culto emitió su opinión el martes 23 de junio a través de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, reflexiones que fueron compartidas en las misas del domingo 28 en todo el país.

En Mendoza, la senadora Noelia Barbeito (FIT) propuso sobre tablas en la sesión del martes 30 de junio que se tratara un pedido de resolución para que la provincia cumpla efectivamente con la guía técnica para la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, la mayoría de los legisladores se retiraron del recinto.

Compartimos, a continuación, la opinión de Paola Alé, periodista de Diario UNO, sobre este suceso.

Polémica por el aborto: una actitud poco seria

En pleno siglo XXI, no debería morir ninguna mujer por un aborto mal practicado. El aborto es una problemática de salud pública, y en nada tiene que ver la creencia de los dirigentes ni la religión de quienes hacen –o esquivan– las leyes. Sin embargo, no podemos contar ni con la garantía del cumplimiento de la interrupción legal del embarazo en los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal.

Mendoza es una de las provincias que, deliberadamente, no cumplen ni con la ley ni con el modo en que el Gobierno nacional dispuso que esa norma se efectuara, ni con lo que estableció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, está cometiendo abiertamente una falta grave.

Pero, al parecer, a los senadores les parece más importante hacerle bullying a una legisladora de una fuerza política minoritaria (Noelia Barbeito, del FIT, quien ayer puso de nuevo el tema en debate), levantándose del recinto y dejándola hablar en soledad por motivos casi irrisorios: quieren darle una lección, porque ella no participa en algunos debates.

El bullying a Barbeito es una falta de respeto, no ya de un grupo de legisladores y legisladoras hacia una mujer, sino hacia todas las mujeres que vemos cercenados nuestros derechos por un Estado incumplidor. Dándole la espalda a ella, seguramente habrá una mujer menos, y una muerta más por aborto.