“La crisis recién empieza. No quiero imaginar lo que será fin de año”. Quien dijo estas palabras fue el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Rubén Palau, al sintetizar la situación que atraviesan las pymes y mipymes de Mendoza. Afirmó un dato preocupante: de las 35 000 firmas que hay en la provincia, el 99 % está pensando en adelantar vacaciones o suspender personal.

El contexto de recesión económica en el que se encuentra el país, motivado por la suba del dólar y el incremento de la inflación, desalentó el mercado interno, fuente vital de las pymes. Al mismo tiempo, los aumentos en los servicios de gas y electricidad y el retraso en los pagos de los acreedores que, en algunos casos tienen demoras de hasta 180 días, generaron un panorama desalentador.

Para evitar llegar a esta situación límite, este jueves 4, los miembros de la asociación se reunieron con legisladores de la oposición para exigir la implementación de políticas concretas para el sector. En declaraciones a Unidiversidad, Palau aseguró que los ámbitos relacionados con el comercio fueron los que recibieron de manera directa el cimbronazo post devaluación y, pese a que las pymes generan empleo para el 70 % de la población a nivel nacional y producen más del 40 % del PBI, las medidas gubernamentales no resolvieron el problema de fondo: la conservación de las fuentes de trabajo.

Al respecto, el titular de Apyme afirmó que la Ley Pyme (que se aprobó en 2016 y que el Gobierno intentó modificar en 2018) alcanzó a un pequeño grupo de empresas, pero no reactivó el mercado. En este contexto, la derogación de la Ley Antidespidos y las negativas del oficialismo para tratar leyes que retrotraigan el precio de las tarifas terminaron de plasmar la pesadumbre del sector. “Las medidas del Ejecutivo son de terror. Las pymes terminamos tomando el costo y es difícil despedir gente porque implicó sacrificio capacitarlos, y echarlos también nos deja a nosotros en la calle”, sentenció Palau.

En su visión, es necesario cambiar el modelo económico. “Todas las políticas apuntan a las grandes empresas, favoreciendo al campo agroexportador. El turismo puede llegar a beneficiarse, pero este sistema es perverso, legalmente corrupto”, fueron sus palabras.

La luz en el camino

Palau aseguró que las empresas dedicadas al desarrollo de software o relacionadas con el fomento de las energías renovables son las únicas beneficiadas en la recesión. Los motivos son necesariamente dos: mayor conciencia ambiental y apoyo estatal a través de rebajas impositivas.  

Ante esto, Palau concluyó: “Hay nichos que están muy bien, pero representan el 1 % del sector. Los negocios de la ciudad, la periferia y los pequeños productores no vamos a ganar con estas medidas económicas y financieras. El Presupuesto nos cortará al medio”.

Proyectos en la Legislatura 

Luego del encuentro en la Legislatura, se pactó una serie de reuniones que tienen como objetivo materializar una ley que proteja a las pymes. En concreto, buscarán que haya rebajas impositivas y que existan beneficios en el pago de las facturas de los servicios de luz y gas. Al respecto, Claudio Luna, titular de las asociaciones de panaderos de Mendoza, aseguró que el sector se encuentra en un momento difícil, puesto que la mayoría de los emprendimientos son pequeños y están comandados por familias. 

"Esperemos que no se profundice la recesión. Como el pan es un producto de primera, el consumo se mantiene constante, pero los costos son exponenciales y eso va en detrimento de la producción", afirmó. En este aspecto, explicó que, en promedio, las panaderías pagan entre 50 000 y 60 000 pesos entre energía eléctrica y gas. "Necesitamos nuevas líneas de financiamiento", agregó.