La Ley de Salud Mental obliga a desandar un camino recorrido a lo largo de más de cien años, un camino en el que los usuarios de hospitales y clínicas han sido marginados y sufren en forma sistemática la violación de sus derechos esenciales.

El Instituto de Derechos Humanos de la UNCuyo, a través de la Comisión de Salud y Derechos Humanos, dio el primer paso en ese sentido. Realizó las Jornadas de Salud Mental y Derechos Humanos, en la que profesionales de diversas ramas debatieron sobre los alcances de la ley, plantearon sus dudas a los expositores y dejaron en claro cuáles son los intereses que guían a quienes insisten en seguir transitando por el viejo camino.

Cambio de paradigma

La Ley 26657 de Salud Mental fue sancionada en noviembre del 2010 y reglamentada hace dos meses, luego del reclamo de las organizaciones civiles de defensa de los derechos de los usuarios de estos servicios.

La norma prohíbe la creación de nuevos manicomios o instituciones monovalentes, públicas o privadas, y promueve mecanismos alternativos como casas de convivencia u hospitales de día.
Además, le pone un freno a las internaciones involuntarias, que quedan sujetas al control de un órgano de revisión en el que participarán organismos de derechos humanos. También modifica el sistema de inhabilitaciones ya que, hasta ahora, una persona que perdía la capacidad para administrar sus bienes, podía quedar privada para siempre de todos sus derechos.

La ley le resta poder a las figuras del psiquiatra y del juez. En el primer caso, prevé que las internaciones involuntarias requieran una evaluación interdisciplinaria, cuando en el régimen anterior era suficiente con el dictamen del profesional. En cuanto al juez, debe autorizar cada internación, pero pierde la facultad de ordenarlas y no se pedirá su autorización para dar el alta, ya que en ese caso la opinión válida será la del equipo de profesionales.

La ley es de orden público, es decir que debe ser cumplida en todas las jurisdicciones, sin requerir una adhesión específica.

Un abismo

Si hubo un concepto en el que coincidieron los expositores fue que la ley significa un paso esencial, pero no suficiente. La consideraron un salto cualitativo en el reconocimiento de derechos básicos, pero al mismo tiempo marcaron el abismo que existe entre su letra y la realidad.

Este fue uno de los planteos de la coordinadora del Equipo de Salud Mental y Derechos Humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Macarena Sabin Paz, quien recalcó que no advierte políticas claras y transformadoras para comenzar a cambiar.

La profesional recordó que en 2008 el CELS publicó “Vidas Arrasadas”, un informe sobre la situación en las instituciones de salud mental de Capital Federal, donde se describen graves violaciones a los derechos humanos: muertes sin investigar, abusos sexuales, sobremedicación, utilización de cuartos de aislamiento y escasa o nula relación de las personas internadas con su familia y la comunidad.

El CELS continúa realizando visitas a los centros de salud mental, sin advertir cambios sustanciales, es decir sin que la letra de la ley cobre vida, restituya derechos y mejore la calidad de vida de la población usuaria.

La profesional destacó la importancia del órgano de revisión de las internaciones involuntarias -previsto en la ley- ya que consideró a este punto como uno de los principales motivos de violación de los derechos humanos de este grupo.

Sabin Paz enumeró algunas de las falencias que imposibilitan el cambio: la ausencia de un plan de salud mental que contemple la migración progresiva de los recursos destinados a los psiquiátricos y la falta de un diagnóstico estructural sobre la situación, un aspecto clave para tomar decisiones.

A través de la Red por la plena implementación de la ley -de la que el CELS forma parte- se solicitó a las autoridades que los mecanismos que se pongan en marcha para iniciar el cambio sean democráticos, que tengan especial participación los usuarios de los servicios, su familia y los trabajadores, que históricamente no han sido escuchados.

