Desde noviembre de 2007, antes de que Julio Cobos terminara su mandato como gobernador y Armando Caletti su gestión como ministro de Salud de la Provincia, está en danza una resolución con el fin de que se garantice el acceso a las prácticas quirúrgicas gratuitas para las mujeres que quieren interrumpir la gestación en las situaciones que el Código Penal establece como legales. 

En esa oportunidad, el Gobierno Nacional acababa de emitir una guía técnica para que cada gobierno, cada sistema de salud, supiera cómo proceder y no hubiese obstáculos personales –como la objeción de conciencia de los médicos– que se convirtieran en institucionales. 

A partir de aquella fecha y hasta el momento han pasado algunos acontecimientos al respecto –el más importante, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que data de marzo del 2012 y que aclaró que el aborto es no punible en todo caso de violación, y no sólo para las mujeres discapacitadas mentales–. Sin embargo, en Mendoza la resolución no existe. Tampoco una ley como la que se intentó sancionar en la Legislatura provincial entre septiembre y diciembre del 2012 para adherir al protocolo, que fue avalada en Diputados y rechazada en el Senado. Sin embargo, en la actualidad, el tema quiere volver a instalarse en la agenda de gestión. 

Por un lado, una colectiva de mujeres denominada Malona Rosa ha emitido una solicitud al Gobierno de la provincia para que adhiera a la nueva guía técnica que se puso en práctica en 2015. Esa nota fue enviada al Ministerio de Salud, desde el Instituto de la Mujer. Su titular, Silvina Anfuso, explicó que ella le dio curso a la nota, acompañada de una recomendación que incluía los motivos por los cuales es importante que el tema sea regulado. 

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Salud confirmaron que la propuesta llegó a manos del ministro Rubén Giacchi y que por estos días hay conversaciones acerca de esta iniciativa. Sin embargo, oficialmente no hay intenciones aún de pronunciarse al respecto. 
 

La postura de Cornejo en campaña

Durante la campaña para gobernar Mendoza, Alfredo Cornejo lo dijo, lo repitió y lo advirtió en cuanta entrevista televisiva, radial, gráfica, digital y debate se le preguntó sobre el asunto: se mostró a favor de que se cumpliera la ley y respetara la voluntad de las mujeres de querer interrumpir una gestación en las condiciones que marca el Código Penal y su respectiva aclaración por la Corte Suprema. Por lo tanto, ahora llega el momento de las definiciones. Porque si el tema vuelve a la agenda pública –como se espera que suceda–, habrá que llevar a la práctica lo que tantas veces se aseveró en el tiempo preelectoral.
 

Proyectos de ley
Si bien no es necesario que se sancione una ley al respecto, puesto que con una resolución del Ministerio de Salud que adhiera al cumplimiento del protocolo nacional es suficiente –así lo ha afirmado en más de una oportunidad el abogado Carlos Lombardi, especialista en temática de género–, en la Legislatura de la provincia hubo al menos dos intentos de realizar la adhesión por ley. 

Un intento fue el de la exlegisladora radical Liliana Vietti, que fue la que obtuvo media sanción de Diputados y rechazó el Senado. El otro es de la actual senadora del FIT Noelia Barbeito. Ingresó en 2014 y nunca obtuvo tratamiento. Hasta el momento se encuentra varada en la Comisión de Género y Diversidad de la Cámara Alta.