Primero, escuchar

Luego de la sanción de la ley se creó una Unidad de Letrados, dependiente de la Defensoría General de la Nación, especialmente entrenados para defender los intereses de los usuarios de servicios de salud mental y sus familias.

En dos años de trabajo, el órgano asumió la defensa de 4300 usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y controló 35 instituciones, de las cuales 25 son privadas y el resto, estatales.

El coordinador de la Unidad de Letrados, Mariano Laufer Cabrera, comentó a los participantes del encuentro las graves violaciones a los derechos básicos con las que se encontraron: privaciones ilegítimas de la libertad, intentos de aplicación de electro shock, naturalización de abusos sexuales, utilización de cuartos de aislamiento y derivaciones compulsivas desde la clínica a comunidades terapéuticas.

Laufer Cabrera explicó que, más allá de la asesoría gratuita, lo primero que garantizan a las personas es el derecho a ser escuchados en las primeras horas de internación.

El abogado comentó que el trabajo de estos dos años les permitió derribar un mito, ya que estaban convencidos de que el ciento por ciento de las personas les pedirían abandonar el lugar de internación. Sin embargo, un 60 por ciento solicitó mejoras en sus condiciones de vida relacionadas con la alimentación, la infraestructura y las decisiones sobre la medicación; el 30 planteó su voluntad sostenida de externación y en el 20 por ciento de los casos el equipo no estuvo capacitado para comprender lo que quería la persona.

Laufer Cabrera enumeró las mejoras que notaron en las condiciones de vida de los usuarios, desde el momento en que el equipo interdisciplinario hizo la primera visita a la clínica o el hospital. Notaron intervenciones terapéuticas más rápidas asentadas en las historias clínicas, mayor presencia del área de trabajo social, adecuación de la medicación y posibilidad de recibir visitas y llamados telefónicos, ya que la negación de este derecho era una práctica absolutamente ilegal.

Sin cambios sustanciales

Mendoza está lejos de poder brindar asesoramiento legal gratuito a los usuarios de servicios de salud mental. Ese fue el panorama que planteó el subdirector de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Jury.

El abogado aseguró que la etapa de la enumeración de los DDHH está superada y que hoy el verdadero desafío es la eficacia, para evitar que este grupo siga sufriendo la vulneración de sus derechos.

Jury se lamentó de que no hubo cambios sustanciales desde la sanción de la ley. Explicó que sigue existiendo la dicotomía entre capacidad e incapacidad, que muy pocas veces los jueces piden una ampliación de informe cuando se trata de una internación involuntaria y que, en Mendoza, los usuarios de los servicios de salud mental no tienen acceso a un abogado gratuito.

Pese a este panorama, Jury explicó que se están analizando proyectos para poner en marcha los cambios y que existe un diálogo permanente con el Ejecutivo para buscar soluciones concretas.
Aunque los usuarios de los servicios de salud mental aún no cuentan con la asistencia de un abogado, habrá un organismo que monitoree los establecimientos.

El Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado, estará al frente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Denigrantes. Este organismo extrapoder tendrá el objetivo de defender y proteger a las personas privadas de la libertad, lo que no se limita a los procesados y condenados por delitos, sino que incluye a todas los individuos que no pueden salir libremente de un hospital o clínica.

Imparado comentó que la actuación de la comisión no se basará en la denuncia, sino en intentar el diálogo y el acuerdo, para que se respeten los derechos de las personas internadas en hospitales o clínicas y mejore su calidad de vida.

Antes de comenzar con las visitas a los centros de salud mental, se conformará un equipo interdisciplinario, cuyo objetivo será lograr una descripción de la situación actual y el control de las condiciones de internación para que, efectivamente, se respeten los derechos de los usuarios.

La labor de la comisión se basará en los informes y documentación, además de las visitas en las que entrevistarán a los internados y a los miembros del equipo médico. Este será un paso sustancial para comenzar a desandar un camino en el que se marginó a los usuarios de estos servicios y se violaron sus derechos básicos.